Mientras la volatilidad frente a los combustibles encarece el costo de vida, aplazar exigencias de eficiencia energética perpetúa una contradicción estructural que Chile sí puede resolver.
Las recientes movilizaciones ligadas al transporte exponen una realidad que la gran mayoría predecía tras la suspensión de las reglas del Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (MEPCO). La decisión del gobierno de hace 7 meses nos mostró la profunda vulnerabilidad estructural de nuestra economía. Chile depende fuertemente del petróleo importado para movilizar personas, transportar bienes y desarrollar sus actividades productivas. Esta dependencia tiene consecuencias directas sobre el costo de vida de las familias.
Frente a esta fragilidad, Chile cuenta con una ventaja estratégica que pocos países tienen: un enorme potencial de generación eléctrica a partir de fuentes renovables. El problema es que todavía utilizamos una parte importante de esa energía para producir electricidad que no necesariamente sustituye los combustibles fósiles en nuestros principales usos finales.
El transporte es el principal ejemplo de esta contradicción: de todo el petróleo y sus derivados disponibles en el país, este sector consume cerca del 60%, y casi el 99% de su consumo energético proviene de estos combustibles fósiles y contaminantes.
Chile está aumentando su generación renovable, pero seguimos dependiendo del petróleo importado para movernos. Por ello, la transición energética no debe entenderse únicamente como una política climática: es también una política de seguridad económica, reducción del costo de vida y soberanía energética.
La soberanía del siglo XXI consiste en utilizar los recursos renovables de nuestro territorio para erradicar la dependencia del petróleo.
En este escenario, resulta controversial la pretensión de aplazar la segunda etapa de la Ley de Eficiencia Energética (que debería partir en enero de 2027), normativa clave para asegurar que los nuevos vehículos comercializados en el país sean más eficientes y reduzcan el consumo de combustible. Postergar estos estándares de rendimiento frena el ahorro energético y envía una señal contradictoria cuando la urgencia social exige acelerar la eficiencia y la electromovilidad.
Chile ya cuenta con una Estrategia Nacional de Electromovilidad con metas al 2035 para que el 100% de las ventas de vehículos livianos, medianos y de transporte público sean de cero emisiones. El desafío político inmediato es transformar esa proyección de largo plazo en una política de aceleración inmediata. Para lograrlo, se propone implementar una estrategia centrada en cinco ejes:
1. Electrificación prioritaria del transporte: Focalizar esfuerzos en vehículos de alto uso y consumo como transporte público, taxis, colectivos, flotas comerciales y logística urbana.
2. Infraestructura de carga regional: Expandir la red de electrolineras en regiones, carreteras y zonas rurales, eliminando barreras territoriales.
3. Incentivos tributarios: Establecer beneficios fiscales para la adquisición y renovación de vehículos eléctricos productivos y de transporte.
4. Acceso financiero inclusivo: Flexibilizar requisitos crediticios para que el financiamiento no se limite a sectores de altos ingresos y ampliar propuestas de créditos verdes de BancoEstado para personas, MiPyMEs y transportistas que sustituyan vehículos a combustión.
5. Política industrial verde: Promover el reemplazo de diésel por electricidad en procesos industriales, agrícolas y mineros viables y fijar metas por industria con apoyo financiero, regulatorio y asistencia técnica.
Chile tiene ventajas naturales para transformar su energía en alivio para los hogares. Avanzar de la vulnerabilidad importadora a la soberanía energética es una decisión política indispensable para asegurar nuestro futuro.
Fuente: El Mostrador