Argentina dijo a un tribunal internacional que la aprobación británica de la perforación petrolera frente a las Islas Malvinas [https://www.theguardian.com/uk/falklands] ha profundizado drásticamente una disputa por la soberanía que desembocó en una guerra hace cuatro décadas.
Al inicio de un histórico enfrentamiento legal ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, un equipo jurídico argentino argumentó que el proyecto petrolero debe suspenderse.
Javier Oyarzábal, principal asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, dijo que los 3,400 habitantes de las Islas Malvinas, cuyo estatus como territorio británico de ultramar es disputado por Buenos Aires, no tienen derecho a los recursos que rodean el archipiélago del Atlántico Sur.
Oyarzábal dijo: “[Argentina] respects the interests of the inhabitants of the islands and their way of life as enshrined in the Argentine constitution … What these British citizens do not have is a right to decide to which state the islands belong …
“These resources belong to the Argentine people. Some 46 million of them including the 1,247 inhabitants born on the islands whose interests will be duly taken into account.”
Oyarzábal dijo que Argentina estaba dispuesta a negociar “all aspects of the question” de las Islas Malvinas, conocidas como Malvinas en Argentina, “including the present aggravation of the dispute caused by the UK”.
Acusó al Reino Unido de negarse a entablar conversaciones sobre las islas mientras avanzaba con la explotación de sus recursos naturales de una manera que afianzaría el statu quo.
Oyarzábal afirmó que el dinero del petróleo obtenido mediante la perforación “finance the very military base and presence that sustains the UK’s de facto control of the territory”.
Dirigiéndose al presidente del panel, el juez Maurice Kamga, de Camerún, añadió: “Mr President, the UK cannot have it both ways. It cannot invoke the sovereignty dispute to escape jurisdiction [of Itlos] while exploiting the natural resources of the disputed area as if a dispute had already been resolved in its favour.”
El proyecto Sea Lion, en la cuenca norte de las Malvinas, liderado por la empresa israelí Navitas y su socio británico Rockhopper, tiene el potencial de triplicar el PIB per cápita de las islas.
El presidente de Argentina, Javier Milei, y su Gobierno lo han condenado por considerarlo ilegal, y el Gobierno argentino ha solicitado un arbitraje ante el TIDM sobre el futuro del proyecto. Sostiene que la aprobación británica del proyecto viola una resolución de la ONU de 1976 que pide a ambas partes abstenerse de tomar medidas unilaterales en las islas hasta que se resuelva la disputa por la soberanía.
Argentina solicita medidas provisionales urgentes, incluido el compromiso del Reino Unido de “stop the drilling”, que, según dijo Oyarzábal, no haría más que “preserve the present situation” y permitiría iniciar conversaciones constructivas sobre la soberanía.
Al comienzo de la audiencia de dos días, se dijo al panel del tribunal que la decisión del Gobierno británico de permitir que las perforaciones comiencen en marzo del próximo año constituía una “unilateral conduct” de una “colonial power”.
Argentina también sostuvo que el proyecto petrolero Sea Lion amenaza con provocar un desastre ambiental a las puertas del país y que haría “more difficult or impossible” resolver pacíficamente la disputa por la soberanía de las islas.
Añadió: “In the event of a blow out or spill, it is Argentina that would bear its consequences and be called upon to respond, not a state that is 12,700km away. More over the project lies within the search and rescue region for which Argentina is responsible”.
La prolongada disputa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas desembocó en una guerra en 1982, que costó la vida a 649 militares argentinos, 255 militares británicos y tres habitantes de las islas.
La audiencia es la primera ocasión en que asuntos de fondo relacionados con las Malvinas se dirimen ante un tribunal internacional.
En las islas, el proyecto petrolero se considera una oportunidad para asegurar su futuro económico y crear un fondo soberano, en un momento en que disminuyen las capturas pesqueras de las que dependen.
En una muestra de solidaridad, la princesa Ana llegó el lunes a Puerto Stanley. Ellie Reeves, fiscal general del Reino Unido, asistió el martes a la audiencia del TIDM.
Reeves afirmó que Argentina intentaba dirimir la cuestión de la soberanía ante el TIDM, un órgano judicial independiente creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 para supervisar las disputas marítimas.
Dijo: “We don’t think this is the forum to effectively determine sovereignty issues.”
Al preguntársele si el Reino Unido acataría cualquier fallo, Reeves dijo: “We don’t know what’s going to happen in terms of the outcome but we don’t consider they have jurisdiction on sovereignty issues. We respect the court and the institutions … but I don’t want to get ahead of what the tribunal may or may not say.” La audiencia continúa.
Fuente: The Guardian