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Inicio » La lucha de un vocal por recuperar 110 mil m² de terrenos en Verón

La lucha de un vocal por recuperar 110 mil m² de terrenos en Verón

Diario LibrePor Diario Librenoviembre 18, 2026
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Uridy Marte, vocal de la Junta Distrital de Verón-Punta Cana, se ha dedicado a identificar y recuperar terrenos de dominio público que todavía permanecen en manos de particulares, una labor que costea de su propio bolsillo y para la cual se vale de letreros que, como guardianes solitarios, señalan la propiedad estatal.

Pero estos letreros son frágiles: los derriba la brisa; los cubre la maleza y, en algunos casos, son destruidos por desconocidos, mientras la alcaldía asegura que no dispone de recursos para cercar los solares y protegerlos de nuevas ocupaciones.

Marte ha identificado alrededor de 110,000 metros cuadrados (m²) de terrenos reservados para fines colectivos. Entregó a Diario Libre certificados de título de 11 parcelas que suman 65,566.03 m² y dos planos que elevan el total documentado a 70,432.32 m². La mayor parte de la superficie respaldada por títulos figura como dominio público o área verde. Hay terrenos ocupados, en litigio o sujetos a acuerdos de entrega voluntaria.

La búsqueda comenzó cuando varias instituciones pidieron terrenos para proyectos comunitarios. Marte, electo en 2024, dice que ni la Junta Distrital ni el Ayuntamiento de Higüey pudieron suministrarle un inventario. En Verón-Punta Cana, la Resolución 07/2012 del Ministerio de Turismo exige que las urbanizaciones comprendidas en su plan de ordenamiento territorial reserven el 10 % de su superficie para áreas verdes y el 2 % para áreas institucionales o de uso común.

Marte, abogado y empresario inmobiliario y turístico, reunió a representantes de la Iglesia católica, pastores evangélicos, agrimensores, un notario y miembros de la sociedad civil para rastrear títulos y planos. Según el funcionario, una visita de agrimensor puede costar entre 5,000 y 8,000 pesos, y cada valla, entre 6,000 y 8,000 pesos. Con las diligencias legales y notariales, el costo rondaría los 25,000 pesos por solar. Los profesionales de la comisión colaboran gratuitamente.

El vocal asegura que ha recibido intimidaciones y exigencias de abandonar las gestiones. Durante un recorrido por 10 solares, Diario Libre encontró dos letreros destruidos. Según Marte, era la segunda vez que dañaban uno. El otro estaba detrás del liceo Ramón Matías Mella, donde espera que pueda ampliarse el plantel.

Todos los terrenos recorridos estaban cubiertos de maleza, salvo el que ocupa y mantiene cercado una cooperativa. En otro solar se observó una vivienda de madera habitada por inmigrantes haitianos que, según Marte, se comprometieron a desalojarla voluntariamente en diciembre de 2026.

En Friusa, la Cooperativa Familiar de Viviendas y Servicios Múltiples del Este (Coopfvieste) acudió a los tribunales para impedir su desalojo de una parcela de 14,016.15 m², registrada como dominio público y destinada a área verde desde el 14 de octubre de 2010. Marte dice que la cooperativa no compareció ante la Junta de Vocales y que solicitaron la intervención del abogado del Estado.

En Bávaro, agrimensores evalúan ocupaciones en otros 28,027.64 m² registrados como dominio público y destinados a área verde desde 2010, según Marte.

«Cada administración tiene prioridades y la nuestra es hacer obras», dijo el director distrital, Ramón Antonio Ramírez (Manolito). Explicó que la oficina de Planeamiento Urbano comenzó a operar en febrero de 2026 y que muchos promotores nunca depositaron allí sus planos ni permisos. Alega que los litigios impiden inventariar inmuebles que aún no pertenecen formalmente a la institución.

Entre los documentos revisados hay títulos de dominio público desde 2010. La Ley 176-07 obliga a los gobiernos municipales a mantener un inventario valorado de sus bienes y derechos.

Marte asegura que la Junta de Vocales autorizó por unanimidad contratar abogados y que Ramírez no ha ejecutado la resolución. «Nosotros tenemos el consultor jurídico de la alcaldía y el abogado del Consejo de Regidores; no debemos nombrar más abogados externos para evitar que los pocos recursos de la alcaldía se vayan en abogados», expresó Ramírez.

«Poner un letrero de la alcaldía es prácticamente mandar a invadir los terrenos a cualquier desaprensivo», sostuvo Ramírez. Sobre el cercado, alegó que «la alcaldía no tiene recursos ni para hacer aceras en ocasiones, mucho menos para cercar solares». Ramírez afirmó que la alcaldía cuenta con agrimensores. Su firma es necesaria para formalizar las entregas y ya ha firmado documentos con ese fin.

Las diferencias entre ambos funcionarios se producen pese a que pertenecen al opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El municipalista Waldy Taveras explica que las áreas verdes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Las institucionales pueden seguir en manos privadas si se respeta el uso aprobado. Dos parcelas clasificadas como institucionales en sus planos suman 4,173.94 m² y tienen títulos a nombre de particulares.

Tras casi dos años de gestiones, Marte obtuvo contratos de donación de tres parcelas de T. S. Hipotecaria que suman 8,085.05 m². Dos, de 5,874.90 m² en conjunto, figuran como áreas verdes en los planos y están tituladas a nombre de la empresa. La tercera figura como área institucional.

Marte identificó terrenos para una escuela bilingüe y para la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). Ramírez dice que ambos proyectos siguen pendientes de aprobación y que el solar previsto para la Digesett sigue a nombre de un particular. La alcaldía lleva diez años pagando el alquiler del local de esa institución. Taveras advierte que las áreas verdes de dominio público no admiten escuelas, hospitales ni destacamentos.

El reglamento de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, aprobado por el Decreto 486-25, exige reservar al menos el 10 % de las nuevas urbanizaciones para áreas verdes. Marte estima, sin que se haya comprobado, que en Verón-Punta Cana se reservaron entre 500,000 y 700,000 m² para usos colectivos. Según Taveras, se desconoce la magnitud de ese patrimonio municipal en el país por falta de estadísticas nacionales.

La experiencia de Verón-Punta Cana plantea la necesidad de investigar el paradero de los terrenos reservados por los desarrolladores inmobiliarios en el resto del país, cuya recuperación dependerá, en buena medida, del interés de las alcaldías en identificarlos, reclamarlos y protegerlos.

Fuente: Diario Libre

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