Los abogados Carlos Balcácer y Manuel Sierra Pérez son parte de un grupo de siete penalistas que denuncian las recurrentes muertes de personas en el país a manos de agentes policiales bajo el discurso de intercambio de disparos o muertes en acción legal, que hasta el momento llegan a no menos de 117 desde el mes de septiembre. En su cruzada sostienen que existe un «silencio sepulcral» en el Ministerio Público frente a las muertes de ciudadanos durante supuestos intercambios de disparos con la Policía Nacional y cuestionan que el Estado esté recurriendo a la fuerza policial sin resolver las deficiencias de la persecución penal.
Los abogados han hecho varias solicitudes al Ministerio Público y se han encontrado con una pared. «Al día de hoy, esa solicitud de varias diligencias no ha tenido respuesta de la Procuraduría General de la República. Un silencio sepulcral», afirma Sierra Pérez.
Los juristas reconocen que las muertes en intercambios de disparos son problemas más amplios del sistema de justicia, que empieza con el fracaso de la reforma policial, la escasez de fiscales, la insuficiencia de tribunales, las dificultades para procesar a los infractores y la desconfianza de una parte de la población en las instituciones. Sin embargo, eso no las justifica. Balcácer sostiene que las autoridades deben asumir las responsabilidades que les corresponden en la persecución de los delitos, en lugar de presentar la muerte de personas buscadas por la justicia como una respuesta a la inseguridad.
«Fracasó el Estado. Y como el Estado no tiene respuesta frente a la población, ha decidido elegir una limpieza humana», expresa el abogado durante su participación en el segmento Diálogo Libre de este periódico.
Balcácer fue cuestionado sobre la reacción de ciudadanos que manifiestan alivio cuando la Policía mata a una persona señalada como responsable de robos, asaltos u otros delitos. Advierte que aceptar las muertes como solución a la delincuencia puede tener consecuencias para toda la sociedad. «Porque con la actitud que está teniendo ahora mismo la Policía bajo la dirección de su director general se crea en el inconsciente colectivo de la autoridad una licencia de hacer lo que yo quiera», advierte.
El abogado plantea que la falta de atención a las denuncias de las víctimas contribuye a esa situación. «Si la Policía no atiende el reclamo de la persona ofendida, de la víctima, obviamente es la misma falta de la Policía en no tramitar el asunto a los departamentos investigativos o el mismo Ministerio Público», explica.
A su juicio, la respuesta debe consistir en investigar los delitos, detener a los responsables y presentarlos ante los tribunales. «El tema no es matar al infractor», afirma.
Balcácer sostiene que la delincuencia no puede desaparecer mediante la eliminación física de quienes cometen delitos, sino que corresponde al Estado establecer mecanismos para controlarla y prevenirla.
El abogado también relaciona las dificultades para perseguir la delincuencia con la falta de recursos del sistema judicial: «Hay pocos fiscales. Es lo primero. Yo quiero ir a la génesis».
Balcácer señala que la cantidad de representantes del Ministerio Público resulta insuficiente frente al volumen de denuncias que reciben las fiscalías. Describe las dificultades para tramitar expedientes de estafa, abuso de confianza, falsificación, violencia y otros delitos que deben ser investigados antes de presentarse ante un tribunal.
También cuestionó la cantidad de tribunales disponibles en el Distrito Nacional para conocer los procesos penales. «¿Cuántos colegiados hay aquí? Cuatro», señala durante la conversación, al tiempo que defiende la necesidad de ampliar la capacidad de los órganos judiciales.
El presupuesto aprobado para el Poder Judicial en 2026 fue de aproximadamente 12,921.6 millones de pesos.
Balcácer también cuestiona los recursos destinados a la Policía y las condiciones laborales de sus agentes, al señalar que una política de seguridad efectiva requiere personal capacitado, salarios adecuados y mecanismos de supervisión. «Aquí lo que hay es que proteger tanto a la autoridad como al ciudadano», manifiesta, al tiempo de señalar que en la mayoría de los casos los policías conviven cerca de delincuentes.
La reincidencia delictiva forma parte de la discusión, especialmente por el argumento recurrente de las autoridades de que las personas fallecidas en supuestos intercambios de disparos acumulaban cinco, diez o más registros policiales. Sin embargo, la existencia de esos antecedentes no implica condenas judiciales ni permite justificar las circunstancias en que ocurrieron las muertes.
Una ficha ni siquiera significa que una persona haya sido judicializada. Lo mismo ocurre con el discurso de la orden de arresto. «La rebeldía es tan leve que tú te presentas y se levanta […] de una vez», expresa Balcácer, al explicar que una declaración de rebeldía no equivale necesariamente a una sentencia condenatoria.
El abogado diferencia a las personas investigadas o buscadas por la justicia de aquellas que han sido declaradas culpables mediante una sentencia. También aborda el problema de quienes salen de prisión después de cumplir una condena y vuelven a cometer delitos. Para Balcácer, la respuesta debe incluir mecanismos de rehabilitación, educación, capacitación laboral y seguimiento de las personas que recuperan su libertad.
Menciona su experiencia como abogado en procedimientos de libertad condicional y los programas de formación que se desarrollan dentro de los centros penitenciarios. «El individuo, señores, que le coge diez años al Estado, preso, diez […] no te ve jamás un puñal en la calle», sostiene, al defender su percepción sobre el efecto de las condenas prolongadas.
Fuente: Diario Libre

