La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) planteó la necesidad de unificar las direcciones de Impuestos Internos (DGII) y de Aduanas (DGA) en una sola administración tributaria en República Dominicana.
Según se ha explicado, al FMI le preocupa la elusión impositiva y las debilidades en las declaraciones de impuestos (omisiones), así como la alta informalidad laboral.
La elusión impositiva no es un fraude, sino un mecanismo estratégico que permite vacíos y ambigüedades en la aplicación de normas para pagar menos impuestos sin caer en la ilegalidad.
La misión, que se encuentra en el país desde el pasado 14 de este mes y se retirará el próximo miércoles 25, agota una amplia agenda con las autoridades del país y el sector privado dominicano con miras a desarrollar y presentar al Directorio Ejecutivo del organismo un documento de resultados de la evaluación del Artículo IV.
La economía dominicana todavía registra una elevada evasión y elusión de los principales tributos de recaudación, que son el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR), con niveles que, aunque han disminuido en los últimos años, aún están cerca del 40% en ITBIS y alrededor del 60% en el ISR.
La DGII estimó el incumplimiento tributario del ITBIS en 36.5% y del ISR en más de 50%, según había publicado el pasado año, y ubicaba a los sectores de la construcción, el comercio, los hoteles, bares y restaurantes, y los servicios profesionales como los de mayor incumplimiento.
Un estudio del período de 2007 a 2017 señala que la evasión del ITBIS había subido de 31.67% a 43.58%, mientras que el ISR había registrado altibajos: de 61.89% bajó a 57.80% por la aplicación de la retención de 10% sobre los intereses de personas físicas, que abarcó a los profesionales liberales o de ingreso mixto. Actualmente, las estimaciones de evasión o incumplimiento en el ISR rondan el 56.29%. La presión fiscal se ubica en 14.7%, según Datosmacro, por debajo de la media regional.
Según Global Alliance For Tax Justice, “la evasión y elusión fiscal de las empresas en República Dominicana alcanza el 62.3%, una cifra que reduce drásticamente la capacidad del Estado para financiar políticas públicas y enfrentar problemas sociales como la pobreza, que afecta al 18.9% de la población”.
Una administración tributaria unificada deberá hacer frente a la baja presión fiscal, que no llega al 15%, a pesar de las reformas, los cambios y las mejoras en las gestiones de impuestos. Actualmente, la DGII implementa el sistema de facturación electrónica, una herramienta que permite la emisión de comprobantes fiscales electrónicos integrados para un mayor control, así como el esquema del “Scoring Tributario” y ahora el programa Intégrate 1,2,3,4, para mipymes con ingresos anuales de hasta RD$1 millón; además, se habla de aumentar la percepción del riesgo.
Además, se debe atacar la alta omisión en las declaraciones de impuestos, ya que más de la mitad de los contribuyentes no presentan sus declaraciones a tiempo, lo que llama la atención de los evaluadores.
Aunque, en el caso de Aduanas, el despacho 24 horas no generó ninguna alerta, sino que más bien fue acogido, se ha sugerido incorporar la inteligencia artificial (IA) en la detección de fraudes fiscales y subvaluaciones de mercancías, mediante una mayor coordinación entre la DGA y la DGII.
Ante la ralentización en la implementación de la factura electrónica por parte de los contribuyentes, se ha sugerido acelerar ese proceso, implementar medidas de simplificación tributaria tanto para el pago como para las declaraciones y otorgar mayores facilidades para que las pequeñas empresas se acojan a esa herramienta.
Los técnicos del FMI observan que el impulso en los ingresos del Estado proviene del aumento del precio internacional de la onza troy del oro, un “commodity” que, aunque se ha estabilizado, sigue alto y cuyas captaciones extraordinarias han favorecido las recaudaciones acorde con el programa presupuestario.
La Ley 30-26, conocida como el Plan Anticrisis, no ha encontrado objeciones, pero desde la anterior evaluación del país, los técnicos del Fondo y especialistas en tributación han abogado por una reforma integral que incluya ingresos y gastos.
Esta última semana de la visita de la misión, los técnicos del FMI analizarán con el sector privado la reforma del mercado laboral, especialmente la forma de implementar un período de transición que facilite el paso de la cesantía laboral a un seguro de desempleo.
Asimismo, plantean políticas públicas para reducir la informalidad y aplicar un régimen de consecuencias mayor para la competencia desleal.
No obstante, para dar ese paso, el Gobierno y el sector privado deberán sentarse en el Consejo Económico y Social (CES) nuevamente, desde donde salieron 13 reformas para pasar del subdesarrollo de aquí al 2036, porque aún las brechas son muy amplias.
En el caso laboral, personas físicas y mipymes prefieren ser independientes y permanecer en la informalidad por los altos costos de la economía (servicios caros, seguridad social y pensiones ineficientes, impuestos altos, bajos salarios y altas exigencias para contratar empleos, incluyendo el tope de edad). Esta situación dilata el paso al seguro de desempleo, según analistas laborales.
Fuente: Listín Diario

