El Ministerio Público cuenta con un mes para presentar la acusación formal contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, el empresario Eduardo Read Estrella y otros ocho imputados arrestados en diciembre del año pasado por un presunto fraude de casi 16,000 millones de pesos contra esa administradora de riesgos de salud estatal.
Al dictarse las medidas de coerción contra este primer grupo, el 14 de diciembre de 2025, el juez de Atención Permanente otorgó ocho meses al órgano acusador para hacer sus conclusiones investigativas. Posteriormente, los fiscales solicitaron una prórroga de cuatro meses adicionales, cuyo término vence a mediados de diciembre de este año.
No obstante, es usual que en expedientes por corrupción administrativa el Ministerio Público agote el tiempo reglamentario hasta ser intimado por el tribunal, que le concede un plazo extra de 15 días para depositar el requerimiento conclusivo.
Así ha ocurrido en otros casos relevantes de malversación, como los que involucran a los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez y al exprocurador general Jean Alain Rodríguez.
De no cumplirse la segunda prórroga, el juez procedería al archivo del expediente, con lo cual concluiría definitivamente el proceso penal contra el exfuncionario y los demás imputados.
A Santiago Hazim y a los también exfuncionarios del Senasa Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez se les imputa crear «programas especiales sin el debido sustento técnico ni financiero, los cuales fueron utilizados como un conducto para recibir sumas millonarias en sobornos».
Según la solicitud de medida de coerción, los sobornos que se cobraron a empresas, sin estas «cumplir con las obligaciones contractuales», eran de hasta un 30 por ciento.
Asimismo, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción (Pepca) los señala de someter a afiliados de la ARS a procedimientos altamente riesgosos que ponían en peligro su vida y sin necesitarlos.
Los presuntos empresarios beneficiados con las cuestionadas contratas, además de Eduardo Read Estrella, son Heidi Mariela Pineda Perdomo, Cinty Acosta Sención y Ramón Alan Speakler Mateo, también sometidos a la justicia.
La contratación de servicios privados afectó a los hospitales públicos en sus presupuestos, por la «privatización fraudulenta de los servicios de Atención Primaria de Salud».
La Pepca y la Dirección de Persecución describen que el soborno pagado por los suplidores incluyó, para ser beneficiados, la gestión del empresario Jhonny Morales, quien «recibió 95 millones» a favor de Cinty Acosta. Morales estuvo detenido hace varios años por el caso de corrupción del Plan Renove y que afectó al erario con casi dos mil millones de pesos.
En los últimos meses se han puesto en marcha nuevas operaciones por parte del Ministerio Público para desmantelar otras redes de fraude al Senasa, que han sumado más arrestos y expedientes.
Una de estas nuevas redes es la denominada Operación Onco14, que atribuye a sus imputados el presunto desvío de 148,660,116 entre 2018 y 2025 desde el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Tres personas fueron inicialmente sometidas en ese expediente: Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez. La Pepca y la Dirección de Persecución afirman que se afectó a la ARS estatal con 3,700 millones.
También se sometió a un tercer grupo que involucra a 26 imputados, entre ellos 22 médicos, todos con medidas de coerción, incluida la prisión. El expediente registra 4,363 autorizaciones para consultas y procedimientos que, según la Pepca, nunca fueron realizados, por 41,125,551.02 entre enero de 2021 y febrero de 2025.
En esta última se señala a Ángel Luis Guzmán Vásquez, exempleado del Senasa, de liderar esta supuesta red.
Fuente: Diario Libre