Los residuos sólidos son fuentes de recursos económicos que tienen varias aristas. Por un lado está la parte de la gestión que extrae todo lo que es valorizable y lo reintroduce a la cadena de comercio. De la basura que se bota en la República Dominicana se aprovecha para generar importantes recursos económicos con un alto porcentaje de residuos que actualmente llegan a los vertederos. Del 25 al 30% son reciclables (a través de procesos de transformación física y química) y más de un 50% son residuos.
De acuerdo con informaciones ofrecidas por DO Sostenible en nuestro país se generan en promedio 13,000 toneladas de residuos cada día que se pueden someter a procesos biológicos (compostaje, biometanización). Del resto una gran parte se puede llevar a procesos de valorización energética, pero para poder aprovechar esos residuos con los distintos procesos mencionados se requieren inversiones importantes en infraestructura de transformación.
De igual manera, hasta lo que ya no es reutilizable se está convirtiendo en combustible derivado de residuos que se está vendiendo a grandes escalas industriales que tienen sus calderas.
Ante la interrogante, ¿negocio o basura?, Hoy A Fondo conversó con expertos en la materia y sus principales ejecutores que aseguran que la recolección y transporte es la etapa más costosa de la gestión y todos los desechos sólidos urbanos los recolectan las alcaldías (directa o indirectamente). Para cubrir estos costos tienen ingresos de Estado y cobro del servicio a la población. Otros tipos de basuras como los de manejo especial y los peligrosos, quienes los generan deben cubrir los costos de recolección de los mismos. Los procesos de estaciones de transferencia y disposición final controlada de prestadores privados son pagados por el Fideicomiso DO Sostenible.
Príamo Rafael Ramírez, director ejecutivo del Consejo Directivo del Fideicomiso Público-Privado para Gestión Integral de Residuos Sólido, asegura que el negocio de la basura al año genera más de RD$6 mil millones en el país.
La basura mueve millones, pero ¿quién gana?
Gana el país y el planeta en sentido general porque la fuente de contaminación de un residuo mal gestionado nos afecta a todos.
La capa de ozono, el subsuelo y, en sentido general lo más importante, la calidad de vida de los ciudadanos. Claro está los empresarios que invierten más de mil RD$600 millones para poder emprender este tipo de negocio, es decir, al final el gran beneficiado es el país.
En el informe “Exportaciones dominicanas de materiales reciclables”, realizado por ProDominicana, se evidencia que la evolución del valor exportado alcanzó su máximo registro en 2024, con US$303.60 millones. En 2025, el aumento del cobre de US$14.2 millones compensa cerca del 76.7% de la caída de US$18.51 millones de la selección original, reduciendo el descenso neto a US$4.31 millones.
Cambio en la composición de los mercados
De acuerdo con ProDominicana en 2019, Corea del Sur absorbía el 54.19% del valor exportado de cobre, con US$12.3 millones. En 2025 su participación se reduce a 9.58%, mientras China alcanza 44.11% y Japón 25.91%. China ya lideraba en 2022 con 33.94%. La expansión ha estado acompañada por una recomposición de compradores hacia China y Japón, sin eliminar la concentración geográfica. En 2025, China compró US$26.3 millones (+62.9%), Japón US$15.4 millones (+131.6%) e India US$9.0 millones (+48.4%). Juntos concentran 85.13% de la partida; al incorporar Corea del Sur, la proporción llega a 94.71%. Los incrementos de China, Japón e India suman US$21.9 millones y superan el crecimiento neto anual, debido a retrocesos en otros destinos, especialmente Corea del Sur (-US$5.1 millones) y Estados Unidos (-US$2.5 millones).
