Una herramienta de inteligencia artificial puede explicarle a una persona cómo postular a un subsidio. Un plazo equivocado puede dejarla fuera. Eso está en juego con el memorando entre el Ministerio de Ciencia y OpenAI [https://openai.com/es-419/index/introducing-openai-for-chile/]. La cooperación busca capacitar a funcionarios, explorar usos en la administración pública y apoyar a emprendimientos chilenos. El acuerdo carece de compromisos de compra o exclusividad. Ciencia afirma que la firma no da acceso a bases estatales ni a datos personales.
La IA puede traducir documentos, ayudar a redactar instrucciones en lenguaje claro y agilizar tareas repetitivas. En salud puede apoyar la lectura de imágenes. En educación puede ofrecer ejercicios adaptados al ritmo de cada estudiante. Un estudio con más de cinco mil agentes de atención al cliente [https://academic.oup.com/qje/article/140/2/889/7990658] encontró un aumento promedio del 15 % en los casos resueltos por hora. En Chile, cada servicio tendría que medir sus propios resultados, incluida la calidad de las respuestas y el tiempo necesario para corregir errores.
El riesgo aumenta cuando la herramienta influye en quién recibe atención, un empleo o un beneficio público. Una respuesta convincente puede contener datos falsos. Un sistema entrenado con decisiones históricas puede reproducir sesgos por edad, discapacidad o lugar de residencia. La IA generativa también facilita la suplantación de identidad y obliga a revisar cómo se protegen los datos. En el trabajo, la OIT advierte que cerca de uno de cada cuatro trabajadores [https://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-2025-update] se desempeña en una ocupación con algún grado de exposición a la IA generativa. La reconversión laboral y la capacidad de juzgar por cuenta propia deben ser parte de la respuesta. También importa el costo ambiental. La Agencia Internacional de Energía [https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/executive-summary] estima que los centros de datos consumieron cerca del 1,5 % de la electricidad mundial en 2024.
Chile tiene normas administrativas, de datos y de ciberseguridad, pero carece de reglas comunes que exijan evaluar y auditar sistemas de alto riesgo e informar cuándo influyen en una decisión pública. Al 17 de noviembre, el proyecto general de IA [https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/informes.aspx?prmBOLETIN=16821&prmID=17429] (boletines 15.869-19 y 16.821-19, refundidos) seguía en segundo trámite en el Senado, con el primer informe de comisión del día 10. La moción para identificar contenidos generados con IA [https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmBOLETIN=17810-19&prmID=18461] (17.810-19) seguía en primer trámite en el Senado. El Congreso aprobó aplazar al 15 de octubre de 2027 [https://www.economia.gob.cl/2026/11/17/congreso-aprueba-postergacion-ley-de-proteccion-de-datos-hasta-octubre-de-2027.htm] la vigencia general de la Ley 21.719, que protege frente a decisiones automatizadas. La prórroga estaba pendiente de publicación.
El Estado puede comenzar por publicar el memorando y sus planes de trabajo, capacitar con datos abiertos o sintéticos y exigir evaluaciones de impacto antes de usar IA en decisiones que afecten derechos. También debe poder auditar el sistema y cambiar de proveedor sin interrumpir el servicio. Para quien pierde un subsidio o queda relegado en una lista de espera, la garantía decisiva es saber cómo intervino la IA, entender las razones de la decisión y obtener una revisión humana que pueda corregirla.
Fuente: El Mostrador

