Un total de 102 niños, niñas y adolescentes han quedado huérfanos de madre como consecuencia de los 80 feminicidios íntimos registrados en República Dominicana hasta el 9 de noviembre, cifras que evidencian el impacto de la violencia contra las mujeres sobre las familias y que adquiere especial relevancia en noviembre, cuando el país conmemora el Mes de la Familia.
El balance no solo refleja el aumento de las muertes violentas, sino también las consecuencias que estos crímenes dejan en los hogares, especialmente en los hijos que pierden a sus madres y deben enfrentar las secuelas emocionales, sociales y económicas de estas tragedias.
Durante los primeros días de noviembre se han reportado cinco casos de mujeres asesinadas en circunstancias vinculadas presuntamente con la violencia de pareja, entre ellos el de Jocelyn Ceballo Matrillé, de 36 años, ocurrido en San Juan de la Maguana.
La mujer murió la madrugada del 6 de noviembre en el residencial Caonabo Tower, tras recibir un disparo de Francisco Rosendo Moya Tavares, de 57 años, señalado como presunto responsable del homicidio. Al momento del hecho, sus dos hijas menores se encontraban en el apartamento cuando ocurrió el crimen.
Otro de los hechos tuvo lugar en el municipio de Esperanza, provincia Valverde, donde Rosanny del Carmen Almonte Molina, de 47 años, murió tras recibir varios disparos presuntamente realizados por su pareja, Leonalfry Torres Hernández, conocido como “Leo”, quien también resultó herido.
A estos casos se suman los asesinatos de Yocanda Elizabeth Ramírez de los Santos, en Las Yayas de Azua, y Albenis de Jesús Hernández, en Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez.
Para Yanira Fondeur, presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, el Mes de la Familia y el saldo de mujeres asesinadas y menores que han quedado en la orfandad vuelve a plantear una interrogante sobre la capacidad del país para proteger la vida de las mujeres y garantizar la seguridad de los huérfanos.
Reclamó que las órdenes de protección cuenten con mecanismos de supervisión y cumplimiento riguroso, de manera que no se limiten a documentos emitidos por las autoridades, sino que representen una protección efectiva para las víctimas.
También propuso fortalecer las unidades de atención a sobrevivientes de violencia y los centros de intervención conductual para hombres, crear un registro nacional de huérfanos por feminicidios con programas de apoyo psicológico, económico y legal, así como conformar una mesa nacional de prevención integrada por instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación para evaluar periódicamente las acciones implementadas.
Reiteró que uno de los principales desafíos es la actualización del marco legal sobre violencia de género e intrafamiliar, al considerar que la legislación vigente, la Ley 24-97, requiere adecuarse a las necesidades actuales para hacer más efectiva la prevención de la violencia contra las víctimas.
Fuente: Hoy Digital