La COP17 de Biodiversidad, que concluyó este viernes en Armenia, permitió evaluar los avances del Marco Global Kunming-Montreal, adoptado en 2022 para detener y revertir la pérdida de biodiversidad. No obstante, su primera revisión mundial deja un balance poco alentador: el financiamiento disponible es insuficiente y el desempeño de los países es insuficiente para alcanzar los objetivos acordados hacia 2030. Tengamos muy en cuenta que las metas que animaron esta Conferencia son: la conservación de al menos el 30% de los ecosistemas mundiales y la necesidad de integrar la biodiversidad en la planificación de las actividades productivas.
Chile, por su parte, concentró su atención en abrir nuevas oportunidades de financiamiento de largo plazo, mediante iniciativas como “Aliados por Naturaleza”, y en reforzar la candidatura de Valparaíso para albergar la Secretaría del Tratado de Alta Mar. Son esfuerzos valiosos, que reconocen la importancia de los recursos y la cooperación internacional. Sin embargo, contrastan con la incertidumbre que enfrentan las iniciativas nacionales dedicadas a buscar un equilibrio entre conservación ambiental y actividad económica.
La Red de Salares Protegidos es un excelente ejemplo de esta tensión. Anunciada en el marco de la Estrategia Nacional del Litio de 2023 y orientada por las metas del Marco de Kunming-Montreal, aspiraba a proteger el 30% de estos ecosistemas. Aunque su diseño original dejó preguntas abiertas sobre los criterios ecológicos, las estrategias de protección y la participación ciudadana, representó un intento concreto por equilibrar la explotación del litio con la protección de humedales altoandinos fundamentales para sus territorios. El desafío que plantea sigue siendo mayúsculo, pues no radica sólo en sumar áreas protegidas, sino en orientar territorialmente el desarrollo minero considerando límites ecológicos concretos. Pero, en marzo del presente año, el Gobierno retiró de Contraloría seis decretos destinados a crear nuevas áreas protegidas en Atacama, consideradas dentro de esta red. Siete meses después, no hay señales claras de que se reanude su tramitación. Revisar estos instrumentos puede ser legítimo, pero prolongar la incertidumbre dificulta dar continuidad a los esfuerzos ya realizados.
La Red ilustra una cuestión de fondo: proteger la biodiversidad no significa renunciar al desarrollo productivo, sino definir dónde, cómo y bajo qué condiciones puede realizarse. Se trata de un debate difícil, pero imprescindible para nuestros tiempos. En ese contexto, retomar la protección de los salares es una oportunidad para traducir los compromisos internacionales en decisiones concretas y demostrar que el liderazgo ambiental de Chile también se expresa en la forma en que planificamos nuestros territorios y el desarrollo económico del país.
Fuente: El Mostrador