La purga judicial que abrió la Corte Suprema para remover de la magistratura a 18 jueces que viajaron al extranjero con licencia médica, aún está lejos de terminar.
Hasta ahora lo único que se sabe es un veredicto que fue comunicado por la propia presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich. La ministra -sin entregar la identidad de los expulsados- solo se limitó a informar la cantidad de remociones aprobadas, detallando si fueron por mayoría o por unanimidad del pleno.
Luego de eso la relatora de pleno, Alejandra Aguilar, envió un correo personal a cada juez avisando que había quedado removido, que en los próximos meses será notificado de su sentencia y que, mientras tanto, quedarán suspendidos de sus funciones.
Pese a que los fallos aún no han sido redactados, los 18 jueces expulsados han comenzado a desplegarse para analizar los pasos a seguir.
Lo primero es agotar todas las instancias posibles a nivel doméstico. Eso quiere decir que la mayoría presentará un recurso de reposición ante la Suprema, que es el recurso disponible en el acta que regula los procesos disciplinarios para impugnar este tipo de decisiones.
Como todo indica que los supremos no cederán en sus decisiones, varios de los jueces removidos se están organizando para ir un paso más allá.
Para eso, una buena cantidad de los 18 removidos -alrededor de 14 jueces, entre los que está incluido el juez Daniel Urrutia- ya se están organizando para llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esa decisión ya está tomada y se está trabajando de manera paralela a los recursos que aún falta por presentar ante las cortes chilenas.
Dado que las demandas internacionales son procesos largos, cuyos escritos son bastante extensos, y que, además, este caso será colectivo abarcando casi 15 magistrados, el trabajo de preparación tiene que hacerse con anticipación.
Para eso quienes han sabido del proceso cuentan que los jueces afectados ya ficharon a los abogados que los representarán en el proceso ante la CIDH. Se trata de los profesionales peruanos Julio Arbizu y Ronald Gamarra.
Uno de los posibles argumentos de esa demanda será la eventual afectación al debido proceso: algo que ha sido ampliamente reprochado por el gremio de jueces e, incluso, por la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite.
Otro punto que podría ser abarcado tiene que ver con la ausencia de un criterio claro por parte de los supremos para remover a los jueces.
Esto, debido a que cada caso, en función de la poca información que se maneja, es distinto al otro y, según los afectados, no existiría una vara clara de cuándo la salida al extranjero con licencia médica sí amerita la expulsión y cuando no.
Si bien todo el proceso fue bajo el artículo 80 de la Constitución, que juzga responsabilidad ministerial por buena conducta a nivel general, cercanos a los jueces removidos dicen que los indicios hasta ahora apuntarían a que los supremos no juzgaron a todos por igual y ponderaron de forma distinta las situaciones en función del juez particular que estaba siendo analizado.
Todos los jueces que tomarán este camino saben que el proceso será largo y probablemente dure una década. Sin embargo, están dispuestos a dar la batalla. Para eso lo primero que deben hacer es sortear la barrera de la CIDH.
En ese caso, la comisión hace un examen de admisibilidad, revisa que los requisitos estén cumplidos, traslada el asunto al Estado demandado, busca una solución amistosa si las partes lo requieren y luego, solo si la mayoría absoluta de la comisión así lo estima conveniente, puede derivar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Uno de los precedentes que podrían ser relevantes a la hora de citar la jurisprudencia de la Corte IDH, es el caso López, Lone y otros vs. Honduras.
Se trata de una sentencia de 2015 en que los demandantes fueron un grupo de jueces removidos de su cargo por haber criticado y participado de manifestaciones en contra del golpe de Estado en 2009.
Si bien el contexto es totalmente distinto, dicho caso podría ser invocado para analizar la expulsión de los magistrados chilenos. En el caso de Honduras, la Corte IDH falló a favor de las víctimas y ordenó reintegrar a los jueces, además de una serie de otras medidas reparatorias.
Fuente: La Tercera