La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en primera lectura, un proyecto de ley que faculta a la Dirección General de Aduanas (DGA) a prohibir la entrada al país de mercancías, productos o bienes que hayan sido fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso.
La iniciativa establece un procedimiento para investigar el origen de las mercancías y determinar si se utilizaron prácticas de trabajo forzoso en alguna etapa de su cadena de suministro.
El proyecto surge en medio de las presiones comerciales de Estados Unidos, que impuso un arancel del 12,5 % a los productos dominicanos, frente al 10 % aplicado a otros países, bajo el argumento de que República Dominicana no prohíbe la importación de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso.
En sus artículos, la iniciativa también contempla medidas provisionales cuando existan indicios razonables de que una mercancía pudo haber sido producida mediante trabajo forzoso.
En esos casos, la DGA podrá suspender el despacho aduanero, retener temporalmente los productos o aplicar una prohibición provisional mientras se desarrolla la investigación.
Estas medidas, según la propuesta, tendrán una duración ordinaria de hasta 45 días, con posibilidad de extenderse por otros 30 días.
El proyecto asigna a la DGA la responsabilidad de conducir el procedimiento y tomar la decisión final sobre la prohibición, mientras que el Ministerio de Trabajo tendrá a su cargo la evaluación técnica para determinar si existió trabajo forzoso en la cadena de suministro.
Uno de los cambios que plantea el proyecto es que todos los importadores deberán declarar, al momento de presentar la Declaración Única Aduanera, si conocen o tienen motivos razonables para considerar que los productos que pretenden introducir al país fueron elaborados mediante trabajo forzoso.
La iniciativa también establece que una declaración falsa podrá generar sanciones administrativas conforme a la legislación aduanera, sin descartar posibles responsabilidades penales.
Además, dispone que los gastos generados por la retención de una mercancía, su devolución al país de origen o su destrucción correrán por cuenta del importador.
Entre esos costos se incluyen el almacenamiento, la permanencia en puertos o aeropuertos, el transporte y las operaciones necesarias para reexportar o destruir los productos.
La iniciativa ordena a la DGA crear, en un plazo de 180 días, un registro público en línea de las prohibiciones de importación por trabajo forzoso.
Ese registro deberá incluir información sobre las mercancías afectadas, sus productores, fabricantes o suplidores, el país o región de origen y la decisión que sustentó la prohibición.
Sin embargo, el proyecto establece que deberán protegerse los datos que permitan identificar a las víctimas, los secretos comerciales legítimos y las investigaciones en curso.
La iniciativa fue impulsada por el senador Félix Bautista y respaldada por otros senadores del oficialismo.
Tras su aprobación en el Senado, recibió el voto favorable de la Cámara de Diputados en primera lectura, por lo que solo le resta ser aprobada en segunda lectura para concluir su trámite en el Congreso.
Fuente: Diario Libre