Santo Domingo. – El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional condenó a tres años de prisión a Miguelina Bello Segura, procesada por su vinculación con la red acusada de sustraer y vender ilegalmente municiones y pertrechos de la Policía Nacional, desmantelada mediante la Operación Pandora en noviembre de 2024.
La sentencia, dictada por la jueza Kenya Romero tras homologar un acuerdo con el Ministerio Público, dispone la suspensión de la mitad de la pena bajo determinadas condiciones. En consecuencia, Bello Segura deberá cumplir un año y seis meses de prisión domiciliaria y acatar las reglas establecidas durante el período de suspensión.
Entre las condiciones figuran permanecer en un domicilio fijo e informar cualquier cambio de residencia al Ministerio Público y al juez de Ejecución de la Pena. También tendrá que abstenerse de viajar al extranjero sin autorización judicial, portar armas de fuego y abusar del consumo de bebidas alcohólicas, además de presentarse mensualmente ante la autoridad correspondiente.
La procesada admitió los hechos que le atribuye el Ministerio Público y manifestó su disposición de colaborar con las autoridades. La decisión también contempla el decomiso de los accesorios incautados. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 5 de noviembre de 2026, a las 3:00 de la tarde.
En septiembre pasado, Marino Antonio Rodríguez Toribio fue condenado a cinco años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario. Asimismo, se dispuso el cierre definitivo de la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L., que representaba, una multa equivalente a 10 salarios mínimos del sector público y el decomiso de bienes incautados.
Por otro lado, el tribunal ordenó la apertura a juicio contra el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional; el capitán Nelson Valdez, quien dirigía el depósito de armas, municiones y pertrechos, y otros implicados.
Entre estos últimos figuran Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez. A varios de los acusados se les sustituyó la prisión preventiva por una garantía económica de RD$500,000 mediante una compañía aseguradora, impedimento de salida del país sin autorización judicial y presentación periódica ante el Ministerio Público. En el caso de Santos Rodríguez, se mantuvieron las medidas de coerción que ya tenía impuestas.
Según el expediente del Ministerio Público, la estructura habría provocado un perjuicio económico al Estado de RD$92,191,732.92, mediante la sustracción de miles de municiones y pertrechos que estaban bajo custodia de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional durante la gestión de Féliz Romero.
La acusación sostiene que los involucrados habrían participado en maniobras para sustraer bienes pertenecientes a la institución y comercializarlos ilegalmente con el propósito de obtener beneficios económicos.
Los procesados enfrentan cargos por presunta coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, además de infracciones a la Ley 631-16 sobre armas y a la Ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Fuente: El Día