Quizás, cuando caía la tarde del jueves último, comenzó la carrera hacia la decadencia final de Claudio “Chiqui” Tapia y de Pablo Toviggino, dueños y señores del fútbol argentino. En esas horas ingratas, la Corte Suprema les asestó el último golpe a los caudillos del fútbol [https://www.lanacion.com.ar/politica/la-corte-le-propino-un-duro-reves-a-la-afa-y-freno-la-unificacion-de-las-causas-en-el-juzgado-que-nid05112026/] acusados de delitos por un valor no menor a los 300 millones de dólares. Un ministro, el de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se quedó sin discurso para alardear sobre su influencia ante los jueces federales de Comodoro Py, los más poderosos del país. Él protegía a ese dúo de imputados por viejos vínculos de su familia con la AFA, la entidad cimera del fútbol. Al mismo tiempo, dos jueces de la más alta instancia penal del país fueron bochornosamente reprendidos por el máximo tribunal de Justicia. La Corte le dijo también a un juez federal que se estaba metiendo en una jurisdicción que no era la suya, y a un camarista federal de San Martín le señaló indirectamente que había cometido un serio error. Los jueces supremos subrayaron, sin decirlo explícitamente, la correcta gestión del fiscal general Mario Villar, quien debió recurrir en queja a la Corte porque las instancias inferiores le cerraron todas las puertas para que Tapia y Toviggino fueran juzgados de acuerdo con la ley. Su posición había sido previamente acompañada por otro protagonista destacado de la Justicia: el procurador general de la Nación (jefe de todos los fiscales), Eduardo Casal. De todos modos, sería un error no reconocer el enorme poder de Tapia y Toviggino. Primero lo desplegaron para elegir al juez que les convenía y después para que varias instancias de la Justicia los ayudaran a terminar en el despacho de ese magistrado amigo. El poder de la dupla futbolística se consolidó aún más cuando Mahiques llegó a la cartera de Justicia; el funcionario de Javier Milei asegura que puede abrir muchas puertas de jueces y fiscales. Lo acaba de demostrar con el dictamen de su amigo, el fiscal Gerardo Pollicita, quien cerró la causa contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni con el pretexto de que no había logrado comprobar ningún delito. El mismo Pollicita aseveraba en conversaciones reservadas, antes de que Mahiques accediera al ministerio, que estaba a punto de reunir las pruebas para pedir el llamado a indagatoria de Adorni por el delito de enriquecimiento ilícito. El llamado a indagatoria es, por lo general, la antesala del procesamiento y, a veces, de la cárcel. La falta de impulso del fiscal le sacó ya cualquier miedo a Adorni.
Miremos a la AFA. Muy pocas veces la Corte Suprema decide la jurisdicción cuando le llegan casos como este; por lo general, acepta la posición del fiscal, si es que la acepta, y la devuelve a la Cámara de Casación Penal para que otra sala de esa instancia vuelva a considerar a qué juez le corresponde la investigación. El minué de los expedientes sobre las correrías de Tapia y Toviggino lleva dando vueltas en los tribunales desde hace cerca de un año solo para establecer la jurisdicción. Suficiente. Esta vez fue la propia Corte la que decidió quién y dónde se investigará a los dueños del fútbol. Nada de instancias inferiores para que después sigan recurriendo al máximo tribunal. Hicieron bien. Una justicia que dejó pasar un año solo para establecer la jurisdicción que juzgará un caso es lo más parecido a la injusticia. El único riesgo actual es que el juez federal natural de la causa, Daniel Rafecas, a quien la Corte le derivó la causa, logre rápidamente el ascenso a miembro de la Cámara de Casación; el polémico juez Ariel Lijo está siempre a disposición para subrogar los juzgados vacantes, como quedaría el de Rafecas si fuera ascendido. Lijo es conocido por sentarse durante años sobre los expedientes que molestan a cualquier poder. En este caso, el poder lo ostentan (¿ostentaban?) no solo la jerarquía de la AFA, sino también el ministro de Justicia. Ese riesgo fue tratado por los jueces supremos, pero al final llegaron a la conclusión de que no había posibilidad de trasladar el asunto a otro fuero. La denuncia sobre la megaquinta de Pilar, supuesta propiedad de Toviggino, aunque a nombre de dos testaferros, una jubilada y su hijo monotributista, es por lavado de dinero. Y es la justicia federal la que tiene jurisdicción para examinar los delitos de lavado de dinero. No puede haber dos interpretaciones sobre eso.
