A dos semanas del 1.º de diciembre de 2026, fecha en que debía comenzar a regir la Ley N.º 21.719, el Congreso despachó a ley el proyecto (Boletín N.º 18.623-07) que posterga su entrada en vigencia y refuerza la institucionalidad de la futura Agencia de Protección de Datos Personales. Sin embargo, hay una obligación que ninguna postergación elimina y que no depende de que la Agencia esté funcionando: la evaluación de impacto en protección de datos personales (EIPD).
El mensaje proponía trasladar la vigencia al 1.º de diciembre de 2027. El Senado lo aprobó el 28 de octubre, por 33 votos contra 6, pero adelantó la fecha al 15 de octubre de 2027. El texto despachado contiene, además, otros dos cambios relevantes:
Las obligaciones de fondo de la ley no cambian. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados lo aprobó el 17 de noviembre en segundo trámite y, con ello, quedó despachado a ley. Solo restan su promulgación y publicación en el Diario Oficial. Si eso no ocurre antes del 1.º de diciembre, la Ley N.º 21.719 entrará en vigencia en esa fecha, con el texto aprobado en 2024.
El artículo 15 ter que la Ley N.º 21.719 incorpora a la Ley N.º 19.628 dispone que, cuando sea probable que un tratamiento pueda producir un alto riesgo para los derechos de los titulares, el responsable deberá realizar una EIPD antes de iniciar las operaciones de tratamiento. La exige siempre en cuatro casos: 1) la evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales basada en decisiones automatizadas o perfilamiento con efectos jurídicos significativos; 2) el tratamiento masivo o a gran escala; 3) el monitoreo sistemático de zonas de acceso público, y 4) el tratamiento de datos sensibles y especialmente protegidos en las hipótesis de excepción del consentimiento.
Es aquí donde conviene corregir una idea extendida. A diferencia del Reglamento General de Protección de Datos europeo, que obliga a consultar a la autoridad cuando persiste un riesgo residual alto, la ley chilena establece que los responsables «podrán» consultar a la Agencia para obtener recomendaciones. La consulta es facultativa. Por lo tanto, la falta de una Agencia operativa no impide completar la EIPD ni suspende la obligación de hacerla.
El vacío real está en otra parte: la ley encarga a la Agencia publicar una lista orientativa de tratamientos que requieren o no una EIPD y fijar orientaciones mínimas para realizarla. Mientras esa guía no exista, cada organización deberá decidir con criterio propio qué tratamientos evaluar y cómo hacerlo, guiándose por el contenido mínimo que la propia ley señala: descripción de las operaciones, finalidad, necesidad y proporcionalidad, riesgos y medidas de mitigación.
La experiencia comparada muestra el costo de ese vacío. En España, el RGPD comenzó a aplicarse sobre una autoridad consolidada, con guías y canales disponibles. En Brasil, en cambio, la Autoridad Nacional de Protección de Datos se consolidó después de la entrada en vigor de la LGPD, y la falta inicial de directrices produjo criterios dispares que obligaron a las empresas a ajustar sus evaluaciones a medida que el regulador las publicaba.
El Decreto N.º 662, de 2025, del Ministerio de Hacienda, que reglamenta los modelos de prevención de infracciones y que fue tomado de razón el 28 de agosto de 2026, refuerza esta lectura: entre las funciones del Delegado de Protección de Datos incluye asesorar al responsable en el cumplimiento del deber de realizar la EIPD del artículo 15 ter. La evaluación de impacto queda así integrada al programa de cumplimiento y a su matriz de riesgos, no como un trámite ante el regulador.
Para los equipos de cumplimiento y directorios, la postura más defendible comprende tres acciones:
Con la postergación aprobada, la discusión no termina: se traslada. Diez meses y medio adicionales tienen sentido si se usan para designar el Consejo Directivo, instalar la Agencia y publicar a tiempo las orientaciones que la ley le encarga. De lo contrario, en octubre de 2027 las organizaciones enfrentarán el mismo escenario: obligaciones exigibles sin las guías necesarias para cumplirlas de manera uniforme.
Para las empresas, la conclusión es más simple: la evaluación de impacto no depende de la Agencia ni de la fecha que fijó el Congreso. Quienes la hagan ahora tendrán resuelta buena parte de la adecuación, cualquiera sea el calendario final.
Fuente: El Mostrador

