Santo Domingo.- Las muertes de presuntos delincuentes a manos de agentes policiales bajo los denominados «intercambios de disparos» [https://eldia.com.do/antonio-marte-sobre-los-intercambios-de-disparos-estan-no-queremos-que-maten-a-nadie/] constituyen una grave alteración institucional en el país, según denunció el exfiscal del Distrito Nacional José Manuel Hernández Peguero al calificar estos operativos como un retroceso que compromete la imagen del Poder Ejecutivo ante la sociedad dominicana.
El jurista cuestionó la efectividad de las transformaciones internas en los cuerpos de seguridad, advirtiendo que las ejecuciones cometidas durante los operativos armados contradicen los cuantiosos recursos económicos destinados a la modernización institucional que promueve la actual gestión gubernamental.
Durante su intervención en el programa matutino El Día, que transmite Telesistema canal once, el exfuncionario judicial aseguró categóricamente que «para mí una tragedia y lo segundo es que va a marcar a este gobierno y a su presidente de una manera muy lastimosa en su reputación», censurando la falta de controles sobre estos eventos.
Al abordar el número de víctimas registradas en estos hechos violentos, el jurista afirmó enfáticamente que la sociedad dominicana enfrenta «más de 200 muertes en este tipo, en esta salvajada que impone más que todo una violencia desmedida, a pesar de los 8,000 millones de pesos gastados en una reforma policial».
El profesional del derecho denunció además la sistemática manipulación de las pruebas en los lugares de los hechos, asegurando que los uniformados actúan «no tan solo matando, sino lavando la escena del crimen, recogiendo el cadáver y tirándolo a una camioneta», vulnerando gravemente los protocolos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Respecto a los procesos judiciales en los tribunales del país, el entrevistado cuestionó la labor investigativa al preguntarse «con qué calidad moral puede un fiscal presentar a estas personas del Dicrim para poder sustentar una acusación», cuando son los mismos agentes que alteran las evidencias en los operativos.
En torno al rol de las autoridades persecutoras, Hernández Peguero reprochó la pasividad institucional indicando que la Procuraduría «tan pronto ocurrieron los cinco primeros asesinatos de este tipo debió elevar su voz y trazar una raya que diferencie su accionar de todo lo que está ocurriendo» en el territorio nacional.
El exrepresentante del Ministerio Público alertó sobre las secuelas del uso de la fuerza desproporcionada, advirtiendo de forma concluyente que «la violencia es educacional y es imitativa, y se aprende», razón por la cual responder con letalidad institucional estimula una mayor resistencia y agresividad en los sectores delictivos.
Fuente: El Día