Una coalición de organizaciones pidió este jueves a la gobernadora Kathy Hochul que proteja la Ley Dream, que permite a estudiantes indocumentados acceder a programas estatales de ayuda financiera y becas, así como abrir cuentas de ahorro. Los programas, las becas y las cuentas son administrados por la Corporación de Servicios de Educación Superior.
El pasado agosto, la Administración del presidente Donald Trump demandó a Nueva York por esta ley —aprobada por la legislatura estatal en enero de 2019— como parte de su campaña nacional para desmantelar el acceso de los jóvenes inmigrantes a la educación superior.
Las organizaciones, entre ellas Make The Road, aseguran en una carta enviada hoy a Hochul que la acción de Trump ha generado ansiedad e incertidumbre entre los estudiantes de todo el estado ante la posibilidad de perder el acceso a las políticas que facilitan la educación superior, «lo que amenaza su futuro académico».
«Para los jóvenes a quienes sirven nuestras organizaciones, este tema no es abstracto. Los estudiantes están tomando decisiones ahora mismo sobre si pueden costear la universidad, presentar sus solicitudes de admisión, permanecer matriculados o si podrán cumplir su sueño de obtener un título universitario», indican en la misiva.
También recuerdan que, durante años, Nueva York ha brindado oportunidades significativas e igualitarias para continuar sus estudios a los estudiantes que han crecido en el estado, se han graduado de sus escuelas secundarias y lo consideran su hogar, independientemente de su estatus migratorio.
«La Ley Dream representa una parte importante de ese compromiso», afirman.
Para Antonio, un estudiante mencionado en la carta y el primer miembro de su familia que va a la universidad, esta ley «no solo cambia la vida de los estudiantes, cambia la vida de familias enteras y hace posible los sueños de generación en generación».
Otro estudiante, que prefirió no identificarse, aseguró a las agrupaciones que, de eliminarse esta ley, enfrentaría dificultades económicas que le obligarían a interrumpir sus estudios y trabajar, lo que pondría fin a sus sueños.
Los grupos hacen varias recomendaciones a Hochul: garantizar la continuidad de la aplicación de la ley y coordinar con la Corporación de Servicios de Educación Superior, el Departamento de Educación y otras agencias para que los estudiantes reciban información y no se desanimen al momento de solicitar ayuda financiera.
Hasta la fecha, 25 estados y Washington D.C. se han enfrentado a demandas similares. Si bien la mayoría de los casos están pendientes, algunos estados, como Florida, Nebraska, Kentucky y Oklahoma, han eliminado sus políticas que brindaban a los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio, acceso a la matrícula estatal y a la ayuda financiera estatal.
Fuente: Diario Libre

