Y a 23 días de colocar las urnas la corrupción entró en campaña. Este era un escenario temido para el Gobierno que, hasta el accidente de Urda, se felicitaba de haber conseguido imponer marcos favorables en los primeros compases de la contienda tras el adelanto … electoral. En Moncloa eran conscientes de que anticipar los comicios entrañaba un alto riesgo político. Se hizo desde la «oportunidad» que brindaron las movilizaciones sociales por el desahucio de Maricarmen y el rechazo —por una mayoría de derechas— a los dos decretos de vivienda en el Congreso; sin embargo, en la sala de máquinas socialista asumían que sería complicado sostener el nivel de tensión social y foco mediático en los 54 días que mediaban desde que se pulsaba el botón nuclear de las elecciones hasta que finalmente se produjera la votación.
Este contexto beneficioso —pensiones, vivienda, movilizaciones en defensa de la educación pública o aborto— se ha volteado por completo. En primer término, de la forma más abrupta y dolorosa posible con el accidente ferroviario de Urda [https://www.abc.es/espana/accidente-urda-convulsiona-29n-psoe-hunde-desanimo-20261101013929-nt.html], que se ha saldado con 69 víctimas mortales, y, ahora, con un nuevo goteo de decisiones judiciales que hace virar el foco de la arena política a la de los tribunales. En el Gobierno se quejan de lo que ya consideran una «rutina judicial», esto es, que estas actuaciones siguen un patrón para perjudicar al Ejecutivo. No quieren hablar de ‘lawfare’ pero deslizan una concertación entre juzgados a diferentes niveles que se encuadra dentro de la persecución. Ya sea eclipsando viajes internacionales, comparecencias públicas o hitos trascendentes como la visita del Papa.
En el entorno de Pedro Sánchez incluso ironizan con la poca vigencia de aquella norma no escrita que suponía que las decisiones judiciales se paralizaban en periodo electoral para no influir en los resultados. «Aquello de que los tiempos judiciales son unos y los políticos otros, ¿no?», señalan, exhibiendo una media sonrisa. De este modo, en Moncloa evitan entrar al choque frontal y se limitan a tratar de restar trascendencia a las últimas actuaciones en el marco del caso Koldo, intentando desvincular al presidente del Gobierno del detenido Cristian Corvillo, identificado como su chófer en las primarias.
«No conocemos a esa persona ni tenemos relación con ella», sentencian, en la línea que ya marcó el propio Sánchez en su comparecencia ante los medios, tras clausurar la XXX Cumbre Iberoamericana el jueves. La estrategia pasa por tratar de minimizar el impacto que puede llegar a tener el resurgir de la corrupción vinculada a José Luis Ábalos en campaña. «Es una investigación que lleva varios años», recuerdan, rechazando que su reactivación suponga un «revés» para las elecciones. El principal desafío al que se enfrentan los socialistas de cara a las urnas es la desactivación de los suyos y los escándalos vinculados al Ministerio de Transportes tienen un efecto demoledor en el ánimo de las huestes progresistas.
Por ello, el discurso gubernamental contrasta con el que se emite a nivel de partido, donde son mucho más explícitos y sí reconocen el impacto negativo que tienen las últimas noticias. Para tratar de paliarlo, alimentan las tesis de la intervención desde el ‘Estado profundo’ contra el Gobierno. Un argumento victimista que ha permeado en el electorado y que se utiliza a conveniencia, según el nivel de necesidad. «¡Qué casualidad! Justo cuando empezábamos a levantar cabeza», señalan, en alusión al pulso que volvía a recuperar el partido, tras el durísimo accidente de Urda, que les dejó absolutamente noqueados. Para estas fuentes socialistas, la dimisión de Óscar Puente suponía una bocanada de oxígeno para tratar de insuflar ánimo a los suyos y creen que, con estas actuaciones, se busca volver a aplacar cualquier estímulo.
Más allá del impacto que Ábalos —al que en la dirección del partido dan por «amortizado»— tenga en la desmovilización del electorado progresista, hay otra investigación que permite conectar los dos focos de desgaste: la corrupción y el accidente ferroviario. La Fiscalía Europea investiga irregularidades en el mantenimiento de la línea Madrid-Sevilla [https://www.abc.es/espana/fiscalia-europea-abre-investigacion-posible-fraude-fondos-20261106102105-nt.html] y en los trabajos para actualizar el sistema LZB al nuevo ERTMS, que pudo provocar el siniestro de Urda del pasado 28 de octubre. El organismo desplegó el pasado viernes una operación con requerimientos de información en las sedes de Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y el Tribunal de Cuentas ante las sospechas de un posible fraude de fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad en la línea de tren en la que se produjo el accidente de Urda.
Fuentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado personadas en el gestor ferroviario y en el Tribunal de Cuentas revelaron a ABC que el requerimiento de información realizado por parte de la Fiscalía Europea se fundamenta en la sospecha de irregularidades en las empresas adjudicatarias del contrato de mantenimiento de la línea Madrid-Sevilla. Si finalmente se consolidara la tesis de que detrás del accidente puede haber un desvío de los recursos para acometer las mejoras necesarias de la infraestructura, esto impactaría directamente sobre la línea de campaña que el PSOE quiere establecer para remontar la tragedia: enfocarse en la gestión. De este modo, se anularía la línea de defensa de que «ni por acción ni por omisión» el Gobierno tuvo ninguna responsabilidad en el accidente y condicionaría también el relato de la «dignidad política» en la rendición de cuentas y en ensalzar la dimisión de Óscar Puente como gesto. En Moncloa consideran que con la salida del ministro la crisis comenzaba a reconducirse y esto la reactivaría.
En la semana de arranque de campaña, el Gobierno quiere volver a poner la vivienda en el foco. A la huelga general que se ha convocado el miércoles 11 de noviembre, el Ejecutivo suma la votación en la Diputación Permanente de los dos decretos que tras decaer en el Congreso promovieron el adelanto electoral. Los textos, con alguna incorporación, recuperan el grueso de medidas que decayeron a principios de octubre y buscan recuperar un impulso desde la política que ha quedado superado por la irrupción de debates perjudiciales para el Ejecutivo como la corrupción y la tragedia ferroviaria.
Fuente: ABC