La ciencia alemana investigó con los cerebros de más de seiscientos niños asesinados por el programa de “eutanasia” nazi décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial. Estos tejidos se compartieron con investigadores internacionales y sirvieron de base para casi un centenar de artículos académicos publicados de forma ininterrumpida hasta 1996. Son algunas de las conclusiones de la investigación independiente abierta en 2017 [https://brain.mpg.de/707368/news_publication_27027047] y financiada por la Sociedad Max Planck (MPG), la mayor institución científica de Alemania, en la que se han identificado las muestras de 1.356 víctimas de este programa de exterminio nazi cuyos tejidos cerebrales se usaron para investigar. Casi la mitad de ellos (647) eran de niños menores de 11 años.
Entre 1939 y 1945, el programa de “eutanasia” del régimen nazi condujo al asesinato de unas 230.000 personas con discapacidades físicas, intelectuales o enfermedades mentales. El exterminio comenzó en agosto de 1939 con la “eutanasia infantil [https://es.wikipedia.org/wiki/Eutanasia_infantil_en_la_Alemania_nazi]” (Kinder-Euthanasie) que condujo a la muerte de entre 5.000 y 10.000 niños y adolescentes por sobredosis de fármacos o negligencia deliberada en clínicas infantiles. Unos meses más tarde, se iniciaron otros programas masivos como la Aktion T4 [https://es.wikipedia.org/wiki/Aktion_T4] y la eutanasia descentralizada, que extendieron las matanzas a los pacientes psiquiátricos en cámaras de gas o por inanición.
Fue en este contexto donde científicos como Julius Hallervorden [https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Hallervorden] pidieron y recolectaron activamente los cerebros de las víctimas —incluso acudían en persona a los centros de exterminio para extraer los órganos— con el fin de nutrir sus colecciones de investigación. Esta eliminación de niños y pacientes psiquiátricos fue la antesala y el campo de pruebas del Holocausto [https://www.eldiario.es/temas/holocausto/].
El origen de la revisión que ahora se publica se remonta a 1984, cuando el historiador y periodista Götz Aly [https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6tz_Aly] descubrió entre los preparados histológicos del Instituto Max Planck los cerebros de 33 niños que fueron gaseados el 28 de octubre de 1940 en el centro de exterminio de Brandenburg-Görden. La presión política y social motivó un primer entierro en 1990 en el cementerio Waldfriedhof de Múnich, pero el proceso se había cerrado en falso: las víctimas no fueron identificadas y algunos preparados sospechosos permanecieron en las colecciones. Además, entre 2015 y 2016 se descubrieron en Berlín y Múnich nuevos cortes y muestras, lo que llevó a la institución a impulsar una investigación historiográfica independiente, iniciada en 2017 [https://brain.mpg.de/361371/max-planck-society-to-probe-third-reich-era-medical-science-thanks-to-the-institute-s-recent-activities-and-investigations] y concluida ahora.
“Los hallazgos de los historiadores nos llenan de profunda vergüenza, pues demuestran que los investigadores, en su afán de conocimiento, actuaron sin respeto por la dignidad humana, tanto durante el nacionalsocialismo como posteriormente”, asegura Patrick Cramer [https://www.mpg.de/7894444/multidisciplinary-sciences-cramer], presidente de la MPG. Un objetivo central del proyecto de investigación era recuperar los nombres de estas personas, hacerlos públicos y, en la medida de lo posible, reconstruir sus biografías. El resultado se ha publicado ahora en cuatro volúmenes [https://www.psych.mpg.de/2994634/news_publication_27017588_transferred?c=25045] que se pueden descargar en acceso abierto. Al recordar los nombres de los asesinados, dice Cramer, “deseamos asumir la responsabilidad por el daño causado y reconocer el profundo sufrimiento de las víctimas y sus familias”.
“Que hubiera esa elevada proporción de niños y menores ha sido un hallazgo muy relevante”, explica Herwig Czech [https://medizingeschichte.charite.de/en/metas/person/person/address_detail/univ_prof_mag_dr_herwig_czech_1/], jefe de proyecto de la Universidad Médica de Viena, a elDiario.es [http://elDiario.es]. También fue una sorpresa descubrir que las víctimas de la Aktion T4 tuvieron un peso secundario en los laboratorios y una buena parte de los cerebros procedían del exterminio directo en las instituciones infantiles. El especialista reconoce que el proyecto ha llevado casi una década por varias circunstancias, como el hallazgo en Fráncfort, en 2019, de otra colección completa de muestras históricas. “La lección fundamental es que la producción de conocimiento científico está condicionada por contextos políticos e históricos concretos”, resume. “Esta relación de interdependencia con el poder político debe ser tenida en cuenta”.
