Europa está en guerra, aunque todavía no quiera reconocerlo. No hay columnas de tanques avanzando hacia Berlín, ni tropas extranjeras desembarcando en las costas francesas, ni misiles destruyendo edificios en Roma. Sin embargo, una sucesión de ciberataques, incursiones de drones, amenazas de bomba y operaciones de sabotaje está alterando la vida cotidiana de miles de europeos. Las armas son diferentes, pero sus consecuencias pueden resultar igualmente inquietantes, con pérdidas económicas, interrupción de servicios esenciales, incertidumbre y, sobre todo, miedo.
Es la llamada guerra híbrida, una confrontación que combina operaciones cibernéticas, sabotajes, desinformación e intimidación para debilitar a un adversario sin necesidad de invadir su territorio. Se desarrolla en esa zona gris entre la paz y la guerra, donde resulta difícil identificar a los responsables y todavía más complicado determinar cómo responder.
Los ejemplos recientes son reveladores. En Francia, durante octubre, un ciberataque alteró los sistemas de refrigeración de unos 700 supermercados, provocando la pérdida de toneladas de alimentos. A comienzos de noviembre, una nueva ofensiva afectó establecimientos comerciales en distintos países europeos y, además, alcanzó a tres centros regionales de almacenamiento de sangre franceses.
Aunque las reservas pudieron ser trasladadas a equipos seguros, el episodio dejó al descubierto una vulnerabilidad inquietante: un atacante situado a miles de kilómetros puede poner en riesgo servicios indispensables para la población.
Alemania tampoco ha escapado a estas amenazas porque las reiteradas incursiones de drones cerca de aeropuertos e instalaciones militares han obligado a suspender operaciones y movilizar costosos dispositivos de seguridad.
Italia experimentó otra variante de esta confrontación cuando, durante dos días consecutivos, alrededor de 10.100 mensajes de amenaza de bomba llegaron a establecimientos escolares. Las primeras alertas provocaron numerosas evacuaciones, suspensión de clases y angustia entre estudiantes, profesores y familias. Y aunque no se encontraron explosivos, bastaron unos correos electrónicos para alterar el funcionamiento de miles de escuelas y sembrar temor entre sus comunidades.
Durante mucho tiempo, la Unión Europea ha interpretado estas agresiones principalmente como parte de la estrategia rusa para debilitar a los países que apoyan a Ucrania. Y existen antecedentes suficientes para tomar seriamente esa hipótesis. Sin embargo, atribuir automáticamente todos los incidentes a Moscú sería un error.
Por ejemplo, Francia ha señalado a la Guardia Revolucionaria de Irán como responsable de los ataques contra los sistemas de refrigeración de sus supermercados, acusación que Teherán rechaza. Entonces, esto introduce un elemento adicional: Europa podría estar enfrentando operaciones de distintos actores que, pese a perseguir objetivos diferentes, han descubierto las mismas vulnerabilidades. Y aunque no existe evidencia pública suficiente para atribuir todos estos episodios a una campaña coordinada, sus efectos acumulativos resultan igualmente preocupantes.
La paradoja es que, mientras los gobiernos europeos refuerzan sus fronteras físicas y discuten cómo prepararse para una eventual agresión militar, parecen olvidar que en el siglo XXI también existen fronteras digitales. Son invisibles, pero igualmente importantes para la seguridad y la soberanía de los Estados. Y están siendo vulneradas constantemente. Después de todo, un ataque informático puede atravesar continentes en segundos, paralizar servicios esenciales y provocar daños sin que un solo soldado extranjero haya cruzado la frontera.
Lo más inquietante es que estas operaciones podrían representar apenas una primera etapa. Hoy son supermercados, aeropuertos o establecimientos educacionales. Mañana podrían ser redes eléctricas, sistemas bancarios, hospitales, centros de datos o cables submarinos de comunicaciones.
Una interrupción prolongada del suministro eléctrico puede paralizar una ciudad; un ataque contra las redes financieras puede impedir millones de transacciones y el sabotaje de infraestructuras digitales puede afectar simultáneamente comunicaciones, transportes y servicios públicos. No hace falta destruir físicamente una instalación para dejarla fuera de funcionamiento.
Naturalmente, un ciberataque no equivale en sus consecuencias humanas a un bombardeo. Pero, dependiendo de su objetivo y magnitud, puede producir efectos estratégicos comparables, como paralizar actividades, desorganizar servicios esenciales y quebrar la confianza de una sociedad en su propia seguridad. El propósito no siempre es derrotar militarmente a un país, sino convencer a sus ciudadanos de que el Estado ya no puede protegerlos.
Europa lleva años preguntándose si Rusia (u otro país) podría extender la guerra de Ucrania hacia territorio de la OTAN. Es una preocupación legítima, pero quizá está formulando la pregunta equivocada. El desafío no consiste únicamente en prepararse para una eventual invasión, sino en reconocer que ya enfrenta agresiones destinadas a desgastar su estabilidad, poner a prueba sus instituciones y erosionar la confianza de sus ciudadanos.
Fuente: El Mostrador