La noticia sobre la demanda de la Tesorería a la empresa del jefe del Segundo Piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval, por incumplimiento en el pago de derechos de agua de Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A., le abre al personero de Gobierno un eventual foco de conflicto con el Ejército, debido a que la compañía tiene un contrato de arrendamiento de terrenos con la institución, que incluye también la utilización de recursos hídricos.
Un contrato suscrito en 2016 extendió –hasta junio de 2047– el arrendamiento de terrenos militares a la sociedad constituida por Alejandro Irarrázaval y el agricultor Rafael Jordán, como informó El Mostrador en junio pasado. El acuerdo incluyó más de 300 hectáreas, derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas, pozos y cuatro vertientes. El contrato, sin embargo, contiene una causal de incumplimiento, en caso de que no se cancelen los derechos o patentes asociadas al aprovechamiento del recurso.
El no pago de los derechos a la Dirección General de Aguas (DGA), revelado por un reportaje de T13, hoy tiene a la empresa ad portas del remate público de los recursos hídricos, luego de que la DGA informara que 133 empresas o personas naturales no habían pagado las patentes de aprovechamientos de aguas, entre ellas, la de Irarrázaval.
Esta situación dejaría al Ejército en una situación desmedrada, pues los derechos de agua saldrían a remate si es que este no activa la cláusula de incumplimiento, lo que podría dejar sin el valioso recurso al Estado –entendiendo que la institución es un organismo subordinado– en una zona particularmente afectada por la escasez hídrica.
El no pago de los derechos de agua denunciados por la DGA llevó a la Tesorería General de la República a interponer una demanda ejecutiva por el cobro de patentes en el 24° Juzgado Civil de Santiago, buscando recaudar unos $397 mil millones.
La empresa agrícola alcanzó una deuda de $149 millones en el año 2024, en un litigio que mantiene con la DGA desde el año 2017, y que busca declarar la prescripción del cobro de patentes por no uso, intentando anular las deudas, que incluyen los montos de mora por incumplimiento, cuyos pagos solo se habrían cancelado durante los años 2016 y 2018.
Pese a que Alejandro Irarrázaval en la actualidad no sería socio personal de la compañía, al menos dos sociedades en las que él todavía figura participan de la malla societaria que administra la firma agrícola: Río Colina S.A. e Inversiones San Juan Limitada. Cabe consignar que el hombre fuerte del Gobierno de Kast trabajó en la empresa en cuestión hasta octubre de 2025.
El problema para el jefe del Segundo Piso radica en los contratos firmados por su empresa con el Ejército. El primero de ellos, suscrito el 11 de agosto de 2006, fue un contrato de arrendamiento con el Comando de Apoyo Administrativo del Ejército. El acuerdo le permitió a la compañía ocupar 160 hectáreas de la Hacienda Peldehue, terreno colindante con la actual Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, también conocida como Regimiento Peldehue, tal como informó un reportaje de la Unidad de Investigación de El Mostrador. [https://www.elmostrador.cl/unidad-de-investigacion/2026/06/08/alejandro-irarrazaval-el-senor-de-los-parrones/]
El recinto utilizado en la actualidad para la producción de uva de exportación tiene un pasado ligado a las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Allí fueron ejecutados prisioneros políticos, cuyos cuerpos fueron sepultados en fosas dentro de las instalaciones. En 1978, en el marco de la denominada “Operación Retiro de Televisores”, los restos fueron exhumados, amarrados a rieles y lanzados al mar desde helicópteros Puma que despegaban desde Peldehue.
En septiembre de 2007, el Ejército y la sociedad acordaron modificar el contrato de arrendamiento. Esta vez, la responsabilidad legal quedó radicada en el Comando de Bienestar del Ejército (COB), cuyo representante, el general Alejandro Joaquín Martínez Barrios, firmó un nuevo documento que estableció condiciones sobre la renta, la superficie, los plazos y el uso eficiente de los recursos hídricos.
Casi nueve años después, en junio de 2016, ambas partes reemplazaron el contrato anterior por uno nuevo, que amplió la superficie arrendada a más de 300 hectáreas e incorporó parte del fundo Baños de Colina. Pero el acuerdo no se limitó solo a los terrenos, sino que también puso a disposición de Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A. la totalidad de los recursos hídricos y derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas de carácter consuntivo pertenecientes a la institución.
Entre los recursos contemplados figuran los pozos y el usufructo de las vertientes Carvajalino, Termas de Colina, El Sauce y Quebrada La Leona. El contrato –al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de El Mostrador– comenzó a regir el 1 de julio de 2016 y fijó su vencimiento para el 30 de junio de 2047. De esta manera, el vínculo contractual se proyecta por más de tres décadas, en un acuerdo de largo plazo que compromete terrenos y recursos hídricos del Ejército.
Sobre esto último, el contrato es categórico al señalar que las partes concuerdan no considerar como causal de incumplimiento del arrendador la escasez o inexistencia total del flujo material de las aguas, pero que “si la falta de agua se debiere al (…) incumplimiento de pagos de derechos, patentes o mantenciones asociados a la libre disponibilidad del recurso, ello sí constituirá incumplimiento”.
Sobre la eventual nulidad del contrato y la restitución de los bienes arrendados, El Mostrador se comunicó con el Ejército para esclarecer las dudas, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta, ni tampoco de parte del jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval.
Fuente: El Mostrador