Entre las nuevas biografías documentadas por el proyecto destacan historias como la de Ruth Borisch, una niña que fue abandonada hasta morir de neumonía para enviar su encéfalo al laboratorio; la de Gerda Spohn, de 12 años, cuya familia logró trasladar su cadáver a Berlín para enterrarlo con dignidad, sin saber que su cerebro había sido extraído; o la de los gemelos Werner y Günter Stelzer [https://ns-medical-victims.org/biographies/werner-u-guenter-stelzer], asesinados el mismo día a los 6 años y que Julius Hallervorden diseccionó personalmente para un estudio comparativo.
Tras pasar por las clínicas infantiles y ser asesinados, sus cerebros eran enviados a los institutos de la Sociedad Kaiser Wilhelm [https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Kaiser_Wilhelm], que más tarde se refundó bajo la actual denominación de Sociedad Max Planck y donde siguieron trabajando Hallervorden y sus discípulos, lo que facilitó la continuidad del uso de estas muestras.
“Una historia muy representativa es la de Ursula Kriescht, asesinada en la cámara de gas a los 15 años”, explica Czech. “Tras su muerte, su cerebro fue fragmentado y repartido entre tres instituciones distintas: en cuanto fue ejecutada, su cerebro terminó en diferentes mesas de laboratorio y se publicaron varios trabajos científicos basados en él”. Estas muestras diseminadas continuaron explotándose científicamente: la doctora Gertrud Soeken [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-73928-6_34] usó los cortes del cerebro de Ursula para publicar un estudio en 1957 y encubrió su origen atribuyendo falsamente su muerte a una neumonía. Parte de estas muestras fueron incluidas en el entierro masivo de 1990, pero otras seguían almacenadas en las colecciones de un instituto de Düsseldorf a mediados de 2026.
Los actores principales de estos hechos, como los médicos Julius Hallervorden o Hugo Spatz [https://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Spatz], sabían perfectamente lo que hacían y participaron en reuniones para debatir cómo aprovechar científicamente esa oportunidad, apunta Czech. “Su comportamiento hoy es éticamente inaceptable, pero no distaba mucho de lo que muchos médicos de la época consideraban admisible: obtener material de investigación donde estuviera disponible”, señala.
Con el cierre de esta investigación, la MPG reconoce que el entierro de restos de víctimas nazis usados en investigación realizado en 1990 “fue incompleto” y se propone reparar el daño con un nuevo homenaje. En el Instituto Max Planck de Psiquiatría, se están preparando los restos de 139 víctimas del régimen nazi que aún no han sido sepultados para darles un entierro digno en el cementerio Waldfriedhof. El monumento conmemorativo que se erige allí desde 1990 también será rediseñado como un lugar de recuerdo para todas las víctimas.
Una cuestión abierta es qué se debe hacer con los trabajos que se publicaron con este material. Antes de nada, advierte Czech, es fundamental desmontar el mito de que la falta de límites éticos permitiera grandes avances terapéuticos. “No existe ni un solo método de tratamiento o terapia que se lograra gracias a estas investigaciones”, asegura. “Hubo contribuciones documentadas en revistas científicas, pero no se abrieron puertas secretas que permitieran avances médicos extraordinarios”, añade.
Entre los miembros del proyecto se ha discutido la posibilidad de pedir una retractación de los trabajos —aunque esto deberían pedirlo las propias instituciones—, pero Czech se inclina por incorporar un aviso sobre su origen. “Deberían figurar en una base de datos de trabajos problemáticos”, opina. “Si alguien necesita la información científica, puede consultarla, pero sabiendo que se basa en víctimas del nazismo”, asegura.
Como parte de este proceso de restitución, las investigaciones han permitido alimentar una base de datos pública [https://www.mpg.de/25228979/victims-database-goes-online] donde ya figuran los nombres y biografías de cerca de 1.900 víctimas (a las 1.356 víctimas de “eutanasia” se suman otras 314 víctimas de otros grupos como prisioneros de guerra o judíos ejecutados en Polonia) para que familiares e investigadores de todo el mundo puedan consultar sus expedientes.
Asimismo, la Sociedad Max Planck ha creado una comisión presidencial de memoria dirigida por Elisabeth Binder [https://es.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Binder], directora en el Instituto Max Planck de Psiquiatría, que cuenta con la participación directa de descendientes de las víctimas y organizaciones de afectados para coordinar las sepulturas pendientes. “Nuestro objetivo principal ahora es proceder con transparencia e involucrar a todos los implicados, sobre todo a los descendientes de las víctimas”, afirma Binder. “Honrar a las víctimas, visibilizar sus destinos individuales y brindarles un entierro digno son aspectos fundamentales de este proceso”.
Fuente: elDiario.es