Santo Domingo, RD.-El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a penas de 20 y 3 años de prisión a los integrantes de la red de trata y explotación de mujeres extranjeras, desmantelada en agosto de 2022 mediante la Operación Cattleya.
El tribunal, presidido por Arlin Ventura Jiménez e integrado por Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, dispuso que las penas sean cumplidas en las cárceles Najayo-Hombres y Mujeres, en San Cristóbal. Además, fijó para el 24 de abril, a las 9:00 de la mañana, la lectura íntegra de la sentencia.
Los condenados a 20 años de prisión son José Alberto Soriano Rosario, Melvin José Valentín Peguero, Wilcene Oscar, Dionicio Mieses de la Cruz (alias Dionis), María Paula Murillo Vargas, Zafiro Nathaly Sánchez González y Engel Neftalí Vargas Soto (Ángel). Además, deberán pagar una multa de 150 salarios mínimos por los delitos de tráfico ilícito de migrantes.
Por otro lado, fueron condenados a tres años de prisión Alejandro Arturo García Bustamante (Gato), Robert Eleuterio Lee Paniagua, José Miguel Michel Guridis, Daniel Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia González Hernández y Braulio Manuel Lugo, quienes también deberán pagar una multa.
El tribunal también impuso seis meses de prisión a Oliver Arnaud, conocido como Timothy Case, y ordenó la disolución del Hotel Oscar Inn Santo Domingo. En tanto, Carlos Jonatthan Walwyn Campusano fue descargado de los cargos.
La decisión judicial se basó en el dictamen presentado por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), encabezada por Yoanna Bejarán Álvarez, junto a los fiscales Aleika Almonte, Ginna Matías, Noelia Tavera y Eduardo Velásquez.
La investigación demostró que la red criminal captaba, trasladaba y explotaba sexualmente a mujeres extranjeras, engañándolas con falsas promesas de empleo. Asimismo, enfrentaron cargos por asociación de malhechores y, en algunos casos, por lavado de activos debido a los beneficios económicos obtenidos de esta actividad ilícita.
Según el Ministerio Público, los acusados coordinaban sus acciones delictivas a través de grupos de WhatsApp y redes sociales, donde promocionaban a las víctimas, las vendían y obtenían ganancias ilícitas derivadas de la explotación sexual.