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Inicio » Qué pasó con las FARC 10 años después del acuerdo de paz que puso fin a más de 50 años de conflicto con el Estado en Colombia

Qué pasó con las FARC 10 años después del acuerdo de paz que puso fin a más de 50 años de conflicto con el Estado en Colombia

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Manuel Bolívar, excombatiente de las FARC, alista los preparativos para una obra de teatro que varios actores realizarán basados en sus memorias.

La función es en la Fundación Casa Alternativa de Bogotá, un espacio multiusos ubicado en el centro de la capital colombiana con restaurante, cervecería y una sala de eventos.

La obra narra una historia notable: en 2001, con 23 años, Bolívar ingresó a las FARC, la guerrilla más grande de Colombia.

Allí formó a camaradas, combatió, sobrevivió a bombardeos y emboscadas militares. Vio morir a compañeros; los enterró.

También formó parte de lo que varios expertos en conflicto internacional señalan como uno de los acuerdos de paz más completos de la historia moderna.

En 2016, Bolívar y más de 13.000 guerrilleros firmaron la paz con el Estado colombiano tras más de 50 años en guerra, dejaron las armas y se reincorporaron a la vida civil.

En noviembre de 2026 se cumplen 10 años de aquella firma.

El 24 de noviembre de ese año, el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) firmaron el llamado Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

La ratificación se produjo tras cuatro años de negociaciones que culminaron en agosto de ese año en La Habana, Cuba.

Las FARC fueron un movimiento insurgente marxista nacido en 1964. Entre fines de los 90 y 2002 llegó a tener entre 16.000 y 20.000 combatientes, con una presencia extensa en Colombia.

El conflicto dejó cientos de miles de muertos, millones de desplazados y decenas de miles de desaparecidos. Al grupo se le atribuyen masacres, desapariciones forzadas, secuestros, reclutamientos de menores, violencia sexual y atentados, entre otros crímenes.

El acuerdo dividió a los colombianos. En un plebiscito celebrado el 2 de octubre de 2016, un 51,8% de alrededor de 13 millones de votantes dijeron «No» al proceso, contra un 49,8% que eligió el «Sí».

Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y participante de las negociaciones en La Habana, dice que al menos 59 grandes cambios fueron introducidos en el pacto tras el triunfo del «No».

Estima importante esa precisión, pues la oposición, entonces liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), hizo campaña por el «No» y, hasta hoy, sectores de derecha y un número considerable de víctimas cuestionan el acuerdo y su implementación.

El tratado contempló una reforma rural, el desarme de los guerrilleros y su participación política, la atención a las víctimas, una nueva estrategia contra las drogas ilícitas y un mecanismo de justicia restaurativa a cambio del esclarecimiento de la verdad, entre otros puntos.

Desde joven, Bolívar se identificó con la izquierda. Se unió a las FARC después de que concluyó, en sus palabras, que los movimientos sociales en Colombia eran perseguidos, estigmatizados y reprimidos.

«Vi morir a un compañero de la universidad en una manifestación. Pensé que las protestas eran insuficientes y que quienes buscaban cambios estábamos indefensos ante el aparato estatal. Creí que la única alternativa era la lucha armada», le confiesa a BBC Mundo.

Así lo creyó hasta que la puerta de la paz se abrió. Por primera vez, tras 15 años de solo permitirse pensar en la noche siguiente, vio que un futuro distinto era posible. Que la opción política era una vía. Que podía volver a la ciudad, estudiar, abrazar a los suyos.

«Conocí la guerra desde dentro y por eso creo en la necesidad de la paz, de evitar más muerte, de ofrecer la oportunidad de vivir», dice entre lágrimas.

Bolívar no pretende hablar en nombre de todos sus excamaradas, aunque su sentir es compartido por muchos de los exguerrilleros que han contado su historia a este y otros medios en múltiples reportes.

La violencia histórica en Colombia ha cobrado víctimas en todo su espectro político y se ha ensañado contra la izquierda, sindicatos y movimientos sociales desde el Estado y el paramilitarismo.

Al momento de escribir esta nota, más de 500 firmantes habían sido asesinados tras el acuerdo por guerrilleros disidentes y otros grupos armados y criminales.

A Bolívar le colocaron una bomba que no llegó a explotar en la sede de su fundación.

Otros desmovilizados viven bajo amenazas y estigmas, obligados a mudarse fuera de sus territorios.

Esa es una cara de la moneda. La otra es que, de los 14.355 firmantes que finalmente se acreditaron, 10.795 continúan trabajando para la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, según Nicolás Rojas, especialista en relaciones estratégicas de la Iniciativa Barómetro y experto en la implementación del acuerdo de paz.

