La investigación judicial reconstruyó el andamiaje ilícito a través del cual el empresario Lázaro Báez impartía órdenes desde un teléfono del penal de Ezeiza e integraba la “conducción ejecutiva” de una organización que administraba bienes que le pertenecieron, pero que están sujetos a decomiso en diferentes causas por delitos de corrupción.
Hasta ahora, la investigación judicial conocida como “Causa 169831/26” documentó movimientos por unos $390 millones de pesos en ocho meses, de acuerdo con los datos presentados en la audiencia judicial ante la Justicia Federal de Río Gallegos.
Báez y el resto de los detenidos participaron de la audiencia a través de una videoconferencia.
El empresario se enriqueció de la mano del kirchnerismo y se convirtió en el principal beneficiado por la obra pública en Santa Cruz.
La investigación fiscal no plantea hechos aislados, sino una organización estable encabezada por Báez. ¿Qué significa? Desde la cárcel, el empresario kirchnerista administraba y ponía en circulación bienes de origen ilícito que debían estar en poder de la Justicia.
Báez cumple una pena de 15 años de prisión y ahora avanza el decomiso de sus bienes. Sin embargo, se valió de una red integrada por al menos 12 personas que están imputadas en la causa para usufructuar las propiedades.
El martes fue allanada la celda de Báez en el pabellón de Ezeiza y lo dejaron incomunicado.
Según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION, en la celda le secuestraron cuadernos con detalles de los movimientos de dinero sobre bienes, alquileres, campos, rentas de galpones y alquileres de departamentos y otros inmuebles que están sujetos a decomiso y que, sin embargo, había logrado que sortearan el control judicial. De esa forma, había logrado mover por lo menos $ 390 millones de pesos en ocho meses.
El hallazgo en la celda de Báez se hizo a la par de 27 allanamientos simultáneos en Río Gallegos, El Calafate, dos estancias y en la ciudad de Buenos Aires. Los operativos fueron dispuestos en el marco de dos causas conexas que investigan lavado de dinero y narcotráfico y que tienen personajes que se repiten.
Los primeros detenidos en la causa fueron la pareja de Báez, Claudia Insaurralde, Cristian Sebastián Ibañez y su pareja. Los arrestos se produjeron el lunes en el aeropuerto de Ezeiza, a poco de arribar de un vuelo procedente de Río Gallegos. Allí quedaron detenidos e incomunicados; les secuestraron cuatro valijas de gran tamaño y fueron los primeros detenidos de una red que hasta ahora alcanza a por lo menos 12 personas.
Según un resumen de la causa al que accedió LA NACION, el juez federal Claudio Vázquez consideró que existían riesgos concretos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, accedió a dejarlos incomunicados y dio la orden de avanzar con los allanamientos simultáneos solicitados por la Unidad Fiscal de Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Esa causa se encuentra caratulada como “Báez, Lázaro Antonio, Insaurralde, Claudia Noemí, Ibáñez, Cristian Sebastián y otros s/ lavado de activos, asociación ilícita y otros” y se originó el 25 de septiembre pasado a partir de datos surgidos en comunicaciones telefónicas que mantenía uno de los imputados con Báez.
La investigación por narcotráfico, que dio origen formal a esta causa, se contacta con la de lavado a partir del uso de un Ford Mondeo de Lázaro Baez. También a partir del relato de un imputado sobre una inspección de maquinaria “del tío Lázaro” en Corrientes y un camión Scania secuestrado el 24 de septiembre en el control de Güer Aike —puesto policial de ingreso a Río Gallegos— con documentación apócrifa.
En esta causa de lavado de activos se probó que Báez daba las directivas desde un teléfono fijo al que tiene acceso en el pabellón donde está detenido. Debajo de él operaba una “conducción ejecutiva de confianza” integrada por Insaurralde e Ibáñez, un anillo familiar de apoyo logístico, un canal de justificación agropecuaria y financiera, un nodo de estratificación bancaria, una cobertura contable y dos operadores de enlace con economías criminales locales.
En total, se menciona la intervención concreta de 12 imputados. Los vínculos son de pareja, de parentesco y de subordinación operativa estable, e Ibáñez le dispensaba el trato de “Tío” y “Tía” a Báez y a Insaurralde.
Según un informe que forma parte de la causa sobre las cuentas de Ibañez y otro de los imputados, entre el 1 de diciembre de 2025 y el 7 de agosto de 2026 se registraron 677 operaciones por $380.620.089.
La investigación, de acuerdo con lo que pudo reconstruir LA NACION con fuentes judiciales, sostiene que la organización no se construyó con sociedades nuevas, como es habitual. Habría operado sobre un patrimonio preexistente y judicialmente comprometido, alcanzado por decomiso, embargo o depósito judicial, y en algunos casos con la titularidad ya transferida. Según la Fiscalía, el objetivo era mantenerlo productivo y derivar sus frutos.
El universo relevado incluye las estancias Alquinta y La Entrerriana, unidades de un edificio de la calle Zapiola, las sociedades Kank y Costilla S.A. y Austral Agro S.A., arrendamientos a tres empresas, la estancia Cruz Aike, un inmueble de la costanera de El Calafate y dos galpones cuya disposición se habría pactado en $250 millones el 28 de agosto. También figura un Ford Mondeo de titularidad de Báez, hoy secuestrado.
La fiscalía pidió 27 allanamientos en domicilios, entre ellos las dos estancias y el pabellón de Báez, además de la inhibición general de bienes, el congelamiento de cuentas, el levantamiento del secreto bancario y la declaración de caso complejo.
La calificación provisional incluye los delitos de lavado agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación.
Fuente: La Nación