Santo Domingo.– El Ministerio Público aseguró que no existen razones jurídicas para detener el proceso judicial contra los acusados de integrar una presunta red que habría distribuido más de RD$108 millones en sobornos para conseguir y mantener contratos de servicios de seguridad privada en diferentes instituciones públicas.
La posición fue expresada por el fiscal litigante Ernesto Guzmán Alberto, a propósito de la recusación presentada por el procesado Elías Caamaño Pérez contra el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
«No hay ningún motivo jurídico válido para suspender o retrotraer un proceso que ya tendría sus audiencias», manifestó Guzmán Alberto al conversar con periodistas a la salida del tribunal.
El representante del Ministerio Público dijo que espera que la recusación sea rechazada por la Corte de Apelación y que se ordene continuar con el conocimiento del expediente.
Caamaño Pérez, quien se desempeñó como coordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), figura entre los acusados de formar parte de la presunta estructura.
El juez Peguero había dispuesto en octubre pasado la separación de Caamaño Pérez del expediente principal presentado por el órgano acusador.
Sobornos superarían los RD$108 millones
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, recursos que presuntamente habrían sido exigidos y recibidos por responsables de seguridad y otros funcionarios de distintas instituciones estatales.
La investigación señala que la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase) habría realizado pagos ilegales durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025, mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo.
Según el expediente, estas operaciones tenían como propósito garantizar la permanencia de los contratos de seguridad privada adjudicados a la empresa en diferentes entidades públicas.
Catorce personas y empresas acusadas
En julio pasado, el Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó apertura a juicio contra 14 personas físicas y jurídicas vinculadas a la presunta red.
Entre los procesados figuran Quilvio Rodríguez González, representante de Senase; Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte; Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur, y Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).
También aparecen Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste; Andrés Pacheco Varela, exencargado de Seguridad de Edenorte; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de Seguridad del Inaipi, y Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de Seguridad de EdeEste, entre otros.
El expediente incluye además a las empresas Servicios Senase, El Niño Prodigio EIRL, Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL.
Una denuncia dio origen a la investigación
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, inició las investigaciones a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Según las autoridades, las pesquisas permitieron identificar un presunto esquema de manipulación de contratos y exigencia sistemática de sobornos a cambio de favorecer a una empresa dedicada a ofrecer servicios de seguridad privada en instituciones estatales.
El Ministerio Público sostiene que estas actuaciones buscaban asegurar la adjudicación y continuidad de los contratos públicos mediante pagos ilegales a funcionarios y responsables de seguridad.
Fuente: El Día