«Lo fundamental es que las FARC-EP se acabaron; se desmovilizaron. El objetivo militar principal se cumplió y la organización dejó las armas y transitó a la vida política», comenta Josefina Echavarría, experta en construcción de paz y directora del programa Peace Accords Matrix del Instituto Kroc.

En septiembre de 2017 fue establecido, como parte del acuerdo, el partido Comunes. Su líder es Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último comandante en jefe de las FARC.

A la agrupación se le asignaron 10 congresistas por dos períodos legislativos desde 2018 hasta 2026. En las elecciones parlamentarias de marzo de 2026, el partido perdió su personería jurídica al no conseguir votos suficientes.

Meses antes, en septiembre de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo de justicia transicional surgido del acuerdo, condenó a siete cabecillas de las FARC, incluido Timochenko, a ocho años de acciones reparadoras por su política de secuestros durante el conflicto armado.

Las medidas incluyen labores como la búsqueda de personas desaparecidas, el desminado humanitario y la sustitución de cultivos ilícitos. Los sancionados están sometidos a visitas presenciales, monitoreo de la ONU y vigilancia remota con artefactos de georreferenciación.

Bolívar, así como muchos otros firmantes de menor rango, se reincorporó a la vida pública a través de emprendimientos, estudios, trabajos e iniciativas de reconciliación y reparación.

Dice vivir con un dolor tremendo: «el de amigos, compañeros, personas que admiré, que terminaron regresando a la guerra y, en muchos casos, muriendo».

Otros integrantes jamás aceptaron el acuerdo. Son las disidencias de las FARC.

Alrededor de un 85% de firmantes se mantiene en el proceso. Eso significa que unas 1.500 personas no siguieron el acuerdo, bien porque retomaron las armas, desistieron o nunca se sumaron.

Juanita Vélez, periodista e investigadora especializada en disidencias de las FARC, señala diferentes motivaciones entre quienes permanecen alzados.

«Algunas estructuras evolucionaron hacia intereses económicos ligados al narcotráfico, mientras que otras mantuvieron una justificación ideológica o política», le explica a BBC Mundo.

«Es posible que ambas motivaciones coexistan. Para algunos, mantenerse en armas es la única garantía de que el Estado cumpla el acuerdo», añade.

Entre las estructuras que persisten, identifica al Estado Mayor Central (EMC), liderado por Néstor Gregorio Vera, alias «Iván Mordisco»; el Estado Mayor de Bloques y Frentes, con el cabecilla Alexander Díaz, alias «Calarcá Córdoba», y la Segunda Marquetalia, fundada en 2019 por Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez».

Otros grupos más pequeños incluyen a Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).

Desde 2016, dichos grupos han aumentado sus filas. Se estima que hoy suman alrededor de 10.000 combatientes.

Vélez resalta que las FARC originales perseguían la toma del poder nacional, pero que las disidencias parecen más interesadas en controlar territorios y promover modelos locales de gobierno y desarrollo.

«También existen dudas sobre el nivel de cohesión interna de estas organizaciones, a diferencia de las FARC históricas», repasa la experta.

Vélez ve «muy difícil que esos grupos dejen las armas, ya que varias de sus exigencias son inviables políticamente».

El gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) negoció la paz con estas organizaciones. A su iniciativa se le conoció como «la paz total» y, salvo reducciones de violencia en algunas zonas y ceses al fuego, no logró su cometido.

Ahora los insurgentes enfrentan la mano dura del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, crítico del pacto de La Habana.

La oposición al tratado y la disputa política sobre el mismo dejaron la sensación en parte de la opinión pública de que las FARC no se desmovilizaron del todo.

«Que hubiese combatientes que no siguieron el proceso alimentó la narrativa de un sector político sobre un ‘plan B’ de las FARC para mantenerse en armas, pero pese a las disidencias, el balance sigue siendo favorable y la inmensa mayoría de quienes se desmovilizaron siguen comprometidos», afirma Vélez.

César Lasso es un policía que estuvo secuestrado por las FARC durante 14 años, entre 1998 y 2012. Mientras sus hijos crecían, vivió con el cuello encadenado en la selva.

En 2022 protagonizó una audiencia cumbre frente a la JEP. Expuso su relato delante de los cabecillas de las FARC, sacó unas cadenas y las arrojó sobre la mesa.

Timochenko, tras escucharle, dijo querer que le tragara la tierra.

Diez años después del acuerdo y 14 desde su liberación, Lasso aboga por la reconciliación y el perdón, pero se le queda corta la penitencia a los exguerrilleros.

