En estos días el país ha sido testigo de una decisión estremecedora: la rebaja de condenas a 56 violadores y abusadores sexuales (27 condenados por abuso sexual y 29 por violación), encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, quien la justifica amparado en la doctrina de la Corte Suprema de Chile.
La investigación de los medios devela a la opinión pública hallazgos inquietantes. El diario digital Interferencia informó que las rebajas ocurrieron entre marzo y septiembre de este año; por su parte, Cooperativa señala que en esos meses el ministro firmó un decreto cada tres días; el medio El Periódico.cl agrega que todas las resoluciones fueron ingresadas directamente al Ministerio de Justicia, es decir, no hubo otras acciones ante el Poder Judicial.
Más allá de las leyes, la doctrina y la jurisprudencia, a la ciudadanía le queda claro que el nivel de desprotección es superior al imaginado; la sola idea de “un violador suelto en las calles” provoca una vulnerabilidad inconmensurable. Lo inexplicable es que esa sensación sea provocada y alimentada por autoridades de un gobierno que ha enarbolado la protección especial a la infancia.
En mi experiencia profesional en el acompañamiento a familias que han enfrentado situaciones de abuso sexual infantil, he podido conocer el doloroso recorrido que comienza con la develación de los hechos y el paso por múltiples instituciones. Este proceso está lejos de ser inocuo para la víctima, su familia y quienes le acompañan. Las entrevistas, interrogatorios, revisiones forenses, declaraciones, trámites y gestiones propios del proceso, así como las sesiones reparatorias y el costo emocional que conlleva recordar y aprender a resignificar la experiencia abusiva, forman parte de este recorrido.
La fragilidad emocional es tal que las imágenes aparecen en los sueños, en la conversación, en algún olor específico, un sonido, un roce. Es una experiencia que deja huellas en la mente y el cuerpo de las víctimas directas. Con la rebaja de condenas se está haciendo caso omiso a todo el sufrimiento y a la necesidad de justicia. En concordancia con la Defensoría de la Niñez, estos decretos perturban derechos como la libertad y la seguridad de las víctimas.
El abuso sexual y la violación en menores de edad tienen impacto en su salud mental y física y conllevan dificultades psicosociales asociadas, principalmente, al estrés postraumático, ansiedad, depresión, trastornos alimenticios y adicciones. Es posible afirmar de manera inequívoca que los síntomas no ceden cuando finaliza el proceso judicial porque las consecuencias negativas se aprecian a largo plazo.
El castigo efectivo por el crimen es una señal poderosa para las víctimas y también para la sociedad, donde se espera que la responsabilidad moral sea un indicador del proceso civilizatorio. La sola existencia de una condena en este ámbito significa que existió convicción del delito. La condena y el castigo se traducen para las víctimas en una forma de reparación per se, aunque insuficiente. A la vez, se espera que la reclusión otorgue espacio al perpetrador para la reflexión y el arrepentimiento. La gravedad de su delito justifica que este tipo de condena se trate rigurosamente.
Eventualmente, podemos esperar que exista una revisión de los casos de rebaja de condena, así como del mecanismo administrativo y jurídico aplicado; quizás incluso se pueda revertir la decisión. Sin embargo, el daño generado a las víctimas de esos abusos, a los testigos, a las familias y a la sociedad en su conjunto ya está hecho. Lo que no conocemos aún es la verdadera razón que está detrás de la decisión.
Mientras un perpetrador puede hoy recibir el beneficio de rebaja de su condena, la víctima continúa con su proceso reparatorio, cuyo término es variable. El derecho de la víctima no se limita a la investigación y sanción del delito y debe acompañarse de protección, información actualizada, asistencia, acompañamiento y reparación. El gobierno debe actuar pronto: algunos de esos abusadores y violadores gozan hoy de libertad. Una violación constituye una vulneración grave a la dignidad de la persona, a su integridad, a su libertad.
Hoy se celebra el día del Trabajo Social. Desde nuestra disciplina y profesión intentamos tomar distancia de lo estrictamente procedimental o de las controversias entre oposición y oficialismo, para poner en el centro preguntas fundamentales: ¿Hasta cuándo se seguirá invisibilizando a las víctimas? ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Es posible reparar la legitimidad de las instituciones de Justicia cuando la percepción de la ciudadanía es de impunidad y vulnerabilidad? Se está sentando un precedente nefasto para una sociedad democrática que condiciona posteriores resoluciones judiciales, debilita el estándar probatorio y desalienta futuras denuncias.
Fuente: El Mostrador