La jueza de distrito Kiyo A. Matsumoto, quien encabeza el proceso en el tribunal federal de Brooklyn contra los lanzadores de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase de la Cruz y Luis Leandro Ortiz Ribera, desestimó una moción de la defensa que pretendía retrasar el juicio.
Los abogados buscaban postergar el inicio debido a un cambio en las reglas federales de evidencia que entra en vigor el 1 de diciembre; sin embargo, dado que la fiscalía estima que el proceso durará entre tres semanas y un mes, se prevé un veredicto para mediados o finales de noviembre de 2026, cumpliendo holgadamente con el plazo previo a la reforma legal.
Clase y Ortiz enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude contra la honestidad (honest services fraud), soborno deportivo y lavado de dinero.
Los también dominicanos Robinson Vásquez Germosen y Luis Arismendy Paca Méndez figuran como coacusados, señalados por compartir información privilegiada —proporcionada por Clase, de 28 años— con otros apostadores para realizar apuestas sobre lanzamientos específicos que, según la fiscalía, estaban predeterminados.
Paca Méndez, quien presuntamente vivió con Clase en su residencia de Ohio durante la trama, no participará en este juicio en Brooklyn. Tras ser extraditado desde la República Dominicana el pasado 19 de octubre, su situación se maneja por separado, según informó un portavoz de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York.
Entre los posibles testigos citados para el proceso penal figuran miembros de la directiva de los Guardians —incluido el gerente general Mike Chernoff—, así como coaches y receptores que trabajaron con ambos lanzadores, además de representantes de las Grandes Ligas (MLB) y de la plataforma DraftKings.
El modus operandi y las pruebas del caso
La fiscalía sostiene que Clase, reconocido como uno de los mejores cerradores del béisbol, manipuló al menos 18 lanzamientos en 17 juegos entre el 19 de mayo de 2023 y el 28 de mayo de 2025. Presuntamente, el lanzador tiraba bolas intencionalmente o alertaba a los apostadores que realizaría un pitcheo de menor velocidad.
Los fiscales afirman que la información se compartía con Vásquez y Méndez mediante términos en clave como «gallo» y «pollo», presuntamente a cambio de sobornos y comisiones ilegales.
Bajo este esquema, los apostadores habrían realizado más de 100 apuestas en las plataformas DraftKings, FanDuel y ESPN BET, obteniendo ganancias de al menos 400,000 dólares.
Por su parte, la defensa de Clase argumentó en un documento presentado en septiembre que los lanzamientos formaban parte de la estrategia habitual del juego: «En el juicio, el jurado deberá decidir si ciertos pitcheos se realizaron por motivos legítimos de estrategia beisbolística o como parte de un plan para defraudar a empresas de apuestas. Si se analiza de forma aislada, cualquier lanzamiento que termine en el suelo podría interpretarse como algo ilícito».
Previamente, en enero, sus abogados alegaron que Clase no participó en ninguna conspiración. Explicaron que los mensajes con sus allegados se referían a apuestas sobre peleas de gallos en la República Dominicana —donde la actividad es legal— y que los envíos de dinero a su país natal tenían como fin la compra y cuidado de animales, incluyendo un caballo.
Los motivos financieros en disputa
Durante una audiencia reciente, la fiscalía reveló que Clase adeuda cerca de 500,000 dólares al IRS (la agencia tributaria estadounidense), lo que a su juicio constituyó el móvil económico para aceptar los sobornos.
Al respecto, ESPN corroboró la existencia de un gravamen fiscal federal emitido en mayo de 2026 en el condado de Maricopa, Arizona, por un monto de 588,919.60 dólares en impuestos atrasados correspondientes al periodo 2022-2024. Pese a los argumentos de la fiscalía, la defensa negó un móvil financiero y la jueza dictaminó que dicha información fiscal es inadmisible en el juicio.
En el caso de Luis Leandro Ortiz, de 27 años, se le acusa de manipular dos lanzamientos en dos juegos de junio de 2025. La fiscalía sostiene que Ortiz arrastraba deudas con una empresa que adelanta dinero a deportistas profesionales a cuenta de sus ingresos futuros.
No obstante, la defensa de Ortiz calificó el caso del gobierno como «sumamente endeble», asegurando en documentos judiciales que el jugador jamás se comunicó con los apostadores: «Ni una sola vez. Ni por mensaje de texto, ni por teléfono, ni en persona». Según los abogados, la acusación se sostiene únicamente en el testimonio de dos apostadores que cooperan con la justicia y en un puñado de apuestas que ellos y dos familiares realizaron.
El presunto fraude saltó a las alarmas de las casas de apuestas tras registrarse un flujo de dinero inusual en el primer lanzamiento de Ortiz en la baja de la segunda entrada contra los Seattle Mariners (15 de junio de 2025), y en su primer pitcheo en la alta de la tercera entrada contra los St. Louis Cardinals (27 de junio de 2025). El gobierno detalló que el monto apostado en esos dos eventos fue hasta «136 veces mayor» que el promedio habitual de los implicados.
A raíz de este escándalo, la MLB solicitó a las casas de apuestas fijar un límite máximo de 200 dólares para apuestas en lanzamientos individuales y prohibió incluirlas en combinadas (parlays).
Impacto deportivo y posibles condenas
La MLB colocó a ambos peloteros bajo licencia administrativa remunerada en julio de 2025, y cuatro meses después fueron imputados formalmente. En el plano financiero, Clase ha ganado más de 13 millones de dólares en sus siete años de carrera y tenía proyectado percibir 6.4 millones en 2026, mientras que el salario de Ortiz en 2025 era de 782,600 dólares.
Los bufetes legales de Clase, Ortiz y Paca Méndez guardaron silencio ante las solicitudes de comentarios de ESPN, al igual que un portavoz de la Fiscalía Federal. Por el contrario, Todd Spodek, abogado del coacusado Robinson Vásquez, defendió la inocencia de su cliente: «La gente olvida que una acusación formal es sólo la versión de los hechos presentada por el gobierno. El señor Vásquez es inocente, y estamos seguros de que las pruebas así lo demostrarán».
El juicio contará con un intérprete de español, ya que los debates previos han girado en torno a la traducción oficial de mensajes de texto, videos y notas de voz que se usarán como evidencia incriminatoria. De ser hallados culpables por el tribunal de la jueza Matsumoto, los acusados enfrentan penas máximas de hasta 20 años de prisión por fraude electrónico y lavado de dinero, y hasta 5 años por soborno deportivo. Este es el primer caso de cinco procesos federales por apuestas y manipulación en el deporte que llega formalmente a la etapa de juicio en los últimos tres años.
Fuente: El Día