Donald Trump hizo de la inmigración una de sus principales armas electorales. Dos años después, las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026 dejaron una paradoja difícil de ignorar: la misma política migratoria que contribuyó a llevarlo nuevamente a la Casa Blanca se convirtió en uno de los factores de desgaste de su administración. Los demócratas recuperaron el control del Congreso y parte del electorado latino que había respaldado a Trump en 2024 modificó su posición.
No fue únicamente la inmigración: la economía y el costo de la vida tuvieron un peso decisivo. Pero el mensaje es claro: una cosa es exigir control fronterizo y otra aceptar sin cuestionamientos las consecuencias de una política de deportaciones masivas.
Desde una perspectiva jurídica, el debate es bastante más profundo que la confrontación entre republicanos y demócratas. El derecho soberano de un Estado a controlar sus fronteras no equivale a una autorización para actuar sin límites. La legalidad, el debido proceso y la proporcionalidad no son obstáculos para una política migratoria eficaz, sino condiciones de su legitimidad.
Cuando la expulsión de extranjeros se transforma en un indicador de éxito político, corremos el riesgo de olvidar que detrás de cada procedimiento administrativo existen derechos, vínculos familiares, relaciones laborales y obligaciones jurídicas que el Estado no puede simplemente desconocer.
Pero hay una dimensión que América Latina, y particularmente Chile, no debería pasar por alto. Las decisiones migratorias de Washington no terminan en la frontera estadounidense. Sus efectos se proyectan sobre nuestra región, modifican expectativas de movilidad, afectan la contratación internacional y pueden trasladar presiones migratorias hacia otros países.
Una política de endurecimiento sin coordinación regional no elimina necesariamente la migración: puede cambiar sus rutas, sus destinos y sus condiciones de vulnerabilidad. Para Chile, la lección no consiste en reproducir modelos extranjeros, sino en comprender que seguridad fronteriza, movilidad laboral, cooperación internacional y certeza jurídica deben formar parte de una misma estrategia.
Después de más de treinta años vinculada al derecho y la movilidad internacional, considero que el verdadero desafío no es decidir entre fronteras abiertas o cerradas. Esa es una simplificación que empobrece cualquier discusión seria. La pregunta es si los Estados serán capaces de gobernar la migración sin convertirla permanentemente en un instrumento electoral.
Las elecciones estadounidenses recuerdan que las políticas migratorias tienen consecuencias que exceden el período de un gobierno y que los electores también pueden exigir cuentas por su aplicación. Porque una frontera puede cerrarse por decisión política, pero las consecuencias humanas, económicas y diplomáticas de esa decisión no desaparecen con el siguiente resultado electoral.
Fuente: El Mostrador