Santo Domingo.- La inteligencia artificial podrá contribuir a agilizar trámites y mejorar los servicios públicos en República Dominicana, pero su utilización deberá garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Así lo establece el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, aprobado por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 787-26, del 2 de noviembre de 2026.
Aunque está dirigido a las instituciones estatales, su alcance impacta directamente a la población, especialmente cuando las herramientas tecnológicas intervienen en procedimientos administrativos, evaluaciones de solicitudes y decisiones que afectan a las personas.
Uno de los aspectos más importantes es que las personas tendrán derecho a conocer cuándo una decisión o servicio público que les afecte haya sido apoyado por inteligencia artificial.
Además, podrán solicitar explicaciones, exigir una revisión humana y reclamar la corrección de errores cuando consideren que una decisión administrativa les perjudica.
La normativa obliga a las instituciones a proteger la privacidad y la información personal de quienes utilizan sus servicios, así como a prevenir decisiones discriminatorias por condiciones económicas, características individuales u otros factores.
Entre las prácticas prohibidas figura la clasificación social de ciudadanos para determinar su acceso a derechos y servicios públicos, así como el uso de estas tecnologías para manipular el comportamiento de las personas mediante propaganda política, desinformación institucional o técnicas encubiertas de influencia.
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) tendrá a su cargo la supervisión ética, mientras que la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) ofrecerá apoyo técnico.
El código también contempla evaluaciones de impacto, mecanismos para recibir denuncias ciudadanas y la creación de un portal público con información sobre los sistemas de inteligencia artificial utilizados por las instituciones.
Las entidades estatales dispondrán de 180 días calendario, contados a partir de la publicación del decreto, para adecuar sus procedimientos y adoptar las medidas correspondientes.
El director general de la OGTIC, Edgar Batista, calificó la promulgación del Decreto 787-26 como un paso trascendental para la República Dominicana en materia de gobernanza de la inteligencia artificial.
“Con este instrumento, nuestro país avanza hacia un modelo de gobernanza digital en el que la innovación tecnológica tiene un principio y un propósito fundamental: estar al servicio de las personas”, resaltó Batista.
El funcionario valoró la iniciativa impulsada por el presidente Luis Abinader, a través de la OGTIC y la DIGEIG, con el acompañamiento de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).
“El código establece reglas claras, salvaguardas y límites para garantizar un uso responsable, seguro, ético y transparente de la inteligencia artificial en el Estado. No se trata únicamente de incorporar nuevas tecnologías a la Administración pública, sino de garantizar que su implementación respete los derechos fundamentales, proteja la privacidad y fortalezca la confianza ciudadana”, agregó.
—En su uso, las instituciones deberán registrar los sistemas de inteligencia artificial que utilizan y publicar información sobre ellos en un portal de transparencia. Esto permitirá conocer cómo el Estado emplea estas tecnologías.
Fuente: El Día