«Para mí no es suficiente. Al comienzo fue una esperanza de justicia pronta y efectiva, pero ahora que se conocieron los acuerdos y las sanciones se siente una frustración y tristeza profunda», le dice Lasso a BBC Mundo.

La justicia aplicada por la JEP a la cúpula de las FARC es transicional, reparatoria y paralela a la ordinaria.

Esto implica que los juzgados pueden acceder a penas menores a cambio de reconocer responsabilidades, entregar bienes y esclarecer información.

Esto es criticado por los detractores del acuerdo e incomoda a aquellos, incluidas víctimas, que piensan que las condenas de la JEP a imputados por crímenes de lesa humanidad son castigos insuficientes.

Las principales autoridades de la JEP defienden que su trabajo es reparar a las víctimas, buscar la verdad y cimentar una paz duradera.

En una entrevista con BBC Mundo en septiembre de 2025, el magistrado Camilo Suárez, de la JEP, reconoció que para muchos la justicia es sinónimo de cárcel, pero que «hay otras formas que incluyen la reparación y asumir responsabilidades».

«Es importante recordar que las sanciones, como las labores de búsqueda de desaparecidos o de desminado, no son acciones para los condenados, sino para las víctimas», explicó Suárez.

Arias, de la FIP, destaca que uno de los principales avances del acuerdo ha sido el aporte de excombatientes a dar con la verdad y buscar desaparecidos.

«Hemos avanzado muchísimo en develar cosas que no se conocían», dice, aunque reconoce «falencias de celeridad en la JEP».

De 137.000 desaparecidos registrados por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), 6.002 cuerpos han sido encontrados, 892 fueron entregados dignamente a sus familias y 645 personas fueron halladas con vida.

Rojas Bernal destaca que cerca del 37% del acuerdo se ha implementado completamente y que más del 40% inició la implementación, pero sin concluir.

La mayor baza de quienes apostaron por el diálogo es que la mayoría de exguerrilleros permanecen dentro de la legalidad, pero hay rezagos que despiertan temores sobre una posible fragilidad del tratado.

Los expertos consultados por BBC Mundo apuntan a la reforma rural como la gran deuda.

Colombia es uno de los países con la mayor desigualdad de tierras del mundo. Un 1% de los colombianos es dueño de alrededor del 81% del suelo fértil del país.

«Ese punto es el corazón de los patrones de violencia en Colombia y es el que menos compromisos completos muestra hoy en día», dice Echavarría.

De la meta original de entregar 3 millones de hectáreas, se han entregado formalmente 72.880 hectáreas, menos de un 3% del objetivo.

Los analistas del Instituto Kroc también señalan retardos en compromisos de género y étnicos y la sustitución de cultivos, un programa que busca reducir la dependencia de campesinos de plantaciones ilícitas como la hoja de coca por alternativas legales y sostenibles.

El acuerdo contempló un periodo de 15 años de implementación. A cinco años del plazo, Arias cree que estos rezagos explican el deterioro de varios índices de violencia en los últimos años, como el engrosamiento de grupos armados y su control territorial.

Añade que el Estado colombiano no ha ocupado espacios antes controlados por las FARC y que estos han sido tomados por otros actores.

«Dejamos territorios vacíos a merced de esos grupos», opina.

Echavarría cree que el cumplimiento del pacto no es solo la garantía de la paz duradera, sino también la mejor mano con la que convencer a otros grupos armados para negociar.

Lasso y Bolívar fueron partes opuestas de esta historia. El primero vivió 14 años en cautiverio. El segundo, 15 en alzamiento.

Hoy Lasso mira a los ojos de los responsables de su pena con la sensación de justicia incompleta, pero con el afán de reconciliarse.

Bolívar tampoco rehúye de quienes, dice, hasta hoy se le acercan a insultar. Admite entender la rabia y el dolor de las víctimas de la guerrilla.

Ambos participan en eventos de reconciliación, entendimiento y diálogo. No ven otra vía para Colombia.

A Lasso le preocupa que las acciones militares que emprende el gobierno de De la Espriella no sean la manera de recuperar la paz.

«Violencia siempre genera más violencia. Creo más en las oportunidades, los cambios sociales y la educación», comenta.

Pregunto a Bolívar sobre la nueva administración colombiana, suspicaz con el acuerdo. Me enseña una invitación recién recibida de parte del gobierno para un evento de diálogo.

«Sigo siendo de izquierdas y criticaré aquello con lo que no comulgue. Defenderé las causas en las que creo, pero por medios democráticos. El valor más grande del acuerdo fue permitir escucharnos entre quienes estamos enfrentados», responde.

Fuente: El Día

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