La Constitución dominicana cumplió 182 años desde su promulgación; en ese período ha sido modificada 40 veces, introduciendo cambios que han establecido mandatos constitucionales que, a su vez, han derivado en modificaciones o creaciones de nuevas leyes. Sin embargo, el Congreso Nacional sigue rezagado en la aprobación de estas normativas para fortalecer la institucionalidad y afianzar el Estado social y democrático de derecho.
Justo el pasado martes, la Cámara de Diputados celebró una sesión extraordinaria en la provincia de San Cristóbal, a propósito del 182.º aniversario de la firma de la primera Constitución dominicana.
La sesión tuvo lugar en la Gobernación Provincial y fue encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien recordó que los constituyentes establecieron un sistema de Gobierno democrático y republicano, además de sentar las bases para la separación de los poderes del Estado.
Indicó que, desde su promulgación, la Constitución ha experimentado 40 modificaciones, motivadas por diferentes circunstancias económicas y políticas. Entre esas reformas destacó la de 2010, que consagró el Estado social y democrático de derecho, creó el Tribunal Constitucional y amplió el catálogo de derechos fundamentales.
Sin embargo, el legislador no abordó el retraso que tiene el Congreso en aprobar las iniciativas que se derivaron de la citada reforma constitucional de 2010 y de la más reciente, de octubre de 2024, que estableció una disposición transitoria para que, en un plazo no mayor de siete legislaturas ordinarias, deberán ser aprobadas las leyes requeridas, como forma de acelerar los trabajos pendientes. Este plazo concluye en julio de 2028.
Entre las piezas complementarias ordenadas por la Carta Magna de 2010 se encuentran las leyes de referendo, de indulto, de participación ciudadana, de propiedad inmobiliaria y de aguas, así como las reformas a la Ley de Hidrocarburos y las leyes sobre el uso racional del gasto público, la creación de monopolios en favor del Estado y el aprovechamiento de los recursos naturales, y las que regulen el acceso y la gestión de ríos, lagos, lagunas, playas y costas. También algunas son de actualización, como el Código Civil, el de Procedimiento Civil, el de Comercio y el de la Seguridad Social, entre otras. Mientras que la Carta Magna de 2024 ordenó la revisión de las leyes de Telecomunicaciones, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Naturalización, Extranjería y Libre Acceso a la Información Pública, entre otras.
En los últimos 5 años se ha logrado reformar el Código Penal, el Procesal Penal, la Ley de Contrataciones Públicas, la del Régimen Electoral y la de Cámara de Cuentas, y se han creado las leyes de Ordenamiento Territorial, Fiscalización y Control del Congreso Nacional, de Exención de Dominio, del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones y de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, entre otras.
La totalidad de las normativas pendientes de aprobación o modificación no ha sido determinada por el Congreso, y la última cifra ofrecida de manera particular por legisladores fue de 80, de las cuales 70 correspondían a la Carta Magna de 2010.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), precisa que es importante tomar en consideración que muchas de las leyes o de las llamadas reservas de ley que contiene la Constitución ya están reguladas a través de normas vigentes en el ordenamiento previo, y lo que requieren son ajustes. En otros casos, aparecen temáticas sobre las que no hay regulación.
Entre los ejemplos que cita de temas donde no hay regulación legal están los indultos, los bienes en la zona fronteriza y la iniciativa popular legislativa, pero hay otros en los que ya existe una ley preexistente, por lo que se requeriría ajuste y actualización. Castaños se refiere a al menos 51 artículos de la Constitución que ordenan la revisión de varias leyes o la creación de nuevas para regular diferentes actividades o tutelar derechos.
Castaños Guzmán propone establecer una agenda priorizada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a los fines de identificar aquellas normas donde existan vacíos totales y donde existan lagunas normativas que sean indispensables para concretar el “Marco básico de acción de la Constitución”, en los temas que no tienen una legislación prevista y cuyo vacío afecta de manera importante la seguridad jurídica y el trámite natural de instituciones y temáticas que la Constitución configura.
Agrega que se deben verificar las normas preexistentes para ver cuáles requieren ajustes menores inmediatos que permitan alcanzar el estándar que la Constitución ha configurado, mientras que otras requieren mayores ajustes para poder conectar de manera más fluida con las exigencias constitucionales.
Adiciona que también habrá leyes que pueden perfectamente funcionar con el marco constitucional que tienen, sin necesidad de ajustes, y otras podrán requerirlos, pero no porque sea un imperativo inmediato.
Concluye que a estos trabajos deben sumarse las leyes sobre las que se haya pronunciado el Tribunal Constitucional en sentencias, como exhortaciones al legislativo, o deben ser consideradas como prioridades.
“Eso puede ayudar a diseñar una agenda de trabajo que pueda hacer esas discriminaciones operativas. “Por eso proponemos la creación de una comisión Poder Legislativo y Poder Ejecutivo a los fines de poder determinar qué se ha aprobado y qué queda pendiente de aprobar”, concluye Castaños.
La reforma de 2010 es considerada como la más progresista. Entre sus principales disposiciones están la definición de la República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho, fundamentado en la dignidad humana, la soberanía popular y la separación de los poderes. Consagró a la Constitución como la norma suprema del Estado, amplió los derechos fundamentales, además de garantías específicas, creó organismos clave para el control y la administración de justicia, tales como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Defensor del Pueblo, y reforzó la estructura del Ministerio Público y el régimen de la nacionalidad.
Fuente: Hoy Digital