Cayó, por lo tanto, en el despacho del juez federal Rafecas, recientemente propuesto para ascender como juez de Casación. Vale la pena hacer dos aclaraciones. Rafecas empezó mucho antes de la llegada de Mahiques los trámites legales para lograr ese ascenso. De hecho, el concurso del que participó para acceder a ese cargo fue aprobado por el Consejo de la Magistratura en 2019, aunque solo hace pocas semanas su ascenso fue enviado al Senado para su aprobación. De ahí la preocupación de las instancias superiores de la Justicia de que Rafecas se vaya pronto de su actual cargo y el caso quede en manos de Lijo. El fiscal del caso, para peor, no goza de prestigio: es Ramiro González. La otra aclaración que merece hacerse es que fue Rafecas quien ordenó, al principio de todo, el allanamiento de la enorme mansión de Pilar, valuada en unos 20 millones de dólares. Encontró más de 50 autos de alta gama o de colección, un haras y un helipuerto, además de artículos que pertenecen a Toviggino. Desde entonces, esas son las pruebas más importantes que están sobre la mesa para indagar sobre el eventual lavado de dinero mediante la compra de la casona. Tanto el juez de la Cámara Federal de San Martín, Alberto Lugones, como dos jueces de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, decidieron que distintas causas contra Tapia y la AFA las tratara el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, porque este tiene jurisdicción sobre Pilar. Toviggino se pavonea contando su amistad con González Charvay. Sea cierto o no, el hecho verificable es que los abogados que los defienden pidieron siempre que González Charvay sea el juez elegido. El fiscal Villar, que tuvo un ejemplar desempeño en el caso, fue quien recurrió a la Corte para pedirle que ponga un poco de sensatez en el caso. Su principal argumento fue que la imponente quinta de Pilar no es un hecho aislado, sino parte de un entramado mucho más grande de presunto lavado de dinero. También demostró que la sede de la AFA está en la Capital, y no en Pilar, y que en la Capital se hicieron las escrituras y se movió el dinero necesario. Villar subrayó la “gravedad institucional” del caso porque “importa una severa violación de las reglas del debido proceso”.
La Corte le dio la razón al fiscal con muy severas críticas a los jueces Barroetaveña y Borinsky. “Omitieron deliberadamente analizar sus propios argumentos” que le daban la razón al fiscal, reprendió, por ejemplo. El tribunal más alto del país también argumentó que decidió intervenir para “encauzar el litigio y corregir los excesos deformantes” del trámite que habían ocurrido hasta el jueves. Borinsky y Barroetaveña se acercaron solos a la posibilidad de un juicio político por mal desempeño. Ya los denunció la siempre valiente María Eugenia Talerico con el apoyo de la prestigiosa organización Será Justicia. ¿Por qué esos jueces de Casación, que venían con prestigio, hicieron eso? Barroetaveña fue hasta diciembre pasado presidente del Tribunal de Ética de la AFA; decir ética al mismo tiempo que Tapia es simplemente un oxímoron. ¿Nadie se dio cuenta de nada cuando merodeaban los pasillos de la AFA? En su resolución, Barroetaveña solo dijo sobre esas incompatibilidades que entendía que sus funciones en la AFA “no permiten por sí mismas establecer una vinculación con los hechos de este expediente, las personas imputadas ni un interés respecto de su resultado”. Entendió mal, entonces. Borinsky, a su vez, aspira a llegar a la Corte Suprema y precisa de la ayuda del ministro Mahiques, un artista de la promesa, pero acaba de retroceder varios casilleros con esa ambición por el implacable reproche de la Corte, que dejó sin efecto la decisión de los dos jueces. No es frecuente que la Corte se refiera de esa manera a tan encumbrados magistrados. El poder de Tapia, ya sea por sí solo o a través de Mahiques, empujó a esos magistrados a cometer el error, hasta que la Corte garantizó un juicio justo con solo 17 carillas que escribió un jueves inoportuno. Hace poco, la Corte, que es la instancia final del país para interpretar las palabras y el espíritu de la Constitución, le había sacado también a González Charvay una denuncia de Guillermo Tofoni contra la AFA y Tapia por desvío de dinero, irregularidades financieras, balances falsos y maniobras vinculadas a circuitos internacionales. La mandó al fuero Criminal y Correccional ordinario de la Capital, más precisamente a la jueza Paula Petazzi.
