La Cámara de Diputados abrió la discusión de posibles cambios a su reglamento para contener el desorden en las sesiones, luego de la acalorada tramitación del Presupuesto 2027. Entre las ideas que se han puesto sobre la mesa figuran prohibir el uso de teléfonos celulares en la sala y limitar las intervenciones de los parlamentarios. La primera propuesta, impulsada por el diputado Pier Karlezi (PNL), aún no cuenta con acuerdo.
El debate presupuestario terminó tras 21 horas de sesión y el despacho del proyecto al Senado pasadas las seis de la mañana. Según cifras consignadas por El Mostrador, en la Cámara se presentaron 2.242 indicaciones, frente a menos de 1.500 durante la tramitación del Presupuesto 2026. La publicación señala que cientos fueron consideradas improcedentes o inadmisibles y que parte importante se habría redactado con inteligencia artificial, de acuerdo con las declaraciones exigidas por la Cámara desde septiembre.
La discusión estuvo marcada también por llamados al orden, multas y la suspensión de una sesión debido a descalificaciones. El uso de celulares se hizo visible durante las votaciones: algunos diputados transmitieron mensajes y arengas a sus seguidores. El Mostrador describió, además, una falta de diálogo y consignó que siete partidas, entre ellas las de Educación e Interior, llegaron al Senado sin recursos, luego de que sectores de la oposición rechazaran partidas completas.
La eventual restricción a los teléfonos fue cuestionada en la sala por el diputado Agustín Romero (Partido Republicano), quien pidió a la secretaría analizar si la medida podría vulnerar la garantía constitucional de libertad de opinión e información y dar lugar a un recurso de protección. La iniciativa fue abordada mediante un punto de reglamento antes del inicio de la orden del día, sin que se resolviera entonces la discusión sobre su viabilidad.
El proyecto presupuestario seguirá ahora en el Senado y deberá volver a la Cámara; si persisten las diferencias, podría ser revisado por una comisión mixta. En paralelo, las propuestas para regular el funcionamiento de las sesiones anticipan un debate entre quienes buscan evitar nuevas interrupciones y quienes cuestionan las restricciones al uso de herramientas de comunicación parlamentaria.
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