Implicaciones para la promoción comercial
Conviene priorizar la identificación y validación de compradores de cobre recuperado en China, Japón e India, apoyándose en operaciones ya registradas. La preparación de la oferta requiere composición, pureza, presentación, capacidad mensual de suministro y trazabilidad, para comparar propuestas sobre especificaciones equivalentes y evaluar el margen después del flete y los costos de acondicionamiento. Corea del Sur merece una revisión comercial específica: conserva una participación relevante, pero sus compras cayeron 47.3% en 2025. Antes de intensificar la promoción, procede verificar con los exportadores si la reducción responde a cambios de clientes, condiciones de compra o disponibilidad del material. Los destinos de menor escala pueden servir para diversificar ventas, sin asumir que tasas elevadas desde bases reducidas representan una demanda estable.
Ángelo Viro, presidente de la Asociación Nacional de Industria de Herrera, sostiene que muchos residuos se exportan por los efectos de contaminación ambientales que pueden provocar en el país, además de que la alta inversión que deberían hacer los empresarios no es rentable. “Conviene exportarlo a otros países que tienen normas más específicas de reciclajes y sus reglas son mucho más amplias, además con esto se genera divisas, y la inversión que habría que hacer para su transformación sería muy alto. También es importante destacar el tema de que esa transformación crea contaminación ambiental”.
Con relación a cómo funciona el negocio de la basura desde el sector empresarial, opina que la basura en el país ya se ha convertido en un negocio. “Nosotros hace mucho tiempo detectamos que el Estado de por sí mismo no puede resolver ese problema de los residuos sólidos y entonces se hizo un fidecomiso que tiene la función de eliminar los vertederos a cielos abiertos para evitar contaminación y al mismo tiempo se les debe pagar a los ayuntamientos porque el servicio de la recogida de la basura debe ser una obligación”.
Cada gobierno local dispone de un fondo en función de diferentes fuentes, es por ello que se debe diferenciar la transferencia que reciben del Gobierno Central del presupuesto municipal total, el cual incorpora también sus recaudaciones propias y otras fuentes. La Ley 166-03 dispone una distribución vinculada a la población y entregas mensuales por doceavas partes, con los criterios y garantías previstos en esa legislación.
Como referencia del presupuesto aprobado para 2026, la Dirección General de Presupuesto (Digepres) dispone RD$26,570.30 millones previstos para el ámbito local.
Con relación al financiamiento municipal, entre los 393 gobiernos locales para 2026, la menor transferencia ordinaria anual presupuestada corresponde a Palo Alto, con RD$12,440,690, y la mayor al Distrito Nacional, RD$2,189,885,518; El valor intermedio anual es de RD$25,891,954: 190 entidades se sitúan por debajo y 190 por encima.
La información fue suministrada por Víctor D’ Aza, presidente Liga Municipal Dominicana (LMD), quien entiende que tanto el presupuesto como la gestión municipal deben evaluarse de manera conjuntas. “Un presupuesto insuficiente limita la continuidad de los servicios, mientras que una gestión deficiente reduce el beneficio de cada peso disponible. El análisis debe comenzar por cuánto cuesta prestar adecuadamente los servicios en cada territorio y cuáles resultados recibe la población”.
Desde su punto de vista, es importante valorar la cobertura y regularidad de la recogida de residuos, el mantenimiento de los espacios públicos, los costos de operación, la ejecución de las obras priorizadas por las comunidades y la atención a los reclamos ciudadanos. “También debemos examinar la capacidad recaudatoria, la planificación de las compras, el mantenimiento de los equipos y la transparencia de las cuentas”.
A su entender, la comparación debe reconocer las diferencias entre municipios: población atendida, extensión territorial, dispersión rural, economía y demanda efectiva de servicios porque aplicar una misma medida a realidades tan distintas puede llevar a conclusiones injustas y a decisiones poco útiles.
“Desde la LMD, la responsabilidad que nos corresponde es asesorar, apoyar la planificación y facilitar cooperación entre gobiernos locales.
Asimismo, D’ Aza se pronunció sobre los recursos municipales, los cuales deben financiar las competencias y servicios que la ley les atribuye: limpieza y gestión de residuos (que equivale aproximadamente a un 20% de la inversión, según datos de Digepres, mantenimiento de espacios públicos, infraestructura local y otros servicios de su responsabilidad. También sostienen el personal y las operaciones indispensables para prestarlos, así como programas de carácter social y comunitario. Cada gasto debe responder a una finalidad pública, estar presupuestado y contar con respaldo documental.