Tapia y Toviggino se quedaron, después de un año de esfuerzos estériles, sin González Charvay. La denuncia de Tofoni había sido enviada en su momento por el camarista de San Martín Lugones para que también la investigara González Charvay. Siempre González Charvay. Ahora, cuando todo cambió, la Justicia podría caer en tiempos inminentes sobre las cabezas de esos encartados. Se terminó el fanfarroneo de Tapia y Toviggino proclamando sus improbables inocencias. Ya duró demasiado. Para empeorar el destino de ellos, la selección de fútbol y Scaloni no volverán a mostrarse hasta marzo del año próximo. Tapia se escondía hasta el ridículo detrás de la simpatía social que despierta el seleccionado argentino, aunque él no puede aparecer en ningún estadio sin recibir el rechazo de la gente y masivas silbatinas. También hace pocos días, la Corte ordenó que sea la Inspección General de Justicia de la Nación (IGJ) la que audite las cuentas de la AFA y no la provincia de Buenos Aires. El peronismo también protege a Tapia. Por eso, era mejor que lo inspeccionara el gobierno bonaerense en lugar del organismo nacional que sabe hacerlo. El camarista de San Martín, Lugones, que los ayudó igualmente, arrastra la fama de sus simpatías peronistas. Todo el edificio de influencias, favores y dádivas que construyeron la AFA, Tapia y Toviggino se desmoronó con las firmas de solo tres jueces, aunque son los más empinados del país: Horacio Rosatti, presidente de la Corte; Carlos Rosenkrantz, vicepresidente, y Ricardo Lorenzetti.
A Tapia y Toviggino los aguarda todavía la justicia de los Estados Unidos, que podría ser más rápida y severa que la argentina si los jueces locales no se apuran. Los jerarcas de la AFA están siendo investigados por el Departamento de Justicia norteamericano y por el FBI por el manejo de ingresos internacionales a través de bancos de los Estados Unidos. Esa pesquisa examina el rol de la empresa TourProdEnter LLC como agente comercial y de operaciones financieras en los Estados Unidos en nombre de la AFA y sus jefes. Se propuso determinar si hubo desvíos de recursos de la entidad que nuclea al fútbol argentino, lavado de dinero o fraude bancario. El caso se dirime en el distrito Sur de Florida y ya existe un gran jurado, que es el que tiene que revisar las pruebas y determinar si existe una causa probable sobre supuestos delitos cometidos. El jurado del juicio es otra cosa.
¿Por qué, ante semejante escándalo, Tapia no es cuestionado aún por la mayoría de los dirigentes de los clubes argentinos, cuando el número de clubes afiliados directos de la entidad es de alrededor de 90? En rigor, sí existen dos dirigentes que lo enfrentaron públicamente: el presidente de River, Stefano Di Carlo, y el de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón. Pero son solo ellos. Muy pocos. En los recovecos de la AFA aluden al generoso reparto de dinero que haría Tapia entre los clubes, sobre todo entre los más pequeños. También destacan supuestas prácticas de extorsión a los clubes díscolos con la amenaza de designarles árbitros parciales en los partidos que disputan. Si fuera así, es Tapia quien decide qué equipo gana y qué equipo pierde en los torneos locales. ¿Es Tapia peor que Julio Grondona? “Son lo mismo, solo que Grondona era más prolijo”, asegura un dirigente que los conoció a los dos. Puede ser, entonces, que una larga historia de impunidad haya chocado con su finitud.
Fuente: La Nación

