Cada verano volvemos a contar aviones, brigadas y recursos para combatir incendios. Y está bien que el Estado se prepare. Pero hay una pregunta que casi siempre dejamos para después: ¿qué hicimos para que el fuego no llegara a las casas?
Esta semana, la discusión de la ley de incendios forestales dejó una señal preocupante. La Cámara aprobó el informe de la comisión mixta con 77 votos favorables, pero dos disposiciones que necesitaban 78 quedaron fuera. Una se relacionaba con atribuciones judiciales; la otra buscaba facilitar cambios en la planificación territorial para proteger sectores expuestos al fuego.
No significa que la ley haya sido rechazada. Tampoco que desapareciera la notificación a propietarios de predios en zonas de riesgo. Esas precisiones importan. Lo que debemos discutir es si las autoridades tendrán herramientas suficientes para hacer cumplir las medidas preventivas.
Porque avisarle a alguien que su terreno presenta un riesgo es necesario, pero no basta. Si las medidas no se ejecutan, si nadie verifica su cumplimiento o si actuar toma meses, la prevención llega tarde. Y cuando hablamos de incendios, llegar tarde puede significar perder una casa o una vida.
El ministro de Agricultura, Jaime Campos, anunció un veto sustitutivo para abordar las compensaciones a propietarios y los recursos de los municipios. Ambos asuntos merecen una discusión seria. No podemos entregar nuevas tareas a los municipios sin financiamiento, ni desconocer que ciertas afectaciones extraordinarias de la propiedad pueden requerir compensación. Pero el ministro tiene que responder algo más: ¿con qué facultades concretas contará el Estado para prevenir y exigir que se cumpla la ley?
Hay una discusión de fondo que no deberíamos esquivar. La propiedad entrega derechos, pero también impone deberes. Nadie puede desentenderse de un riesgo conocido en su terreno cuando ese riesgo amenaza a sus vecinos. Pedir medidas razonables de cuidado no es confiscar la propiedad. Es entender que vivimos con otros y que nuestros derechos tienen consecuencias para los demás.
En La Araucanía conocemos bien el costo de esa discusión. Un incendio no solo destruye árboles. Puede llevarse una vivienda construida con años de esfuerzo, las herramientas de un pequeño agricultor o el trabajo de toda una familia. En sectores rurales, además, las distancias y los caminos hacen más difícil responder a tiempo. Por eso prevenir también es proteger el progreso de las familias.
No necesitamos otra temporada de anuncios. Necesitamos saber qué zonas habitadas están más expuestas, qué trabajos preventivos faltan y quién debe hacerlos. El Ejecutivo debería explicar, antes de que avance la temporada, qué facultades de fiscalización y cumplimiento quedarán después del veto. Y las autoridades forestales, junto con los municipios, debieran informar las medidas prioritarias, sus responsables y sus plazos.
Eso permitiría algo bastante simple: que los vecinos puedan comprobar si la prevención se está haciendo o si seguimos esperando a que ocurra una tragedia para actuar.
Chile necesita brigadas bien equipadas y una respuesta rápida. Pero ninguna cantidad de aeronaves reemplaza el trabajo que debió hacerse meses antes. Si queremos una ley que de verdad proteja a las personas, no basta con escribir obligaciones: hay que asegurar que puedan cumplirse y exigirse.
De lo contrario, tendremos una ley de incendios con buenas intenciones, pero sin dientes para prevenir.
Fuente: El Mostrador