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Inicio » Emiten permisos ambientales que avalan autovía del Ámbar

Emiten permisos ambientales que avalan autovía del Ámbar

Listin DiarioPor Listin Diarionoviembre 16, 2026
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Los permisos ambientales concedidos por el Ministerio de Medio Ambiente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la construcción de los tramos A y C de la Autopista del Ámbar establecen una serie de obligaciones que condicionan la ejecución de la obra y colocan bajo responsabilidad del promotor la protección de los recursos naturales en las zonas intervenidas.

Los documentos, identificados con los números 5459-26 y 5460-26, fueron emitidos los días 22 y 23 de octubre de 2026, respectivamente, luego de que el Comité Técnico de Evaluación emitiera sus recomendaciones mediante el Acta 43-2026, del 21 de octubre.

El primero corresponde a un corredor de 8.1 kilómetros entre Santiago y La Cumbre, desde la Circunvalación Norte hasta el inicio del túnel 1, donde se conecta con el tramo B.

El segundo autoriza 9.5 kilómetros entre Puerto Plata y Yásica, hasta su conexión con la vía Puerto Plata-Sosúa. El tramo B no está contenido dentro de los permisos a los que tuvo acceso Listín Diario.

Ambos forman parte de la conexión vial proyectada entre Santiago y la costa norte, pero sus autorizaciones contienen disposiciones ambientales específicas de acuerdo con las características de cada territorio.

Los tramos A y C contemplan la construcción de un corredor vial de cuatro carriles, dos por sentido de circulación, con un ancho de vía de 20.80 metros y carriles de 3.5 metros.

El tramo A tendrá una longitud de 8.1 kilómetros, mientras que el tramo C abarcará 9.5 kilómetros. Ambos contarán con pavimento asfáltico en dos capas de cinco centímetros, una base de 25 centímetros y una sub-base de 30 centímetros, además de sistemas de drenaje, señalización y seguridad vial.

Las obras incluyen distribuidores de tráfico, pasos a desnivel, paseos laterales de 0.3 y 2.5 metros en cada sentido, muros tipo New Jersey para separar los flujos vehiculares, barandas metálicas en los extremos exteriores y retornos operacionales.

En el tramo A se construirán dos pasos inferiores y uno superior, mientras que el tramo C tendrá dos pasos superiores, uno inferior, un puente sobre el río Camú y una estación de peaje, la cual ocupará un área de 20,180 metros cuadrados y tendrá diez carriles, cinco de ida y cinco de regreso, con un ancho total de 57 metros y una longitud de 340 metros. La infraestructura contará, además, con un pórtico metálico de cubierta.

UN TRAMO DENTRO DE UN ÁREA PROTEGIDA

Uno de los aspectos de mayor relevancia del permiso correspondiente al tramo C es que reconoce expresamente que el 14% de su trazado incide sobre el área protegida Vía Panorámica Carretera Santiago-La Cumbre-Puerto Plata.

Ante esa circunstancia, Medio Ambiente condicionó la ejecución de los trabajos al cumplimiento íntegro de la Resolución 09/2018, que establece los objetivos de manejo y usos permitidos para las áreas de categoría VI, además de las disposiciones de la Ley 202-04, Sectorial de Áreas Protegidas.

El documento también establece una franja obligatoria de protección de 30 metros en ambas márgenes de ríos, arroyos y cañadas, así como alrededor de lagos, lagunas y embalses, conforme al artículo 129 de la Ley 64-00.

Para este tramo, las fuentes hídricas identificadas de manera particular son los ríos Camú y Limonal y los arroyos El Mamey y Los Muertos. El promotor deberá preservar, además, la vegetación ribereña.

La autorización contempla un puente de 100 metros sobre el río Camú, una de las obras principales de este segmento, por lo que el cumplimiento de las medidas de protección de los recursos hídricos constituye una obligación expresa del proyecto.

FUENTES HÍDRICAS Y COMPENSACIÓN FORESTAL

En el tramo A, que se desarrolla entre Santiago y La Cumbre, el permiso identifica como ecosistemas que requieren protección el arroyo Viejo, el arroyo Guasumal y el río Licey Prieto, además de otras fuentes hídricas del área de influencia directa.

Obras Públicas deberá preservar la vegetación de las márgenes, impedir que los residuos de construcción, sedimentos o posibles derrames de hidrocarburos contaminen los cuerpos de agua y garantizar que las estructuras de drenaje mantengan el flujo natural de las corrientes.

Las disposiciones también establecen obligaciones relacionadas con la vegetación que pudiera resultar afectada por los trabajos.

