La propuesta de reducir radicalmente el financiamiento a los Sitios de Memoria y asignar apenas mil pesos al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos constituye una señal profundamente preocupante para nuestra democracia. No se trata solamente de una cuestión presupuestaria. Proponer una cifra tan irrisoria a una institución de esta relevancia es también un gesto simbólico de desprecio hacia la memoria histórica y hacia el compromiso que, como sociedad, hemos asumido con los derechos humanos.
Los Sitios de Memoria y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos cumplen un papel fundamental en la educación, la cultura y la formación de una ciudadanía consciente de su historia, respetuosa de los derechos fundamentales y comprometida con la democracia. Su trabajo no se limita a conservar testimonios y documentos del pasado: son espacios vivos de reflexión, investigación, creación y encuentro, que colaboran permanentemente con establecimientos educacionales, universidades, organizaciones culturales y comunidades.
Hemos tenido la oportunidad de colaborar con estas instituciones en distintos procesos formativos, y hemos visto instituciones rigurosas y comprometidas con su trabajo y motivadas por su compromiso con las nuevas generaciones. Porque aprender sobre nuestra historia no consiste únicamente en conocer los hechos, sino también en desarrollar una mirada crítica, comprender sus consecuencias y reconocer nuestra responsabilidad frente al presente y el futuro de nuestra sociedad.
Los Sitios de Memoria cumplen, además, una tarea insustituible: preservar y transmitir las experiencias de quienes sufrieron la violencia y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la dictadura. Son lugares que nos recuerdan un periodo en que el propio Estado fue responsable de vulnerar los derechos fundamentales de miles de personas. Por ello, es también responsabilidad del Estado contribuir a su preservación, a los procesos de reparación y a las garantías de no repetición.
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, por su parte, ha alcanzado un importante reconocimiento internacional. Es un espacio de referencia para visitantes nacionales y extranjeros, con una programación cultural, artística y educativa que permite abordar la memoria desde múltiples perspectivas. Su relevancia trasciende nuestras fronteras y forma parte del patrimonio cultural y democrático del país.
Proponer un presupuesto que debilita económicamente estas instituciones significa poner en riesgo años de trabajo, investigación, conservación de archivos, programas educativos y vínculos construidos con las comunidades. Pero también implica algo más profundo: debilitar los espacios desde los cuales una sociedad puede interrogar críticamente su propia historia para plantearse un futuro donde la violación sistemática a los derechos humanos no sea posible.
La memoria no es un asunto exclusivo de quienes vivieron la dictadura ni pertenece a una determinada generación o sector político; es una responsabilidad colectiva, es un piso mínimo y una condición necesaria para construir una convivencia democrática que reconozca la dignidad humana como un principio irrenunciable.
Una democracia no se fortalece silenciando su pasado ni precarizando las instituciones que trabajan por mantenerlo presente. Se fortalece cuando es capaz de reconocer sus heridas, asumir sus responsabilidades y transmitir esos aprendizajes a las nuevas generaciones. Así parece haberlo entendido la Cámara de Diputados. Esperamos que, en las próximas instancias de discusión presupuestaria, esta convicción sea compartida por todos.
La memoria no vale mil pesos: su valor es incalculable y su resguardo es una responsabilidad que no podemos abandonar.
Fuente: El Mostrador

