La Junta Central Electoral (JCE) inauguró en Santo Domingo la XIX Reunión Interamericana de Autoridades Electorales, un encuentro organizado junto con la Organización de los Estados Americanos (OEA), con apoyo de los gobiernos de Canadá y Suiza. Las sesiones se realizan en el hotel El Embajador y se extenderán hasta el viernes, con el objetivo de intercambiar experiencias y fortalecer las capacidades institucionales de la región.
La asistencia fue descrita de manera distinta en las informaciones publicadas sobre el encuentro: Diario Libre reportó representantes de 35 organismos electorales de 25 países, mientras Hoy Digital informó que participan 100 delegados de 35 países. En la apertura, el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, señaló entre los principales desafíos para la democracia los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, la desinformación y la desconfianza de la ciudadanía en las organizaciones políticas.
Jáquez advirtió que la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar los servicios electorales, pero también facilita la creación y difusión de contenidos manipulados capaces de confundir al electorado. Sostuvo que los organismos deben ofrecer información oportuna y verificable, proteger la integridad del debate público y respetar la libertad de expresión. También afirmó que incorporar nuevas tecnologías no equivale por sí solo a generar confianza y que su uso debe acompañarse de supervisión y transparencia.
El titular de la JCE planteó que la confianza ciudadana se construye mediante actuaciones claras, verificables y sujetas al escrutinio público. En la reunión, el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, Gerardo de Icaza, también alertó sobre la polarización política, la desconfianza ciudadana y las transformaciones tecnológicas. Jáquez anunció, además, una cumbre por la integridad electoral y la equidad democrática, aprobada por el pleno de la JCE el 6 de noviembre, con participación de dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil. La iniciativa busca promover el respeto a los plazos legales y condiciones equitativas en la competencia, especialmente en el uso de recursos.
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