La regulación y la supervisión permanente del sistema financiero y de los fondos de pensiones constituyen mecanismos fundamentales para proteger los recursos de los afiliados y evitar que se repitan situaciones como la ocurrida recientemente en Paraguay, afirmó el superintendente de Pensiones, Francisco A. Torres.
Explicó que en la República Dominicana la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Pensiones tienen a su cargo la vigilancia de las entidades financieras y de las administradoras de fondos de pensiones, respectivamente. Destacó que desde la crisis bancaria de 2003 el país no ha enfrentado otra de esa magnitud y que, cuando algunas entidades han presentado problemas, las autoridades han podido intervenirlas a tiempo.
Al referirse al caso de Paraguay, señaló que de los tres millones de afiliados o clientes que tenía el banco involucrado, cerca de dos millones ya habían recibido la devolución de su dinero. Indicó que esto fue posible por los mecanismos de protección establecidos en la regulación, que permiten responder ante situaciones de esa naturaleza.
En el sistema previsional dominicano, la Superintendencia de Pensiones supervisa diariamente los instrumentos en los que invierten las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Torres explicó que esta vigilancia se complementa con la de la Superintendencia del Mercado de Valores, que fiscaliza a las empresas emisoras, mientras la Superintendencia de Pensiones verifica las inversiones desde la perspectiva de las administradoras.
Agregó que, al tratarse de instrumentos del mercado de valores, también están sometidos a la vigilancia de sus participantes y cuentan con información pública. Los datos sobre las operaciones se encuentran disponibles periódicamente en las páginas de las empresas emisoras y de los organismos supervisores.
Torres reconoció que toda inversión implica riesgos, pero sostuvo que estos se mitigan mediante la regulación y la fiscalización activa.
Explicó que las AFP pueden invertir en instrumentos con distintas calificaciones de riesgo para procurar una mayor rentabilidad ajustada al riesgo asumido y que, ante eventuales problemas, las autoridades disponen de mecanismos para intervenir las entidades y realizar los procesos de liquidación correspondientes.
Fuente: Hoy Digital