Santo Domingo.– El juicio por presunta corrupción administrativa contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz y otros implicados en el caso Calamar sufrió un nuevo retraso este miércoles, luego de que la defensa de uno de los acusados recusara a dos juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
El incidente se produjo después de que el tribunal acogiera una solicitud del Ministerio Público para separar del expediente a dos procesados por razones de salud, con el propósito de permitir que el juicio continuara contra los demás involucrados.
Sin embargo, la defensa de Santiago Roberto Moquete presentó una recusación contra las magistradas Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, lo que obligó a suspender el conocimiento del proceso y fijar una nueva audiencia para el miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 9:00 de la mañana.
El Ministerio Público calificó la actuación como una maniobra dilatoria que obstaculiza el avance del caso, en el que se investiga un presunto desfalco al Estado dominicano superior a RD$19,000 millones.
Tribunal advierte sobre tácticas dilatorias
Durante la audiencia, el tribunal, presidido por la magistrada Arlin Ventura, llamó la atención a los abogados que promovieron el incidente, al considerar que su actuación podría constituir una violación al principio de lealtad procesal.
Los jueces hicieron referencia al artículo 135 del Código Procesal Penal, que establece que las partes deben actuar con lealtad y abstenerse de presentar medidas destinadas únicamente a retrasar los procedimientos judiciales.
El fiscal Melbin Romero Suazo cuestionó la actuación de la defensa y sostuvo que el incidente se produjo después de que el tribunal acogiera una solicitud fundamentada en razones humanitarias.
«Lo que pasó hoy fue un acto de deslealtad procesal. El tribunal, incluso, le invocó el artículo 135 del Código Procesal Penal a ese abogado, porque ha actuado en esta audiencia con total y absoluta deslealtad», manifestó.
El representante del Ministerio Público recordó que la legislación contempla sanciones para quienes incurran en actuaciones contrarias a las normas que rigen el proceso penal.
«Valoramos positivamente que el tribunal le advirtiera a esa defensa que si vuelve a actuar de forma desleal será sancionado como establece la norma procesal penal», agregó Romero Suazo.
Separan a dos acusados por problemas de salud
El Tercer Tribunal Colegiado dispuso el desglose del expediente respecto a Santiago Roberto Moquete y al excontralor Daniel Omar Caamaño Santana, atendiendo a las condiciones médicas de ambos.
La medida fue solicitada por el Ministerio Público para evitar que las situaciones particulares de estos procesados impidieran avanzar con el conocimiento del juicio contra Guerrero Ortiz y los demás acusados.
Según explicó Romero Suazo, la decisión permitiría continuar el procedimiento judicial sin desconocer las circunstancias de salud de los imputados. El tribunal ya había separado en octubre a Rafael Porfirio Calderón Martínez, también vinculado al expediente.
Por otra parte, durante la audiencia se informó que la Corte de Apelación había rechazado una recusación anterior presentada por la defensa de Juan Tomás Polanco contra las magistradas Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez.
Con esa decisión, la corte confirmó la competencia del tribunal para continuar con el proceso. El nuevo incidente fue remitido a esa misma instancia judicial para su conocimiento.
Acusación por más de RD$19 mil millones
El caso Calamar se remonta a marzo de 2023, cuando el Ministerio Público puso en marcha una operación que incluyó el arresto de varios exfuncionarios y otros implicados en una presunta estructura de corrupción administrativa.
Según la acusación, los procesados habrían desviado más de RD$19,000 millones mediante pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública. El órgano acusador también sostiene que parte de los recursos obtenidos mediante sobornos habría sido utilizada para financiar la campaña electoral de 2020.
Donald Guerrero Ortiz, quien ocupó el Ministerio de Hacienda, figura entre los principales acusados del expediente. Las imputaciones forman parte de la tesis del Ministerio Público y deberán ser examinadas por el tribunal durante el juicio.
La continuación de la audiencia quedó fijada para el miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, mientras se espera una decisión sobre el incidente procesal pendiente.
Fuente: El Día