La Contraloría General de la República (CGR) detectó que 315 funcionarios y servidores públicos que trabajan en la administración del Estado registran condenas por crimen o simple delito, situación que contraviene la prohibición legal para ejercer cargos públicos establecida en el artículo 54, letra c), de la Ley N°18.575.
El hallazgo fue dado a conocer a través del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°29, elaborado mediante un cruce de información entre las bases de datos del Registro Nacional de Condenas del Servicio de Registro Civil e Identificación, el Servicio Electoral (Servel) y el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER).
Según el informe, los 315 funcionarios están asociados a 317 registros de condenas. De ellos, 149 se desempeñan en el gobierno local y 166 en el gobierno central.
Entre las instituciones que concentran la mayor cantidad de casos destaca Carabineros de Chile, con 84 funcionarios condenados, seguido por el Ejército, con 22; la Armada, con ocho; y la Fuerza Aérea, con cinco.
También figuran distintas municipalidades, entre ellas Valdivia, con seis funcionarios; Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán y Puerto Montt, con cuatro cada una; y Tocopilla, con tres.
Respecto de la gravedad de los antecedentes, Contraloría identificó 73 personas condenadas por crímenes y 244 registros correspondientes a simples delitos. En este último grupo se detectó que dos funcionarios registraban más de una condena.
Ante estos antecedentes, el organismo fiscalizador ordenó a las entidades involucradas iniciar las investigaciones correspondientes y determinar eventuales responsabilidades administrativas, particularmente por la posible omisión de informar las condenas a los respectivos jefes de servicio y de activar el procedimiento para aplicar la inhabilidad sobreviniente.
Esta última corresponde a una circunstancia que surge después del ingreso de una persona a la Administración del Estado y que le impide continuar ejerciendo un cargo público. Además, la Contraloría instruyó a los organismos informar si las condenas fueron oportunamente evaluadas y consideradas en los procesos de calificaciones funcionarias, conforme a los criterios de comportamiento social y probidad.
Fuente: La Tercera

