La Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales (ANMEPRO) expresó su respaldo al proyecto de Ley Orgánica de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres, conocido como Ley Mirabal, al considerar que representa una oportunidad para fortalecer las acciones de prevención y protección, la atención a las mujeres afectadas y su acceso a la justicia frente a las distintas manifestaciones de violencia.
«La protección de las mujeres debe traducirse en garantías concretas para su vida, su integridad y su capacidad de desarrollarse. Una mujer que enfrenta violencia no debería tener que renunciar a su empleo, abandonar su emprendimiento o perder sus oportunidades de crecimiento para buscar seguridad. La respuesta institucional debe permitirle protegerse y reconstruir su proyecto de vida con dignidad y autonomía», expresó Agripley Valverde, presidenta de ANMEPRO.
Las declaraciones de Valverde se producen luego de que el Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas entregara a los diputados para fines de evaluación el anteproyecto de ley, creado con el objetivo de fortalecer el marco jurídico nacional y establecer responsabilidades institucionales para ofrecer una asistencia coordinada.
Valverde expresó que para enfrentar la violencia requiere una respuesta que vaya más allá de la sanción de las conductas. También exige proteger la integridad, los medios de vida y las oportunidades de desarrollo de las mujeres, creando condiciones para que puedan preservar su empleo, sostener sus emprendimientos y recuperar su autonomía económica, sin que la búsqueda de protección implique renunciar a su proyecto de vida.
En ese sentido, la organización destaca las medidas de protección laboral previstas en el proyecto, entre ellas los permisos para atender diligencias vinculadas con situaciones de violencia, la adecuación de las condiciones de trabajo cuando persista el riesgo y las medidas destinadas a proteger el empleo durante su permanencia en refugios. Asimismo, valora la inclusión de mecanismos de acceso a formación, empleo, emprendimiento, asistencia técnica y financiamiento público dirigidos a favorecer la recuperación económica y la autonomía de las mujeres afectadas.
Desde su perspectiva empresarial y profesional, la asociación considera fundamental que la iniciativa articule las responsabilidades de las instituciones y los actores involucrados con mecanismos efectivos de coordinación, planificación presupuestaria, seguimiento y evaluación. La existencia de disposiciones legales es un paso importante, pero su impacto dependerá de que puedan traducirse en servicios accesibles, protección oportuna y resultados verificables para las mujeres.
Por ello, ANMEPRO exhorta al Congreso Nacional a continuar el estudio de la propuesta con rigor jurídico y diálogo técnico, procurando que su contenido cuente con condiciones reales de implementación, recursos suficientes, responsabilidades claramente definidas y mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas. El propósito debe ser que la respuesta integral prevista en el proyecto pueda materializarse de manera efectiva y sostenible.
La asociación reconoce, además, el significado histórico de la iniciativa, cuyo nombre honra la memoria de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, referentes de la lucha por la libertad, la dignidad y los derechos humanos, cuyo legado continúa interpelando a la sociedad dominicana.
ANMEPRO reafirma su compromiso con las iniciativas que contribuyan a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y a crear condiciones para su desarrollo integral, su independencia económica y su participación plena en los espacios de decisión del país.
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Fuente: El Día