El Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (Ocrit) de la Universidad Andrés Bello (UNAB) actualizó su análisis sobre la evolución de seis fenómenos delictuales al interior de las cárceles chilenas.
La nueva versión del informe incorporó los registros de 2025 al período estudiado desde 2015. El documento, según informa la UNAB, “examina homicidios, incautaciones de droga, agresiones, amenazas, extorsiones y sobornos, identificando sus tendencias, variaciones regionales y concentración por establecimiento penitenciario con base en datos oficiales de Gendarmería”.
Uno de los datos que trae la actualización del estudio, elaborado por los autores Pablo Urquízar y Vicente Abrigo, es que el año pasado solo hubo 27 homicidios al interior de los penales. La cifra es la más baja de todo el período analizado.
Entre 2015 y 2025 se registraron un total de 491 homicidios al interior de las cárceles. Estos pasaron de 56 casos en 2015 a un máximo de 61 en 2020, luego otro peak en 2024 con 48, para descender a 27 el año pasado. “Esta última cifra representa una caída de 43,8% respecto de 2024 y un descenso de 51,8% en comparación con 2015”, plantea el informe.
En cuanto a los registros de soborno, estos delitos contabilizaron 316 entre 2015 y 2025. La cifra pasó de 35 casos en 2015 a 11 en 2025, una disminución de 68,6% en la década. Pese a eso, para el análisis de la UNAB, la situación que se destapó con la Operación Apocalipsis —investigación de la Fiscalía Occidente que desmontó una red de corrupción al interior de Gendarmería— “evidencia que los registros administrativos de sobornos pueden capturar solo una fracción de la corrupción existente”.
Respecto a las incautaciones de droga, el informe detecta una caída interanual de 33,7%, pero un aumento de 765% desde 2015.
Sin embargo, no todos los fenómenos delictivos estudiados bajaron. Las amenazas a internos sumaron 2.322 registros entre 2015 y 2025, con un incremento de 784% en el período. En 2015 se contabilizaron 62 casos, en 2024 fueron 235 y en 2025 llegaron a 548, un aumento interanual de 133%.
Al ser la zona más grande, la Región Metropolitana acumula la mayor cantidad de amenazas con 623 casos, seguida por La Araucanía, con 209; Maule, con 205; y Antofagasta, con 166.
Por establecimiento, el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel concentra el 11,1% de las amenazas, seguido por el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, con 7,5%, y el Centro Penitenciario Femenino de Talca y el Centro Penitenciario de Puerto Montt, con 4,3% cada uno.
Otra cifra que alerta es el alza registrada en las agresiones. Respecto a este delito, que afecta a los internos de los penales, en 2025 se alcanzó un peak histórico con 6.365 casos registrados. Eso significa un aumento de 9,3% respecto de 2024. Al ver la década completa, en todo el período se contabilizaron 58.455 agresiones.
“El análisis sobre el control territorial en las cárceles chilenas evidencia que nos encontramos en un punto de inflexión, que hace indispensable abordar la problemática penitenciaria como una política de Estado, con recursos, sentido de urgencia y una visión de corto, mediano y largo plazo. Hace tiempo que la cárcel dejó de representar el fin de la carrera delictual y, si no se adoptan los resguardos necesarios, corre el riesgo de convertirse en un verdadero semillero del crimen organizado”, advierte el coordinador del Ocrit, Pablo Urquízar.
Urquízar agrega que “algunas de las organizaciones criminales más peligrosas de Latinoamérica surgieron al interior de recintos penitenciarios, como el Tren de Aragua, el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho, que además tienen presencia en Chile”. Por eso, a su juicio, “la nueva normativa que se proponga en el marco de la Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería debe incorporar también una perspectiva de seguridad nacional”.
El llamado a Urquízar va en línea con el proceso de transición que vive Gendarmería. La institución que dirige Rubén Pérez está terminando de depender del Ministerio de Justicia para estar bajo la dependencia del Ministerio de Seguridad. De hecho, tras la reforma constitucional, Gendarmería pasó a ser considerada una fuerza de orden y seguridad como Carabineros y la PDI. Si bien esto se logró con la modificación a la Constitución, ahora falta hacer los ajustes a la ley orgánica que regula Gendarmería.
Fuente: La Tercera

