Durante buena parte del siglo XX, la respuesta parecía evidente. La universidad formaba profesionales, producía conocimiento y certificaba capacidades en sociedades donde la educación superior era todavía relativamente selectiva. Su autoridad descansaba, por lo tanto, en el desarrollo de esas funciones y en la escasez relativa, ya que pocas instituciones podían otorgar títulos, organizar la investigación avanzada y reunir comunidades especializadas de conocimiento. Sin embargo, ese mundo ya no existe más.
La educación superior se masificó, los sistemas se diversificaron y la universidad dejó de ocupar una posición casi exclusiva en la producción y transmisión del saber. Hoy convive con empresas tecnológicas, centros de investigación, plataformas digitales, organismos internacionales y, más recientemente, sistemas de inteligencia artificial capaces de producir y distribuir conocimiento a una escala desconocida. La paradoja es evidente: cuanto más importante se vuelve el conocimiento para la economía y la sociedad, menos exclusivo resulta el papel de las universidades en administrarlo.
Por eso la pregunta ya no puede ser simplemente cuántos estudiantes ingresan o cuántos títulos se entregan. En sistemas masificados, el desafío cambia de naturaleza. Importan la calidad de los aprendizajes, la capacidad de producir conocimiento relevante, la diferenciación entre instituciones y, sobre todo, el valor que cada universidad logra agregar a sus estudiantes y a la sociedad.
También cambia la relación con el Estado y con la ciudadanía. Durante décadas, las universidades pudieron apoyarse en una importante reserva de legitimidad institucional. Hoy esa confianza es más condicional. Gobiernos, familias y estudiantes preguntan cuánto cuesta estudiar, qué resultados obtiene quien se gradúa, qué investigación se produce y qué retorno social generan los recursos invertidos. Esa exigencia es razonable, pero contiene otra paradoja. Mientras más se obliga a las universidades a demostrar resultados inmediatos, mayor es el riesgo de debilitar aquellas funciones cuyo valor sólo aparece en el largo plazo, tales como la ciencia básica, las humanidades, la creación, la reflexión crítica y la formación ciudadana.
La inteligencia artificial vuelve todavía más visible esta transformación. En efecto, si transmitir información deja de ser una función escasa, entonces la universidad tendrá que concentrarse en aquello que no puede reducirse a entregar respuestas. Su rol se eleva y debe, en consecuencia, formar juicio, enseñar a distinguir evidencia de opinión, producir conocimiento nuevo y desarrollar capacidades para desenvolverse en sociedades cada vez más complejas.
Chile no está fuera de este cambio histórico. Financiamiento, acreditación, duración de las carreras, empleabilidad, investigación o regulación suelen discutirse separadamente, cuando en realidad forman parte de una misma pregunta: ¿qué tipo de sistema universitario necesita una sociedad que ya universalizó las expectativas de educación superior, pero todavía no ha resuelto qué espera de sus universidades?
El problema, entonces, no es si la universidad sobrevivirá. Probablemente lo hará. Las instituciones pueden sobrevivir mucho tiempo después de que cambian las razones que las hicieron necesarias. La pregunta relevante, sin embargo, es otra y consiste en resolver qué universidades seguirán siendo socialmente indispensables y cuáles simplemente seguirán existiendo.
Fuente: El Mostrador