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Inicio » La batalla de lobby por el juicio más caro de la historia argentina llegó a la Casa Blanca

La batalla de lobby por el juicio más caro de la historia argentina llegó a la Casa Blanca

La Nación ArgentinaPor La Nación Argentinanoviembre 20, 2026
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El 29 de octubre de 2025, mientras tres jueces de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York escuchaban los argumentos del juicio por la estatización de YPF, la estrategia argentina de defensa estaba prestando especial atención a lo que ocurría en algunas de las redacciones periodísticas más importantes del planeta.

Sucede que ese día, FGS Global, la consultora contratada por la Argentina, declaró 19 registros de contacto con medios internacionales. En la lista estaban Reuters, The Wall Street Journal, The New York Times y The Economist, que recibieron correos electrónicos de la firma contratada para asesorar al Ministerio de Economía en comunicación estratégica alrededor del litigio por YPF. El contrato estableció un pago inicial de US$60.000.

FGS también envió un mensaje de texto al Financial Times y mantuvo un encuentro presencial y una comunicación por mensaje de texto con Bloomberg.

El motivo informado fue siempre el mismo: “Petersen contra la Argentina”. La escena condensa una disputa que desbordó los tribunales. Mientras el país instalaba su defensa en los medios, los beneficiarios de la condena por US$16.100 millones, que luego fue revocada, llevaron sus argumentos hasta la Casa Blanca y el Congreso.

El rastro de esa segunda ofensiva aparece el 4 de marzo de 2026. Ese día, OnMessage Public Strategies se registró como lobista de Kellogg, Hansen, Todd, Figel & Frederick, uno de los estudios que representa a Petersen Energía —cuyo litigio fue financiado por Burford— y Eton Park, y abrió dos expedientes: uno por cada demandante.

La primera descripción fue directa. La consultora trabajaría en “cuestiones relacionadas con el litigio de la Argentina por la expropiación de una petrolera estatal”. Después, cuando llegó el momento de informar la actividad, el lenguaje se volvió más aséptico: “Litigio que involucra a un soberano extranjero”.

Por esas gestiones, OnMessage declaró ingresos por US$250.000: US$110.000 vinculados a Petersen y US$140.000 a Eton Park.

Los registros norteamericanos que vio LA NACION consignan gestiones ante la Oficina de la Casa Blanca, la Oficina Ejecutiva del Presidente y ambas cámaras del Congreso.

Hasta allí llega la prueba. Los formularios no identifican a los funcionarios, legisladores o asesores contactados ni revelan qué se les pidió. Pero documentan gestiones declaradas ante esos organismos y su vínculo expreso con el caso YPF.

La tarea en nombre de quienes querían cobrarle una millonada a la Argentina quedó en manos de un solo lobista. Es Tommy Binion, un operador con extensos vínculos republicanos. Había sido director legislativo del exrepresentante Steve King y vicepresidente de relaciones con el Congreso y el Poder Ejecutivo de la Heritage Foundation, uno de los centros de pensamiento conservador más influyentes de Estados Unidos, con fuerte llegada al Partido Republicano y al entorno de Donald Trump.

Cuando pasó a OnMessage, en 2022, Heritage informó que Binion seguiría como consultor y destacó sus vínculos con el Capitolio y la primera administración de Trump.

El calendario ayuda a entender la urgencia. OnMessage se registró en los organismos norteamericanos 23 días antes de que la Cámara de Apelaciones revocara, el 27 de marzo de 2026, la condena contra la Argentina y dejara sin efecto la orden de entregar las acciones de YPF. La representación de Petersen y Eton Park terminó el 1° de junio. Al día siguiente, el tribunal rechazó el pedido de reconsideración.

Pero Binion no salió de escena. El 22 de julio, OnMessage registró formalmente a Burford Capital y volvió a asignarlo como lobista.

