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Inicio » La mayoría de votantes de derechas e izquierdas defiende un impuesto a las grandes fortunas

La mayoría de votantes de derechas e izquierdas defiende un impuesto a las grandes fortunas

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CIUDAD REAL, 11/11/2026.- Vista de la manifestación por la huelga general que recorre este miércoles las calles de Ciudad Real. EFE/ Jesús Monroy
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La solución esgrimida por parte de la izquierda a nivel mundial para mejorar los servicios públicos y derechos como el acceso a la vivienda, popularizado bajo el eslogan “tax the rich [https://www.eldiario.es/politica/colau-propone-impuesto-tax-the-rich-gravar-patrimonios-millon-euros_1_13639759.html]”, es decir, gravar a las grandes fortunas, encuentra respaldo en el 63% de la población española. Según una encuesta presentada por la Global Fund for a New Economy y realizada a 9.688 personas de seis países (Brasil, Alemania, Argentina, Francia, España y Gran Bretaña), al menos la mitad del electorado de derechas de estos países también ve con buenos ojos la medida: un impuesto global mínimo del 2% anual sobre los grandes patrimonios (superior a 1.000 millones de dólares). Según algunos analistas, la medida podría aplacar el auge de la extrema derecha que experimentan países alrededor del mundo.

Este impuesto, que recaería sobre las aproximadamente 3.000 personas con un patrimonio superior a 1.000 millones de dólares, obtiene apoyo mayoritario en todas partes, con tan solo entre un 7% y un 12% en contra. El apoyo entre votantes de derecha alcanza el 64% en Alemania y el 65% en Francia. Mientras tanto, en España, el 82% de los votantes de izquierdas secunda esta medida, que también aprueba el 58% de los votantes de derechas. Por otro lado, el 56% de los encuestados españoles se decanta por una respuesta económica liderada por el Estado, mientras que un 33% prefiere una bajada de los impuestos y una mayor libertad de mercado.

La situación de precariedad que ha provocado la crisis de la vivienda y la falta de recursos ha provocado un estallido por parte de movimientos sociales y sindicales, como evidencia la huelga general en España del pasado miércoles [https://www.eldiario.es/economia/viene-despues-11n-reforzar-barrios-vivienda-protestas-crecientes-salarios_1_13661690.html]. En ocasiones, estas acciones de las organizaciones conllevan una alteración del orden público. La encuesta, realizada entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, también ha preguntado por ello. Mientras que el 44% de los participantes apoya los objetivos de las protestas, pero no sus métodos, el 40% de las respuestas se dirigen a rechazar cualquier tipo de alteración de la vida cotidiana.

En este sentido, sobresale la cuestión de la vivienda como un eje transversal en el espectro político. Así pues, el 53% de los españoles considera que esta debe ser la prioridad del Gobierno, una preocupación compartida entre los votantes de izquierdas (56%) y los de derechas (53%). Por detrás de esta cuestión aparece el coste de la vida, señalado por el 42% de los encuestados.

Los actores políticos defienden diferentes medidas para aplacar este problema, sobre todo ahora que ya ha comenzado la campaña electoral que desembocará en los próximos comicios generales del 29 de noviembre. La solución predilecta de los encuestados se basa en una mayor vivienda pública o social, ya que el 63% de ellos considera que ayudaría “mucho” a mejorar la situación. En el extremo opuesto, solo el 9% cree que retrasar la edad de jubilación es una buena medida, mientras que un 27% considera que la empeoraría notablemente.

Cada partido político tiene su propia lectura. Por su parte, un 39% de la ciudadanía encuestada señala al Gobierno actual como culpable de la situación. A la par, el 36% se decanta por culpar a los políticos en general. Se trata de unos resultados por encima de los que dirigen la culpa a los propietarios e inmigrantes, que cosechan ambos el 26% de las respuestas. En este aspecto, es en Gran Bretaña, España y Alemania donde más personas culpan a los inmigrantes antes que a los más ricos, quienes son señalados por entre el 11% y el 22% en los seis países participantes de la consulta.

