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Inicio » La ADP, ¿aliada o un obstáculo para mejorar la educación pública?

La ADP, ¿aliada o un obstáculo para mejorar la educación pública?

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Santo Domingo.– La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha desempeñado un rol en la conquista de reivindicaciones laborales para el magisterio. Sin embargo, las constantes interrupciones de docencia como mecanismo de presión para alcanzar esas demandas no dejan de colocar al sindicato en el centro del debate sobre lo que esto implica para los estudiantes y el sistema educativo en su conjunto.

Cada suspensión interrumpe la secuencia de los contenidos, reduce las oportunidades de aprendizaje y obliga a los estudiantes a retomar procesos educativos que, por su naturaleza, requieren continuidad.

La situación adquiere mayor relevancia en los primeros niveles educativos, cuando los niños desarrollan habilidades fundamentales como la lectura, la escritura y las operaciones matemáticas, cuyo dominio resulta determinante para avanzar hacia aprendizajes más complejos.

Para el especialista en educación Edwind Caraballo, existe suficiente evidencia internacional que demuestra la relación entre la asistencia regular a las aulas y el rendimiento académico, por lo que considera que el cumplimiento del calendario escolar debe convertirse en una prioridad de las autoridades educativas y del sindicato.

“Dado que la educación es un proceso sistemático y acumulativo, existe amplia evidencia a nivel global sobre la relación entre la asistencia sistemática y continua a clases y los aprendizajes de los estudiantes”, explicó.

Caraballo sostuvo que, en República Dominicana, los análisis educativos también han identificado diferencias de rendimiento entre los estudiantes que asisten regularmente y aquellos que presentan interrupciones en su proceso formativo.

Como ejemplo, citó una diferencia de 20 puntos en los resultados de evaluaciones educativas entre estudiantes con asistencia regular y aquellos que no mantuvieron esa continuidad.

A su juicio, la pérdida de jornadas escolares tiene consecuencias directas sobre el rendimiento académico, especialmente cuando las interrupciones se acumulan durante el año lectivo.

“Cuando un estudiante acumula, durante ese calendario escolar, un promedio de 20 días menos de clases, asiste con menor frecuencia a la escuela y ve interrumpido su proceso de aprendizaje. Esto genera un claro déficit en la calidad de los logros de cada estudiante”, manifestó en conversación con EL DÍA.

Desde la perspectiva de las familias, las paralizaciones de docencia han convertido a la ADP en un obstáculo para alcanzar las mejoras que necesita el sistema educativo.

Jaime Tolentino, representante de la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAE), considera que el sindicato ha priorizado sus reivindicaciones por encima de las necesidades educativas de los estudiantes.

“En las últimas décadas ha sido un obstáculo y un gran dolor de cabeza, pues no se pueden obtener los logros deseados con las pérdidas de docencia”, afirmó al ser consultado sobre el papel desempeñado por la organización magisterial.

Tolentino cuestionó que las protestas docentes se traduzcan en suspensiones de clases y sostuvo que estas medidas terminan perjudicando precisamente a quienes deberían constituir la principal razón de ser del sistema educativo.

“Nunca defienden los derechos de los niños y las niñas. Todo lo contrario, esas acciones son violatorias de los derechos de los estudiantes”, expresó.

El representante de los padres también rechazó que las paralizaciones estén justificadas por las demandas laborales de los maestros, al considerar que terminan vulnerando el derecho de los alumnos a recibir educación.

“No están justificadas, pues no se están vulnerando los derechos de los docentes y sí se violan los de los estudiantes”, puntualizó.

Durante el transcurso de este 2026, se registraron conflictos entre la ADP y el Ministerio de Educación por suspensiones de docencia y reducciones del horario escolar.

En marzo, seccionales del sindicato convocaron paralizaciones en distintas provincias. En Moca, provincia Espaillat, los maestros suspendieron las clases durante 48 horas para reclamar mejoras en las condiciones de los centros educativos y respuestas a demandas pendientes.

El Ministerio de Educación rechazó esas acciones, al considerar que afectaban el proceso de enseñanza y vulneraban el derecho de miles de estudiantes a recibir educación.

En septiembre surgió otra controversia cuando seccionales de la ADP dispusieron reducir una hora de docencia en centros de jornada extendida del Gran Santo Domingo y media hora en escuelas de jornada regular, medida cuestionada por las autoridades educativas.

Las diferencias también han quedado reflejadas en la discusión sobre las horas efectivas de clases. En junio, la ADP cuestionó un informe de Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) sobre el tiempo de docencia perdido, al considerar que las cifras presentadas carecían de suficiente sustento.

Las interrupciones se producen en un sistema educativo que todavía enfrenta importantes desafíos de calidad.

