Un nuevo foco de tensión se abrió en la oposición.
El acuerdo al que arribaron los representantes de la Democracia Cristiana, el Partido Comunista y el Partido por la Democracia con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco de la discusión del Presupuesto de la Nación desató la furia del Partido Socialista.
Con la amenaza de la acusación constitucional que habían lanzado los senadores Daniel Núñez (PC) y Daniella Cicardini (PS) al jefe de la billetera fiscal por no contemplar los recursos al Fondo Autónomo de Protección Previsional, el ministro cedió y, a cambio, logró aprobar uno de los temas centrales que presentó La Moneda en su proyecto original: autorizar al país a contraer una deuda de US$25.000 millones.
En ese contexto, ayer Quiroz abrió la segunda jornada de debate con un “regalo anticipado de Navidad”, según bromeaban algunos legisladores.
Al inicio de la sesión, el jefe económico pidió la palabra para anunciar que el Ejecutivo había decidido revertir su negativa inicial y que incorporaría una asignación dentro de la partida del Tesoro Público para conceder un aporte de 160 millones de dólares al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).
Ese anuncio y otras concesiones en materia de Salud, de Educación y de programas de DD.HH. ayudaron a descomprimir el debate presupuestario.
Con ello, la sensación que había en el Senado era que Quiroz ya tenía un principio de acuerdo para despachar el erario nacional a ley.
El acuerdo al que arribó el ministro Quiroz con la DC, el PC y el PPD, sin embargo, causó molestia en el Partido Socialista, colectividad desde la cual no dudaron en lanzar sus dardos a los senadores que pactaron con Hacienda.
El senador Gastón Saavedra (PS) aseguró que “cada uno tiene que dar cuenta de sus decisiones y de los pasos que da. El PS tiene un estilo, una forma y hemos querido funcionar como oposición y en eso hemos estado”.
Y añadió: “El presupuesto es el que permite que el país funcione durante el año y ahí hay que actuar con la madurez y el compromiso social que uno estima”.
La senadora Cicardini, por su parte, sostuvo: “El PS ha actuado en coherencia a la oposición a Kast”.
Junto con ello, aseguró que “lo del FAPP no fue parte de ninguna negociación, porque Quiroz estaba obligado por ley a asegurarlo”.
Y lanzó: “Me cuesta entender esta nueva alianza de senadores de oposición con el señor Quiroz”.
Los representantes del PS en la Cámara de Diputados también reaccionaron molestos, pues fue en el trámite que se dio en esta corporación donde la oposición logró rechazar el endeudamiento.
El diputado Daniel Manouchehri afirmó que “en la Cámara la oposición actuó unida en este sentido y los parlamentarios que en el Senado hayan respaldado al señor Quiroz van a tener que responder”.
“El ministro de Hacienda que ha empobrecido al país, que ha generado un gasto de transferencia indirecta al 1% más rico de más de 4 mil millones, no hay ninguna justificación para aprobarle mayor endeudamiento. Tendrán que ser ellos, los que aprobaron, los que tendrán que explicar lo que pasó”, agregó el representante por Coquimbo.
Su par de bancada, Marcos Ilabaca, en tanto, señaló que “en la Cámara de Diputados nosotros logramos llevar adelante un trabajo conjunto con todas las bancadas de oposición en orden a colocar todos los temas que nos interesan en la ley de Presupuesto, y generando la única herramienta que teníamos para negociar con el gobierno, que era la deuda pública a través de esta norma de quórum”.
“Y este acuerdo transversal que logramos —agregó Ilabaca—, con el cual esperábamos obtener algunos beneficios para la ciudadanía, hoy día el Partido Comunista, la Democracia Cristiana y el PPD lo echan por la borda”.
“La única forma en que la oposición tenía alguna herramienta para aumentar algunas herramientas que nos interesan era esa norma, y el PC, la DC y el PPD, de manera inentendible, le entrega el apoyo en este Senado”, se lamentó Ilabaca.
La decisión de parte de la oposición también generó molestia en el Frente Amplio, que, no obstante, hasta el cierre de esta edición, no había hecho ninguna declaración pública al respecto.
El artículo 3, repuesto mediante una indicación del Ejecutivo, autoriza al Presidente de la República a “contraer obligaciones” en Chile o el extranjero por hasta US$25.000 millones, por concepto de endeudamiento, monto que incluye amortizaciones e intereses de la deuda fiscal y que se incorpora a los Ingresos Generales de la Nación.
La disposición también contempla una autorización adicional para contraer obligaciones en el país o en el exterior por hasta US$600 millones, o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.
Para ejercer estas facultades, el Ejecutivo podrá emitir y colocar bonos y otros instrumentos de deuda, tanto en moneda nacional como extranjera.
El articulado establece, además, que determinadas obligaciones amortizadas durante el ejercicio presupuestario 2027, así como aquellas destinadas al pago anticipado de deudas contraídas en ejercicios anteriores, no serán consideradas en el cálculo del margen de endeudamiento, en los términos establecidos por la propia norma.
Asimismo, la autorización deberá ejercerse mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los que se identificará el destino específico de las obligaciones contraídas y las fuentes de recursos para el servicio de la deuda.
Las copias de estos decretos deberán ser enviadas a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los 15 días siguientes a su total tramitación.
Fuente: La Tercera

