La defensa que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha entregado ante el Congreso para explicar las rebajas de condena concedidas a condenados por violación y abuso sexual de menores se sostiene sobre un argumento central: el Ministerio habría estado obligado a cambiar su criterio porque la Corte Suprema había establecido una jurisprudencia que acogía los recursos de amparo de los internos y reconocía su derecho a acceder al beneficio.
Sin embargo, antecedentes judiciales revisados por la Unidad de Investigación de El Mostrador muestran que la Corte Suprema había comenzado a cambiar antes de que Justicia modificara su propia posición. Y ese cambio no fue solamente posterior a las primeras rebajas. Durante agosto y septiembre, distintas cortes de apelaciones rechazaron recursos de condenados por delitos sexuales contra menores y, en varios de esos casos, la Segunda Sala de la Suprema confirmó esas decisiones.
El antecedente adquiere mayor relevancia porque el propio Rabat reconoció ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que el Gobierno inicialmente había rechazado las solicitudes, pero que posteriormente decidió cambiar de criterio después de recibir recursos de amparo en los que la Suprema habría establecido que mantener la negativa implicaba privar ilegalmente de libertad a los condenados. El 21 de octubre, el ministro sostuvo que el Ejecutivo había actuado recogiendo “la doctrina de la Corte Suprema en decenas de recursos de amparo” y que debía acatarla.
La revisión de El Mostrador permite ahora observar cómo ese cambio se expresó en cinco casos concretos.
Mariano Herrera Sazo fue condenado a cinco años y un día por violación de una persona menor de 14 años. El 3 de junio de 2026, la comisión de reducción de condenas de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió por unanimidad excluirlo del beneficio debido precisamente al tipo de delito por el que cumplía condena.
Su defensa recurrió de amparo y sostuvo que debía acceder a la rebaja. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso el 10 de agosto y estableció que el condenado no tenía un derecho adquirido a obtener anticipadamente el beneficio, sino solamente una “mera expectativa de derecho”.
El caso llegó a la Suprema. El 2 de septiembre, la Segunda Sala confirmó la decisión por tres votos contra dos. Los ministros Leopoldo Llanos y Jorge Zepeda votaron en contra y sostuvieron que, como el delito había sido cometido en 2017, correspondía aplicar la legislación vigente entonces, que no excluía a estos condenados.
El dato clave es que la mayoría de la Suprema confirmó que el condenado no podía obtener el beneficio bajo la normativa vigente, mientras dos ministros mantuvieron la interpretación anterior.
Manuel Flores Mondaca fue condenado en Arica a cinco años y un día por abuso sexual reiterado de una persona menor de 14 años. La comisión respectiva lo excluyó del beneficio debido al delito cometido y su defensa presentó un recurso de amparo argumentando que se le estaba aplicando una norma penal desfavorable.
La Corte de Apelaciones de Arica rechazó el recurso y estableció que la etapa de ejecución de la pena pertenece al ámbito del derecho administrativo. Por ello, sostuvo que en esta materia no resultan aplicables los principios de legalidad ni de retroactividad penal y que la reducción constituye un beneficio, no un derecho adquirido. Cinco casos
La Suprema volvió a confirmar esa decisión. Los votos disidentes fueron nuevamente los de Jorge Zepeda y el abogado integrante Eduardo Gandulfo, quienes sostuvieron que debía aplicarse la legislación más favorable al condenado, es decir, la que regía antes de 2022.
Otra vez, por tanto, la mayoría del máximo tribunal respaldó el rechazo de la rebaja.
El tercer caso corresponde a Sebastián Rosendo Zúñiga Ahumada, condenado en Puente Alto a cinco años por violación de una persona menor de 14 años. La comisión de reducción de condenas lo excluyó del beneficio y sus antecedentes ni siquiera fueron enviados al Ministerio de Justicia.
Su defensa recurrió de amparo, pero la Corte de Apelaciones de San Miguel concluyó que la exclusión estaba “sustentada en una disposición legal vigente” y rechazó la acción.
El caso llegó nuevamente a la Suprema, que el 7 de agosto confirmó el rechazo por tres votos contra dos. Los ministros que votaron en minoría fueron nuevamente Zepeda y Gandulfo.
La importancia de este caso está en la coincidencia entre los dos niveles de la justicia: la Corte de Apelaciones consideró que la exclusión tenía respaldo legal y la mayoría de la Suprema confirmó esa interpretación.
Luis Alberto Saldivia Vargas fue condenado en Puerto Montt a 12 años por violación impropia reiterada y abusos sexuales impropios. Al igual que los anteriores, fue excluido del beneficio por la comisión de reducción de condenas. Cinco casos
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó su recurso de amparo. El tribunal sostuvo que no correspondía aplicar el principio de irretroactividad porque no se estaba imponiendo una nueva sanción penal, sino resolviendo sobre un beneficio.
En este caso, sin embargo, la Suprema tomó una decisión distinta. El 21 de agosto falló a favor del condenado, por tres votos contra dos, con los ministros Llanos y Zepeda en la mayoría favorable al beneficio.
Este caso debe ser leído con especial cuidado: no demuestra que la Suprema hubiera consolidado el rechazo de las rebajas, pero sí evidencia que el máximo tribunal estaba dividido y que, para entonces, ya coexistían dos interpretaciones jurídicas. Es precisamente esa división la que vuelve difícil sostener que existía una doctrina única que obligara al Ministerio a conceder automáticamente los beneficios.
El quinto caso corresponde a José Fernando Gacitúa Escobar, condenado a cinco años y un día por abuso sexual contra una persona menor de 14 años y excluido del beneficio en mayo de 2026.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el amparo y utilizó un razonamiento coincidente con los tribunales de Arica y Puerto Montt: incluso cuando se cumplen los requisitos legales, la reducción constituye un beneficio y no un derecho adquirido, por lo que el condenado tiene solamente una “mera expectativa”.
La Suprema se pronunció el 5 de agosto y volvió a confirmar el rechazo del amparo por tres votos contra dos. Los ministros Llanos y Zepeda fueron nuevamente los votos de minoría favorables al condenado.
El patrón vuelve a repetirse: tres integrantes de la Segunda Sala sostienen la posición restrictiva y dos mantienen la interpretación favorable a los condenados.
Fuente: El Mostrador