Con mayoría en la Cámara y el Senado, los demócratas controlarán los comités, contarán con mayores presupuestos y personal a partir de enero, además de tener la facultad de citar a comparecer, lo que podría obligar a la Administración Trump a atender las demandas del Congreso.
Las primeras investigaciones podrían centrarse en la familia y los aliados del presidente, algunos de los cuales han sido señalados por abuso de poder y conflictos de intereses.
El demócrata Robert Garcia, quien probablemente presidirá el poderoso Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, lanzó un mensaje contundente a los republicanos en las redes sociales la noche de las elecciones: «CONTRATEN ABOGADOS».
Garcia publicó un recuento en tiempo real de las ganancias obtenidas por Trump y su familia. Desde el inicio de su segundo mandato, el llamado clan Trump ha multiplicado su fortuna. El propio presidente casi ha triplicado su patrimonio personal gracias a las criptomonedas, según documentos oficiales revelados a principios de julio.
«Hay tanta corrupción y fraude que todos los miembros demócratas de la Cámara de Representantes tendrán que movilizarse para llevar a cabo las investigaciones pertinentes», declaró Robert Garcia al Washington Post.
Intereses privados y gastos superfluos
Los demócratas ya han exigido que se rindan cuentas por los negocios de Jared Kushner, yerno de Trump, destacando su doble papel como asesor informal de política exterior y director de una firma de capital privado que realiza negocios con gobiernos extranjeros. También solicitan investigaciones sobre las cuantiosas inversiones de la familia Trump en el sector de las criptomonedas para determinar si han permitido que intereses extranjeros influyan en el presidente.
El senador Ron Wyden, que aspira a presidir el Comité de Finanzas, pretende dar prioridad a los temas de corrupción y acceso a los servicios financieros. También busca esclarecer hasta qué punto los intereses privados han desplazado al interés público como consecuencia de la desregulación financiera y bancaria.
«El capital privado es una de las principales preocupaciones de muchos senadores, en particular cómo las estructuras financieras de este sector pueden afectar los costos de la atención médica, la vivienda y otras necesidades esenciales», afirma Daniel Goshorn, asesor principal de investigaciones de los demócratas en el Comité de Finanzas, quien menciona especialmente la tributación favorable de los centros de datos vinculados al auge de la inteligencia artificial.
Con la inflación y el alza del precio de la gasolina golpeando el bolsillo de los estadounidenses, los demócratas también deberán vigilar el gasto público considerado despilfarrador por parte de la Administración Trump. Entre los proyectos más controvertidos figuran la remodelación del estanque reflectante del Monumento a Lincoln, el enorme salón de baile de la Casa Blanca y el propuesto Arco del Triunfo de 76 metros, cuyo coste se estima en varios cientos de millones de dólares.
Los demócratas también planean investigar los numerosos indultos presidenciales concedidos durante el segundo mandato de Donald Trump. La investigación se centrará en posibles pagos efectuados por individuos o familias adineradas a cambio de medidas de clemencia.
Según The New York Times, Alina Habba Mildon, una de las exabogadas de Trump, recibió 50 millones de dólares para ayudar a obtener el indulto de un miembro de una acaudalada familia venezolana, entre otras gestiones.
Asimismo, pretenden examinar el indulto concedido al fundador y exdirector ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, quien se declaró culpable de delitos de lavado de dinero.
Al final de su primer mandato, Trump conmutó la condena de 40 meses de prisión de su antiguo colaborador Roger Stone, declarado culpable por un jurado de varios delitos graves, entre ellos mentir al Congreso y sobornar a testigos en la investigación sobre los vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de 2016. La decisión provocó críticas en ambos partidos, especialmente del senador republicano Mitt Romney, quien la calificó de «corrupción histórica y sin precedentes».
El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, que previsiblemente asumirá la mayoría demócrata a comienzos del próximo año, ya ha sentado las bases de futuras pesquisas mediante la creación, en febrero, de un grupo de trabajo especial para examinar la información relacionada con Jeffrey Epstein que el Departamento de Justicia ha mantenido bajo reserva.
Buscar la destitución no será la primera opción
Los demócratas han aprendido que los procesos de destitución son largos, complejos y con escasas posibilidades de éxito, ya que requieren una mayoría de dos tercios en el Senado. Además, absorben gran parte de la actividad legislativa y permiten al presidente presentarse como víctima de una persecución partidista.
Por ello está ganando fuerza otra estrategia: dirigir la presión hacia los aliados más cercanos del mandatario, empezando por el controvertido secretario de Defensa, Pete Hegseth. Los demócratas confían en sumar a parte de los republicanos a esa iniciativa.
«Estoy aquí para decirles que una de las primeras cosas que haremos una vez que tengamos la mayoría será expulsar a Pete Hegseth», declaró el líder de la oposición, Hakeem Jeffries, quien podría convertirse en presidente de la Cámara Baja, durante un mitin celebrado en octubre.
Hegseth podría enfrentarse a una batería de investigaciones parlamentarias relacionadas con presuntos ataques contra civiles en Irán, la filtración de información clasificada, operaciones contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en Sudamérica y posibles casos de discriminación en los ascensos militares.
Trump reaccionó este miércoles a esas versiones y descartó estar considerando su destitución, una posibilidad recogida por diversas informaciones publicadas tras la derrota republicana en las elecciones.
Según Politico, los demócratas también estudian investigar a Elon Musk. Entre las cuestiones analizadas figuran las restricciones operativas de la red de satélites Starshield en Ucrania, los recortes impulsados por su Comisión de Eficiencia Gubernamental (DODGE) y posibles conflictos de intereses vinculados a contratos públicos adjudicados a SpaceX y Tesla.
Ante la previsible ofensiva demócrata, los abogados de la Casa Blanca ya han informado a los responsables de las agencias federales sobre cómo responder a solicitudes de documentos y citaciones, según funcionarios de la Administración Trump.
También se espera que la Casa Blanca recurra a una estrategia ya utilizada durante el primer mandato de Trump: retrasar o dificultar el cumplimiento de las exigencias del Congreso. Aunque las investigaciones parlamentarias pueden obligar a testificar y presentar pruebas, el Departamento de Justicia seguirá bajo control presidencial, lo que reduce las posibilidades de consecuencias penales.
Además, el presidente aseguró en un podcast del New York Post publicado el lunes que indultaría a todos sus aliados. Recordó que en su primer día de mandato concedió clemencia a 1.500 partidarios condenados o pendientes de juicio por su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
En la misma entrevista, también sugirió que podría intervenir para «proteger» a Elon Musk, quien donó cerca de 500 millones de dólares a candidatos republicanos antes de las elecciones de mitad de mandato.
Anticipando la resistencia de la Casa Blanca, los legisladores demócratas planean esquivar ese obstáculo centrando parte de sus investigaciones en entidades privadas vinculadas al presidente de Estados Unidos.
Fuente: Listín Diario