En el conjunto de sus registros de lobby de 2026, Burford y tres consultoras informaron montos que suman en bruto US$790.000. La cifra abarca toda su agenda, no solo el pleito argentino, y puede contener superposiciones entre los gastos internos declarados por la compañía y los honorarios informados por las firmas externas.

Tampoco hay pruebas documentales de que OnMessage haya organizado los amicus curiae que después respaldaron a Petersen y Eton Park ante la Corte Suprema. Los escritos de Missouri y otros 14 estados y territorios estadounidenses, organizaciones conservadoras, académicos y dirigentes políticos muestran, sin embargo, un ecosistema favorable a los demandantes.

La Argentina había abierto su propio frente casi un año antes. El 22 de mayo de 2025, FGS Global fue contratada para asesorar al Ministerio de Economía; Sullivan & Cromwell, el estudio que representa al país, celebró el acuerdo en nombre de la Argentina y por instrucción del Estado.

El acuerdo estableció un pago inicial no reembolsable de US$60.000 por 30 días y, a partir de entonces, honorarios por hora. La misión: manejar un asunto sensible y diseñar la comunicación.

Los documentos presentados por FGS bajo la ley FARA de Estados Unidos permiten ver esa maquinaria en movimiento. Un relevamiento de LA NACION sobre las dos primeras declaraciones semestrales identificó 267 registros de contacto entre el 6 de junio de 2025 y el 28 de enero de 2026.

No son necesariamente 267 periodistas: hay correos repetidos, llamadas, videoconferencias, mensajes de texto y reuniones. Son, en cambio, una medida de la intensidad de la campaña.

Reuters y Reuters Breakingviews concentraron 46 registros; Bloomberg, 38; The Wall Street Journal, 32; Financial Times, 23; Law360, 22, y Latin Finance, 19. También aparecen The Economist, The New York Times, El País, EFE, Americas Quarterly, The American Lawyer, Law.com, Foreign Policy y Global Arbitration Review.

Los picos siguieron el pulso del expediente. El 3 de octubre de 2025 hubo 30 contactos. El día de la audiencia ante la Cámara de Apelaciones hubo otros 19. Y el 28 de enero de 2026, cuando el país pidió frenar lo que describió como un discovery “intrusivo”, se registraron 14 comunicaciones. FGS distribuyó entonces una declaración de la Procuración del Tesoro: la Argentina, sostuvo, ya había entregado más de 115.000 páginas y brindado 30 horas de testimonios.

Los registros también muestran el libreto. La defensa advirtió que la entrega de las acciones podía provocar un conflicto de política exterior, sostuvo que la disputa debía resolverse bajo el derecho argentino y acusó a Burford de querer convertir a los tribunales estadounidenses en “un casino”. Tras el fallo del 27 de marzo, FGS difundió declaraciones de Sullivan & Cromwell que presentaron la decisión como una reivindicación de la posición argentina.

Durante meses faltó una pieza: cuánto había pagado efectivamente el Estado. Las presentaciones de FGS decían que los fondos estaban pendientes.

LA NACION recuperó esos datos mediante un pedido de acceso a la información pública que presentó ante el Ministerio de Economía. La cartera que maneja Luis Caputo informó el 13 de octubre de 2026 que el giro inicial de US$60.000 se había concretado el 2 de octubre, en dólares y a favor de Sullivan & Cromwell, por los servicios de FGS. Según la respuesta oficial, no hubo pagos adicionales.

La fecha agrega una última coincidencia al relato, aunque no prueba una relación causal: dos días antes, Petersen y Eton Park habían llevado el caso a la Corte Suprema. Para entonces, las contrataciones específicas de OnMessage ya habían terminado. El dinero de la campaña argentina, en cambio, acababa de salir.

Los documentos muestran cómo cada parte trató de moldear el ambiente en el que se resolvía el juicio más costoso que enfrentó el país. Un lado buscó las oficinas del poder político; el otro, las redacciones capaces de convertir sus argumentos en clima de opinión.

Fuente: La Nación

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