En las últimas semanas, el malestar ciudadano se ha acrecentado tanto en nuestro país que la gestión del presidente Kast alcanzó el 18% de aprobación y una desaprobación del 72%, según la última encuesta Agenda Criteria. Sin embargo, esto no es circunstancial: se viene acumulando desde el llamado bencinazo del mes de marzo y se ha expresado de diversas formas, como las manifestaciones contra el gobierno convocadas por organizaciones estudiantiles secundarias y universitarias, o en el insólito apoyo ciudadano al paro de camioneros, que alcanzó el 80% en el mismo sondeo. Considerando estas cifras, la pregunta que queda instalada es qué va a pasar en Chile si tomamos en cuenta que la actual administración no tiene intención de modificar sus políticas, pese a que estudiantes, trabajadores y organizaciones feministas ya han anunciado nuevas movilizaciones.
Para el estallido de 2019 en Chile, muchos políticos, analistas y cientistas sociales declararon que “no lo vieron venir”, aunque luego, tanto investigaciones periodísticas como académicas, evidenciaron que se habían identificado emociones relativas a un profundo malestar social varios años antes. Aquello ya se había expresado en movilizaciones previas: la Revolución Pingüina de 2006, el movimiento social por la educación en 2011, el movimiento contra las AFP en 2016 y 2017, y el Mayo Feminista de 2018. En todas estas ocasiones, las promesas incumplidas de la transición democrática en términos de desarrollo económico, político y social se fueron evidenciando a través de elementos como la precarización de la vida, la desigualdad social, el abuso e impunidad de las élites y la creciente distancia, desconfianza y enojo de la ciudadanía con el sistema político.
Luego, como lo han señalado mediciones recientes, un segmento significativo de la sociedad chilena percibe que las condiciones que generaron el estallido de 2019 siguen existiendo y, si bien una mayoría tiene una valoración negativa del mismo, esta ha ido disminuyendo y la valoración positiva ha ido aumentando. Asimismo, los debates en torno a los siete años del estallido evidenciaron que sus interpretaciones siguen estando en disputa y que la hegemonía que se había instalado en los últimos años, respecto de concebirlo como un mero estallido delictual, se ha ido debilitando en favor de lecturas más elaboradas y complejas que nos retrotraen al malestar social y su vigencia.
Durante este año, la sociedad chilena ha sufrido una serie de agravios que aumentan este malestar, empezando por el alza sostenida del precio de las bencinas, pero también la falta de implementación por parte del gobierno de sus promesas de campaña, el aumento del precio de la vida y una serie de errores de gestión política, cuyo episodio más dramático ha sido la crisis relativa a la rebaja de condenas a abusadores de menores de edad.
Este episodio ha generado una conmoción pública que va más allá de la dimensión afectiva, ya que muchas encuestas dan cuenta de un aumento significativo de la decepción, la rabia, el miedo y la tristeza por parte de la ciudadanía. Según la medición de Criteria, el 79% está en desacuerdo con la mantención del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en su cargo.
Al desproteger a niños, niñas y adolescentes de la violencia sexual, la percepción ciudadana respecto del gobierno parece ubicarse en un ámbito que podemos llamar agravio moral, es decir, la transgresión de un sentimiento profundo y arraigado respecto de cuáles son los principios morales básicos y esenciales que no pueden ser vulnerados. Pese a la violencia aún existente contra niños, niñas y adolescentes, y las limitaciones e insuficiencias para abordar esta problemática, la sociedad chilena se ha sensibilizado fuertemente en favor de este segmento de la población y parece no admitir una falta tan grave como esta.
Si bien las ciencias sociales no tienen pretensiones de predictibilidad en un sentido estricto, el conocimiento que producen permite identificar ciertas condiciones para establecer hipótesis sobre la conducta colectiva en un momento dado. En función de lo expuesto, se puede al menos advertir: 1) que existe un malestar social que presenta varias equivalencias con el de 2019; 2) que a ese malestar se le suma el descontento social de los últimos meses; 3) que las memorias del estallido de 2019 son dinámicas y que sus valoraciones pueden cambiar lo suficiente como para restituirlo como un acontecimiento social de manifestación del malestar susceptible de repetirse; y 4) que las últimas crisis relativas a la rebaja de condenas a abusadores de menores de edad y el paro de camioneros no solamente han sacudido a un gobierno ya debilitado, sino que han socavado su legitimidad moral y política. Ante este escenario, es plausible preguntarse por un resurgimiento de la protesta social.
En términos teóricos, la acumulación del malestar no implica necesariamente que este estalle mediante protestas en las calles. Sin embargo, dicha acumulación, que incluye agravios afectivos y morales que le dan mayor intensidad, puede transformarse en formas de acción colectiva que podrían expresarse en protesta de algún sector movilizado con la capacidad de convocar a franjas más amplias de población. En este sentido, cualquier evento de alto impacto simbólico, afectivo y/o moral puede hacer bascular la situación actual hacia un nuevo estallido social. Por ello, resulta fundamental “verlo venir” para anticipar y gestionar esta eventualidad, de modo que las respuestas políticas sean pertinentes y oportunas respecto a las necesidades y demandas de la sociedad chilena y que se apeguen a la protección irrestricta de los derechos y las libertades públicas, para que no se repitan las violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado durante el estallido de 2019.
Solamente en la medida en que se pueda avanzar en resolver las problemáticas históricas que cada cierto tiempo nos sacuden como sociedad, podremos ir desarrollando una convivencia más justa, digna y armónica.
Fuente: El Mostrador