Los resultados de PISA 2022 evidenciaron que apenas el 8 % de los estudiantes dominicanos evaluados alcanzó el nivel mínimo de competencia en matemáticas, mientras que en lectura lo consiguió el 25 % y en ciencias el 23 %.

Aunque República Dominicana registró avances frente a evaluaciones anteriores, los resultados muestran que una proporción considerable de los estudiantes continúa sin desarrollar las competencias fundamentales esperadas para su edad.

Ante esta situación, Caraballo plantea establecer mecanismos de incentivos y consecuencias que permitan garantizar la asistencia de los maestros y el cumplimiento del horario escolar.

El especialista considera que la actual gestión del Ministerio de Educación, encabezada por Luis Miguel De Camps, ha procurado mejorar las relaciones con el sindicato mediante el diálogo, la atención de reivindicaciones salariales y la evaluación del desempeño docente.

No obstante, advierte que esos esfuerzos deben traducirse en mejores resultados educativos para justificar los recursos invertidos.

“Si todo ese esfuerzo no se traduce en mejores logros, habrá una pérdida de eficiencia del sistema y, por tanto, una pérdida de recursos del sector público destinados a la educación”, sostuvo.

Como alternativa, propuso implementar un fondo de presentismo, mecanismo utilizado en algunos países de la región que permite descontar recursos a quienes incumplan sus jornadas laborales y transferirlos como incentivo a aquellos docentes que mantienen niveles de asistencia superiores al 95 %.

“Ese fondo de presentismo se nutre de los recursos descontados a aquellos que se ausentan y los transfiere a quienes sí asisten, creando así un sistema de incentivos en la dirección correcta”, explicó.

Caraballo indicó que esa propuesta fue presentada anteriormente al Gabinete de Educación y consideró conveniente que las autoridades y el sindicato puedan alcanzar un acuerdo para su implementación.

También entiende necesario que la evaluación del desempeño docente incorpore la asistencia y el cumplimiento del horario escolar como indicadores objetivos.

Mientras especialistas y padres cuestionan las interrupciones de docencia, la ADP sostiene que buena parte de los problemas que afectan el calendario escolar tienen su origen en las deficiencias del propio sistema educativo.

En septiembre, el sindicato denunció que 237 centros educativos no habían iniciado las clases por problemas de infraestructura y que una proporción importante de los planteles presentaba filtraciones, grietas y otras dificultades. El Día

El presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, también ha defendido que las suspensiones de docencia no responden exclusivamente a demandas sindicales, sino a problemas de infraestructura, falta de aulas y condiciones que dificultan el funcionamiento de los centros.

Este martes, Hidalgo acudió al Congreso Nacional para reclamar que el Presupuesto General del Estado de 2027 contemple la totalidad del 4 % del producto interno bruto destinado a la educación preuniversitaria.

Según las cifras presentadas por el dirigente, el proyecto contempla RD$365,570.4 millones, cuando la asignación reclamada asciende a RD$383,784.1 millones, una diferencia de aproximadamente RD$18,214 millones.

El presidente de la ADP advirtió que, si los legisladores no completan los recursos, el gremio podría movilizar a sus miembros hasta la explanada del Congreso Nacional.

“Si no dan el 4 %, estaremos en la explanada del Congreso, pero no será necesario”, manifestó Hidalgo, quien expresó su confianza en que los congresistas atenderán la solicitud.

El dirigente también denunció que entre 2022 y 2025 el Ministerio de Educación dejó sin ejecutar RD$41,537.6 millones de los presupuestos aprobados, situación que, a su juicio, evidencia dificultades en el manejo de los recursos destinados al sector.

Las reclamaciones ponen de manifiesto otra dimensión del conflicto: mientras el sindicato exige mayores inversiones y mejores condiciones laborales, padres y especialistas demandan que esas reivindicaciones no se traduzcan en nuevas pérdidas de clases.

El calendario escolar, un compromiso irrenunciable

Para Caraballo, la solución requiere un compromiso formal entre el Gobierno y la ADP que garantice el cumplimiento del calendario y del horario escolar, independientemente de los conflictos que puedan surgir.

“Es necesario que el Gobierno y el sindicato firmen un acuerdo que sea cumplido por todos los actores, para no interrumpir, bajo ninguna razón, ni el calendario escolar ni el horario escolar”, planteó.

La propuesta no es ajena a las discusiones entre las autoridades y el sindicato. En julio, el Ministerio de Educación informó que trabajaba con la ADP en un memorando de entendimiento dirigido precisamente a reducir las paralizaciones y garantizar el tiempo de docencia.

Caraballo recordó, además, que el cumplimiento del calendario escolar figura entre los compromisos establecidos en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, firmado en 2014.

Fuente: El Día

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