“¿Usted odia a su gobierno?”. La pregunta aparece en una de las escenas de “El juicio de los 7 de Chicago”, película que reconstruye el proceso judicial contra activistas que fueron juzgados tras las protestas del año 1968, en EE. UU.
La respuesta del activista abre una reflexión particularmente interesante: una cosa es creer en las instituciones de un país y otra muy distinta es estar de acuerdo con las personas que circunstancialmente las administran. Aquellos jóvenes protestaban contra la guerra de Vietnam y defendían su derecho a manifestarse frente a las decisiones de un gobierno que consideraban equivocadas. Su cuestionamiento no era necesariamente un rechazo a la democracia, sino una expresión de ella. Defendían la posibilidad de disentir, de manifestarse y de exigir que el poder político respondiera por sus decisiones.
Más de medio siglo después, esa escena adquiere una vigencia inquietante. Porque una de las grandes discusiones de nuestro tiempo es precisamente cómo defendemos la democracia, cómo preservamos nuestras instituciones y cómo distinguimos entre el Estado, sus autoridades y las decisiones de quienes ejercen transitoriamente el poder.
La confianza en las instituciones no significa adhesión permanente a quienes las conducen. Por el contrario, supone comprender que las instituciones están por encima de las autoridades de turno y que estas últimas tienen la obligación de estar a la altura de la responsabilidad que les ha sido encomendada.
Sin embargo, esa confianza puede deteriorarse rápidamente cuando quienes administran el Estado dejan de transmitir coherencia, responsabilidad y certezas. Un gobierno puede haber obtenido una mayoría electoral contundente y, aun así, experimentar un rápido deterioro de la confianza ciudadana. Ganar una elección entrega un mandato, pero no constituye una autorización para prescindir de la rendición de cuentas ni de la responsabilidad institucional.
La conducción de un gobierno también forma parte de la salud democrática. No resulta indiferente que un subsecretario contradiga públicamente al presidente de la República, que un ministro realice declaraciones que posteriormente deban ser desmentidas o precisadas por la máxima autoridad de otro poder del Estado, como la presidenta de la Corte Suprema. No estamos solamente frente a episodios de descoordinación o diferencias de interpretación. Estamos frente a situaciones que tensionan la confianza en las instituciones y en quienes tienen la responsabilidad de representarlas.
Las diferencias son legítimas y necesarias en democracia. Las autoridades tienen derecho a equivocarse, a disentir y a rectificar. El problema aparece cuando la ciudadanía deja de distinguir entre deliberación institucional y descoordinación, entre diversidad de opiniones y ausencia de responsabilidad pública.
En democracia, el ejercicio de la autoridad debe tener consecuencias. La rendición de cuentas no es un gesto voluntario ni una formalidad administrativa: es una condición esencial del ejercicio del poder. Cuando las declaraciones se contradicen, las responsabilidades se diluyen y pareciera que nadie debe responder por sus actuaciones, comienza a instalarse una sensación particularmente peligrosa: que quienes gobiernan pueden hacer lo que quieran.
La política se construye sobre confianzas. Y cuando estas comienzan a debilitarse, el problema deja de ser exclusivamente de un gobierno: alcanza la relación de la ciudadanía con el Estado y sus instituciones. Ese vacío puede convertirse en terreno fértil para los populismos, que suelen presentarse como una respuesta frente a instituciones que consideran incapaces de resolver los problemas de la ciudadanía. El riesgo aparece cuando, bajo la promesa de soluciones inmediatas y de una autoridad sin contrapesos, se termina debilitando aquello que sostiene a la democracia: la institucionalidad, la separación de poderes, los derechos y la responsabilidad pública.
Pero la defensa de la democracia también se expresa en las calles. El derecho a manifestarse, reunirse y expresar públicamente el desacuerdo constituye una garantía fundamental de toda sociedad democrática. No es una concesión de las autoridades ni un privilegio de quienes comparten una determinada posición política. Es un derecho que debe protegerse incluso y especialmente cuando las manifestaciones cuestionan las decisiones de quienes gobiernan.
Por eso, cuando desde el Estado se utilizan las fuerzas policiales para impedir, restringir injustificadamente o disolver manifestaciones pacíficas, no estamos solamente frente a un problema de orden público. Estamos ante una situación que compromete derechos fundamentales y debilita las condiciones necesarias para el ejercicio democrático.
Por supuesto, el Estado tiene la obligación de resguardar la seguridad de las personas y actuar frente a hechos de violencia, pero esa responsabilidad no puede convertirse en una justificación para limitar indiscriminadamente el derecho a la protesta. La diferencia entre mantener el orden público y restringir el ejercicio de las libertades ciudadanas es precisamente una de las pruebas más importantes de la calidad de una democracia.
Una ciudadanía que puede manifestarse, cuestionar y exigir respuestas sin temor a la represión ejerce una de las expresiones más importantes de su soberanía.
Defender la democracia es también defender la libertad de las personas para disentir, cuestionar, manifestarse y construir sus propias convicciones. Significa garantizar que nadie tenga que renunciar a sus derechos para expresar una opinión y que ninguna persona vea su dignidad vulnerada por discursos de odio que buscan convertir las diferencias en amenazas.
La democracia no pertenece a un gobierno, a un partido ni a una determinada corriente ideológica. Es una construcción colectiva que requiere instituciones sólidas, autoridades responsables y una ciudadanía capaz de ejercer su libertad con autonomía y pensamiento crítico.
Quizás por eso aquella pregunta de El juicio de los 7 de Chicago sigue siendo tan pertinente. Podemos cuestionar a nuestros gobiernos, exigir responsabilidades y desconfiar de quienes ejercen el poder sin renunciar por ello a nuestra confianza en las instituciones. Podemos manifestarnos contra una decisión gubernamental y, al mismo tiempo, defender el sistema democrático que nos permite hacerlo. Pero también debemos preguntarnos quién construye la información que consumimos, qué intereses hay detrás de ella y cuánto de lo que creemos conocer responde efectivamente a la realidad. Porque la pérdida de confianza en quienes gobiernan puede ser parte del ejercicio democrático. El verdadero peligro comienza cuando la desconfianza se extiende a todas las instituciones, cuando el ejercicio del poder parece quedar liberado de responsabilidades y cuando perdemos la capacidad de distinguir la verdad de la manipulación. La democracia no se defiende solamente en las urnas. Se defiende con instituciones fuertes, autoridades que respondan por sus actos y ciudadanos libres para pensar, informarse, manifestarse y decidir. Porque defender la democracia, ante todo, es defender el derecho de las personas a conocer la realidad, construir su propio juicio y vivir en una sociedad donde nadie esté por encima de las instituciones ni de la ley.
Fuente: El Mostrador