Es importante actualizar la referencia legal: el artículo 21 de la Ley 176-07 fue modificado por la Ley 75-25. La distribución establece hasta un 30% para personal; un 40% para actividades, funcionamiento y mantenimiento ordinario de servicios municipales; hasta un 5% para programas educativos, de género y salud; y al menos un 25% para infraestructura y otras inversiones previstas en la norma, observando el presupuesto participativo.
En ese tenor, destaca que la aplicación del presupuesto participativo resulta fundamental en este punto, ya que permite que las autoridades locales decidan parte de la inversión que se realizará en cada comunidad junto con su población, a través de la celebración de las asambleas comunitarias en las que se priorizan inversiones sentidas por los propios vecinos de cada sector y que se aprueban mediante cabildo abierto.
¿Se está aplicando la ley que establece que el 10 % del Presupuesto Nacional se asigne a las corporaciones edilicias?
Desde la aprobación de la Ley 166-03, no se ha alcanzado el 10%. Conviene precisar que su artículo 3 lo vincula a los ingresos del Estado definidos en esa norma, incluyendo ingresos adicionales y recargos, con exclusiones para determinados ingresos especializados y para préstamos y donaciones externos. Por tanto, no se calcula simplemente sobre el gasto total del Presupuesto Nacional ni sobre todo el financiamiento. Para 2026 debemos considerar, además, que el artículo 52, numeral 7, de la Ley 99-25 autoriza al Poder Ejecutivo, por excepción, a apropiar montos inferiores a los porcentajes de leyes especiales para ayuntamientos y juntas de distritos municipales.
El presidente de la LMD explica que La tradición en muchos países de la región es la tendencia al centralismo, pero en los países en los que la clase política ha apostado a la descentralización se ha comprobado que dar más autonomía financiera, administrativa y política a los gobiernos locales, se traduce en mejores servicios y mejor calidad de vida para la gente”.
De acuerdo con la ingeniera Rosaura Pimentel, coordinadora de la Maestría en Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), cada ayuntamiento provee el servicio de recolección de basura de los residuos sólidos urbanos, que muchas veces lo realiza la alcaldía con sus propios camiones y en otras ocasiones contratan un suplidor externo. “Casi todos los ayuntamientos pagan por el peso de lo que recogen y para esas compañías mientras más basura puedan transportar mejor”.
A su entender, la recolección de los residuos sólidos no es sostenible porque en este país no se tiene una cultura de pagar la recogida de basura y los ayuntamientos no tienen recursos suficientes. “El tema con la basura históricamente está en que la población no paga por recibir el servicio y lo han visto simplemente como una obligación de los gobiernos municipales: el camión de la basura pasa y se lleva la basura, pero esto se debe pagar igual como la electricidad, el agua o internet”.
El informe “El mercado de residuos sólidos urbanos en República Dominicana”, realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santo Domingo, corrobora la opinión de la ingeniera Pimentel que sostiene que una de las principales problemáticas de la recolección de los residuos sólidos son las bajas asignaciones al sector, pues los gastos en servicios sociales básicos mantienen un nivel bajo y la transferencia del 10 % del presupuesto del gobierno central a las alcaldías, estipulado por la Ley de Municipios, entes encargados de la gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), no alcanza en realidad el 5 % (2022).
Esto hace que los municipios destinen del 30 al 70 % de sus ingresos a solventar los gastos corrientes del servicio de basuras, impidiéndoles invertir en flota, capacitación del personal y tecnologías necesarias.
Cada alcaldía tiene que mejorar sus capacidades técnicas y de equipos, esto implica que en caso de que cuenten con los recursos para la recolección, tendrían que mejorar el diseño de la ruta y determinar la cantidad de residuos que manejan para implementar el plan de gestión municipal.
De esa manera poderlo implementar en sus territorios, al mismo tiempo, imponer el cobro de los residuos y paralelamente la sensibilzar la población.
Fuente: Hoy Digital