Una de cada tres “expulsiones materializadas” de 2026 no la ejecutó el Estado: son personas con orden de expulsión que salieron del país por su cuenta.
El gobierno ha hecho de las expulsiones su principal vitrina migratoria. Ya en julio afirmaba que 2026 superaba a cada uno de los cuatro años anteriores; a fines de septiembre cifraba en 1.764 las expulsiones materializadas del año y en octubre los balances rozaban las 2.000. Pero detrás de esas cifras hay una decisión estadística que el público desconoce: contar como expulsadas a personas que el Estado no expulsó.
Según datos entregados por la Policía de Investigaciones (PDI) ante una solicitud de acceso a la información, entre enero y septiembre de 2026 se registraron 1.772 expulsiones materializadas. De ellas, 588 corresponden a “salidas por medios propios”: extranjeros con una orden de expulsión vigente que pidieron autorización y abandonaron el país por su cuenta. Solo 1.184 salieron con escolta policial.
¿Qué dice la ley? La Ley 21.325 de Migración y Extranjería define la expulsión, en su artículo 126, como la medida que decreta la “salida forzada del país” de un extranjero. El artículo 134 regula su ejecución: una vez firme la resolución, la persona puede ser sometida a restricciones y privación de libertad, hasta por cinco días, con el único objeto de hacer efectiva la expulsión. La Ley concibe la expulsión como un acto de fuerza del Estado, ejecutado por la policía, no como un viaje que el afectado organiza por su cuenta.
La misma Ley distingue ambas cosas. Su artículo 91 regula la orden de abandono: fija un plazo para que el extranjero se vaya por sí mismo y premia a quien cumple reduciendo a la mitad su prohibición de ingreso. Y el artículo 32 menciona la “orden de abandono o expulsión” como figuras distintas. Si el legislador separó la salida por cuenta propia de la salida forzada, la estadística oficial no puede comprenderlas bajo una misma categoría.
Los registros muestran, además, que esta forma de contar es reciente. Por medio de distintas solicitudes de transparencia, se muestra que, en enero, la nómina de expulsiones materializadas del Servicio Nacional de Migraciones listaba 136 casos: exactamente los que salieron con escolta. Las 17 salidas por medios propios que la PDI registró ese mes no estaban. En las nóminas de marzo y junio, en cambio, los totales (150 y 250) ya coinciden con las cifras de la PDI que incluyen esas salidas, sin ninguna columna que las distinga. En junio, 101 de esas 250 “expulsiones” fueron personas que se fueron solas.
El peso de esta categoría tampoco es marginal: pasó del 11% del total en enero a la mitad en agosto y al 43% en septiembre.
¿Por qué importa? Primero, porque cambia la conclusión. El propio gobierno atribuye 1.267 expulsiones a todo 2025. Si se cuentan solo las ejecutadas con escolta policial, 2026 suma 1.184 a septiembre: todavía por debajo del año anterior. El aumento anunciado como un éxito descansa en una categoría que la Ley no reconoce como expulsión.
Segundo, por el uso de recursos públicos. El Presupuesto 2026 destinó $4 mil millones a expulsiones, que se agotaron en agosto, y el Ministerio del Interior sumó $1.700 millones. Para evaluar ese gasto hay que saber cuántas expulsiones ejecutó efectivamente el Estado, no cuántas personas con orden se fueron por sus medios.
Tercero, por la confianza en las cifras oficiales. Una serie que cambia de criterio sin aviso deja de ser comparable con su propia historia y pasa de ser información a ser propaganda. Nada de esto significa que la salida por cuenta propia de alguien con orden de expulsión sea un mal resultado. Puede ser más rápida y barata. Pero es otro resultado, y debe informarse como tal.
Lo que se pide es simple: transparencia sobre la administración migratoria del país. Que el Servicio Nacional de Migraciones publique las expulsiones separando las ejecutadas por el Estado de las salidas por medios propios, que recalcule con ese criterio la comparación con años anteriores y que el Congreso exija ese desglose en cada balance. Contar bien no es un tecnicismo: es la base mínima para exigir que se informe adecuadamente sobre la efectividad de la implementación de las actuales políticas migratorias.
Fuente: El Mostrador