En ambos tramos se exige la contratación de un regente forestal acreditado por Medio Ambiente, responsable de elaborar, dirigir y supervisar en campo el plan de desbroce.

Los permisos identifican especies como cedro, caoba y cabirma santa, que deberán preservarse o trasplantarse en áreas circundantes cuando resulte técnicamente viable.

En el tramo C también se mencionan la palma real y el amacey, entre las especies incluidas en la Lista Roja de especies en peligro de extinción, amenazadas o protegidas.

Para el tramo A, además, se establece la elaboración y ejecución de un plan de compensación forestal que contemple la reposición de los árboles removidos o desplazados mediante la siembra de especies nativas o propias del ecosistema.

La cantidad y los criterios técnicos deberán ser determinados y aprobados por los viceministerios correspondientes.

El permiso también exige el mantenimiento y seguimiento de los árboles plantados para comprobar su establecimiento y supervivencia, así como actividades de restauración ecológica en las áreas intervenidas.

FIANZAS DE CUMPLIMIENTO Y REPORTES CADA SEIS MESES

Las autorizaciones también establecen garantías económicas para respaldar el cumplimiento de los programas ambientales. Para el tramo A, Obras Públicas deberá mantener una fianza de cumplimiento de RD$280,000 a favor del Ministerio de Medio Ambiente, mientras que para el tramo C el monto asciende a RD$335,000.

Ambas garantías están destinadas a respaldar la ejecución de los respectivos Programas de Manejo y Adecuación Ambiental y deben permanecer vigentes durante el período de validez de los permisos.

Otro compromiso establecido en los documentos es la presentación de Informes de Cumplimiento Ambiental cada seis meses durante la fase de construcción.

Estos deberán recoger los resultados de la ejecución de los programas ambientales y servirán de base para evaluar el cumplimiento de las condiciones impuestas.

La falta de entrega de esos informes dentro de los plazos establecidos constituye una causa para cancelar las autorizaciones. Además, la renovación de los permisos estará condicionada al cumplimiento de los informes correspondientes.

En el tramo A, el programa de monitoreo deberá incluir, como mínimo, el seguimiento de la calidad del aire, los niveles de ruido, el funcionamiento del sistema de drenaje y el manejo de residuos.

RESTRICCIONES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

Las disposiciones ambientales también contemplan medidas para controlar los efectos de los trabajos sobre las comunidades y los ecosistemas próximos a la infraestructura.

Entre ellas figura la delimitación estricta de las áreas autorizadas para intervenir, la estabilización de taludes, la instalación de barreras de sedimentos y drenajes provisionales, así como el uso de sistemas de contención para evitar derrames de combustibles, grasas y aceites.

Obras Públicas deberá retirar los escombros mediante mecanismos autorizados, utilizar mallas de protección, señalizar las entradas y salidas de las zonas de construcción y rociar agua periódicamente para reducir la dispersión de polvo.

También tendrá que garantizar que los campamentos temporales cuenten con sistemas adecuados de abastecimiento de agua, manejo de aguas residuales y disposición de residuos, además de restaurar ambientalmente los espacios ocupados una vez concluidos los trabajos.

En el caso del tramo A, se establece expresamente que los materiales de construcción deberán proceder de empresas autorizadas por Medio Ambiente y que los estériles deberán depositarse en lugares adecuados, bajo criterios de control de escorrentías y sedimentos.

LA RESPONSABILIDAD DEL PROMOTOR

Los dos permisos tienen una vigencia de cinco años, condicionada al cumplimiento de las disposiciones ambientales y de los respectivos programas de manejo.

El Ministerio de Medio Ambiente conserva la responsabilidad de supervisar las condiciones establecidas, realizar inspecciones y auditorías, mientras que el MOPC deberá asumir las responsabilidades administrativas, civiles y penales por los daños que se ocasionen al medio ambiente y a los recursos naturales.

Las autorizaciones tampoco permiten incorporar libremente nuevas obras ni modificar los diseños aprobados. Cualquier ampliación, traslado, cambio de tecnología o incorporación sustancial de componentes deberá someterse nuevamente al proceso de evaluación ambiental.

De igual manera, los permisos ambientales no sustituyen otras autorizaciones sectoriales que sean necesarias para desarrollar las operaciones.

Las consecuencias por incumplimiento pueden incluir la revocación de los permisos, la aplicación de sanciones, la demolición de obras e instalaciones construidas y el cierre de las actividades de construcción u operaciones, según las disposiciones de cada autorización.

En el caso del tramo C, el documento contempla expresamente que el incumplimiento de cualquiera de sus disposiciones puede dar lugar a la revocación inmediata del permiso, sin perjuicio de otras sanciones aplicables.

Fuente: Listín Diario

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