Preguntados por aquella institución en la que confían para solventar el problema de la vivienda, el actual Gobierno de coalición se coloca en primera posición con un 32% de las respuestas, aupado por el electorado de izquierdas, que se decanta por el Ejecutivo en un 64%, mientras que en los votantes de derechas se quedan en un escaso 8%. Ante dicho extremo, el PP es elegido por el 20% y Vox, por el 17%. Otro de los datos más llamativos de la encuesta es que el 21% de los participantes no sabe en quién confiar para que se produzca un cambio. Por su parte, los sindicatos no alcanzan ni el 1% de la confianza para ello.

Junto con España, el estudio se ha llevado a cabo también en otros países europeos: Alemania, Francia y Gran Bretaña. En estos cuatro estados, cerca de la mitad de su ciudadanía percibe una causa común detrás de las protestas que se suceden en ellos. El coste de la vida es la prioridad en Gran Bretaña (69%), Francia (62%) y Alemania (53%). “El hallazgo más transversal es el vacío de confianza: en ningún país una institución alcanza la mayoría”, recalca la Global Fund for a New Economy, y en Francia y Alemania la extrema derecha goza hoy de más confianza que el propio Gobierno.

La perspectiva es diferente en los dos países de Latinoamérica que participan en la encuesta. Los participantes de Brasil y Argentina indican que las protestas de este año en diferentes partes del mundo son asuntos nacionales separados.

Sin embargo, la mayoría de los encuestados de todos los países coinciden en respaldar las exigencias de los manifestantes. Los porcentajes se sitúan en un 52% en Gran Bretaña, 56% en Brasil, 57% en España, 59% en Argentina, 60% en Alemania y 68% en Francia.

La Global Fund for a New Economy explica que “este amplio apoyo tiene un matiz: el 55% de las personas encuestadas en Francia, el 51% en Alemania y el 44% en España apoya los objetivos de las protestas, pero no sus métodos”. En la mayoría de los países, más personas aceptan cierta alteración de la vida cotidiana, pero solo si es breve. Asimismo, en todos los países, más personas afirman que una alteración breve es aceptable si logra que los gobiernos escuchen (entre 48% y 59%), respecto a quienes sostienen que las protestas nunca deberían alterar la vida cotidiana (entre 34% y 46%).

Los resultados de esta encuesta muestran que, “aunque existen diferencias nacionales, la gente alrededor del mundo está harta de salarios estancados y del aumento de precios de bienes esenciales como la vivienda, los alimentos y la energía”, según explica Oscar Berglund, profesor titular de Estudios de Políticas Públicas en la Universidad de Bristol y experto en movimientos sociales. Este especialista tilda de “interesante” el creciente apoyo transversal a un impuesto a la riqueza como forma de abordar la desigualdad. “Los movimientos sociales muy rara vez cuentan con el apoyo de la mayoría mientras ocurren, pero son reivindicados en la memoria colectiva años después”, añade.

Le sigue Veronika Dinter, portavoz de GenZ regelt, el nuevo movimiento detrás de varias protestas juveniles en Alemania, quien sostiene que “mientras se imponen recortes sociales, las escuelas y universidades se caen a pedazos y se nos exige trabajar cada vez más, se destinan miles de millones al gasto militar y se nos dice que vayamos a enlistarnos a los cuarteles”.

Otro de los análisis recogidos por la Global Fund for a New Economy subraya que “si los gobiernos tradicionales no actúan sobre el costo de vida y una tributación justa, la encuesta muestra que la extrema derecha está lista para tomar la bandera”, en referencia a los resultados obtenidos en Francia y Alemania. Habla Alex Cobham, director ejecutivo de Tax Justice Network, quien opina que “en Europa y más allá, la riqueza extrema está asfixiando las economías, empobreciendo a la gente y debilitando las democracias”.

Sobre el impuesto a los millonarios también se pronuncia Gabriel Zucman, director con sede en Francia del Observatorio Fiscal Internacional (International Tax Observatory). A ojos de este experto, esta medida es “de sentido común” y “retrasar su activación solo profundiza la desconfianza en los gobiernos y alimenta el auge del autoritarismo de extrema derecha”.

Fuente: elDiario.es

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